El preacuerdo alcanzado en el VII Convenio General del Sector de la Construcción que liga parte de la subida salarial a la creación de un plan de pensiones colectivo es la excepción. Hay otros convenios en negociación que contemplan esta fórmula, pero están paralizados por la incertidumbre que rodea a los planes de empleo de José Luis Escrivá, reforma que se tramita en el Congreso y que ha generado una serie de enmiendas del PSOE y sus socios que preocupan a la patronal, según trasladan fuentes conocedoras.
La inclusión de planes de pensiones en los convenios no es una práctica nueva. Es el caso de bingos estatal y el de flores y plantas o del de estaciones de servicio de Guipúzcoa, y está encima de la mesa en el de Químicas. Se establecía que la empresa realizaría aportaciones a los planes de pensiones individuales de los trabajadores, los mayoritarios hasta ahora. El escenario de espiral inflacionaria los ha convertido ahora mismo en una vía para desatascar las negociaciones, como avanzó Vozpópuli. Y ha coincidido con la tramitación de la reforma de Escrivá que favorece los planes colectivos.
El preacuerdo de la construcción establece que el plan de pensiones del colectivo se formalizará siempre que el proyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo recoja incentivos ambiciosos comprometidos por el Gobierno. En tal caso, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), CCOO del Hábitat y UGT-FICA han acordado que las empresas realicen aportaciones a este plan de pensiones como complemento al sistema público de pensiones.
Asimismo, han pactado subidas salariales del 4% para 2022, del 3% para 2023 y del 3% para 2024, de las que una parte se destinaría a aportaciones al plan de pensiones.
Así, aunque el ámbito temporal del convenio se establece hasta 2027, este preacuerdo recoge alzas salariales para los tres próximos ejercicios, estableciendo una cláusula de garantía salarial supeditada a la coyuntura económica de España en este periodo.
También regulará el contrato indefinido adscrito a obra, establecerá un período máximo de duración del contrato temporal por circunstancias de la producción de un año -percibiendo a la extinción del mismo una indemnización del 7%-, y regulará el contrato fijo discontinuo en lo relativo a la duración del plazo de inactividad y cuantía a percibir en los supuestos de contratas, subcontratas o con motivos de concesiones administrativas.
En la presentación de sus directrices de negociación salarial, los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han exhibido músculo por el cierre de este preacuerdo, que han atribuido a la fuerza que tienen en el sector. Se trata de una fórmula que atrae a trabajadores y a representantes sindicales en empresas y sectores y que las centrales rechazan si sustituye al incremento salarial, consideran que debería ser sólo un suplemento.
Las enmiendas de la discordia
La negociación salarial ha coincidido este año con la tramitación de la reforma de Escrivá, una revolución en los planes de pensiones colectivos en contra de los individuales y en la que se introduce control estatal, que se aprobó sin consenso de los agentes sociales. En el texto final del Gobierno se introdujeron mejoras para empresas, gestoras y el sector financiero y asegurador en lo relativo a la gobernanza y a incentivos a las empresas, a las que se ofrece una rebaja de la base de las cotizaciones sociales de 80 euros por trabajador al mes, cuyo efecto real es un ahorro de 24 euros.
A esto se añade que se redujo la presencia de la Administración en la comisión de control de los fondos y que no habrá derecho a veto sobre las decisiones de inversión. También se eliminó la exigencia a las gestoras de que tengan un volumen de gestión de fondos superior a 1.000 millones de euros y se permitirá que los trabajadores aporten más dinero que la empresa.
Son varias las enmiendas que han encendido las alarmas de CEOE, de ERC y Podemos, pero también del Grupo Socialista. Entre las de este último, destaca la que estipula que las empresas con planes de pensiones de empleo deben garantizar una contribución mínima para todos los partícipes de esos planes, que se justifica debido a que "la actual regulación no establece la obligación", precisamente lo que el texto gubernamental ha evitado. ERC, por su parte, plantea que toda la gestión sea pública. Y Podemos busca que las empresas no puedan desgravarse estos gastos.
