La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha lanzado un aviso a los países que están viendo caer su ratio de deuda/PIB significativamente, como es el caso de España. Esta mejora es fruto del contexto de inflación intensa y recuperación del producto interior bruto (PIB), pero ambos factores se moderarán en el futuro.
Según sus cálculos, España bajó en cerca de seis puntos el nivel de deuda pública en relación al PIB, que se toma como denominador para expresar los compromisos contraídos y la salud financiera del Estado. Fue el tercer país de la OCDE con mayor recorte, sólo por detrás de Portugal y Japón.
La cuestión es que toda esa reducción, según refleja en el informe, se debió sólo al crecimiento del PIB y a la inflación. Por el contrario, en España los intereses y el déficit primario contribuyeron a elevar la ratio de deuda pública, y son precisamente éstos los que a largo plazo, según la OCDE, hacen sostenible la tendencia decreciente del endeudamiento.
"La inflación contribuye poco a mejorar la sostenibilidad de la deuda, su trayectoria en relación con el PIB depende principalmente de los saldos fiscales a largo plazo", advierte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el informe de deuda global 2024.
Además, señala que si bien la inflación "tiene el efecto inicial de reducir los ratios deuda/PIB, también aumenta los costes de financiación de la deuda a medio y largo plazo". Hasta ahora el efecto positivo en la ratio de deuda de la inflación ha compensado el efecto negativo que tendría en los intereses.
Tal y como explica Funcas, la subida de los precios erosiona el valor de la deuda en términos reales, mientras que el crecimiento económico tiene un efecto favorable sobre la recaudación y el gasto, además de elevar el denominador de la ratio de deuda sobre PIB.
Sin embargo, se espera que la inflación en España se modere a lo largo de este año y el próximo hasta el entorno del 2%, mientras que el crecimiento se desacelerará a niveles más próximos al PIB potencial, que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ubica en el 1,3%.
De esta forma, la OCDE recuerda que la sostenibilidad de la deuda sólo se consigue si se reduce el déficit público. "Los datos históricos indican el papel crucial de los saldos primarios en la configuración de estas trayectorias y sugieren cautela al interpretar las caídas recientes", apunta.
En su opinión, "para evitar un círculo vicioso de subida de los tipos de interés, crecimiento lento y aumento del déficit, son esenciales políticas fiscales prudentes respaldadas por marcos presupuestarios creíbles a medio plazo".
Los PGE y las reglas fiscales
El Gobierno está centrado ahora en sacar adelante los Presupuestos de 2024 pese al rechazo del PP en el Senado a los objetivos de déficit y deuda. Éstos no han sido aprobados por las cortes españolas, tal y como manda la Ley de Estabilidad, pero el Gobierno sorteará el veto usando los objetivos planteados hace un año en el Programa de Estabilidad.
En aquel momento comunicó un déficit del conjunto de administraciones públicas del 3%, el mismo que se había marcado ahora. Sin embargo, para las CCAA implica cerrar el ejercicio presupuestario en equilibrio (con 1.500 millones menos de margen fiscal), mientras que para los ayuntamientos se establece un superávit de un 0,2% (unos 3.000 millones menos de lo previsto ahora).
La senda de deuda de las administraciones públicas incluida en el Programa de Estabilidad es más laxa de la que había remitido el Gobierno a las Cortes: 109,1% del PIB en 2024 en lugar de 106,3%; 107,9% del PIB en 2025 en lugar de 105,4%; y 106,8% del PIB en 2026 en vez de 104,4%.
En todo caso, dentro de sólo seis meses, en septiembre, España tendrá que presentar a Bruselas la hoja de ruta fiscal que seguirá en los próximos cuatro años. La maquinaria de las nuevas reglas fiscales entrará en funcionamiento en 2025 y se mantendrá activa durante toda la legislatura.
El Ejecutivo deberá garantizar ajustes de entre el 0,4% y el 0,6% del PIB anuales mientras el déficit supere el 3% y la deuda, el 90%. Estos ajustes se podrán situar en la parte baja de la horquilla (0,4%) y alargar a siete años (hasta 2031) si se avala que hay reformas e inversiones en marcha, pero en todo caso en España rondarán los 8.000 millones de euros anuales.
Esto enfriará la economía, que ha mantenido un crecimiento sorprendentemente fuerte en los últimos años. BBVA Research rebajó al 2% el repunte del PIB en 2025, precisamente, por el ajuste de medio punto que prevé ya el año que viene. De realizarse, restaría tres décimas al PIB, pero también llevaría el déficit público hasta el 2,9% del PIB a finales de año y la deuda, al 102%.
Más deuda pública e intereses
Además, la OCDE aclara que el endeudamiento bruto no ha dejado de crecer. En el caso de España, la deuda pública según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) se elevó en 72.000 millones en 2023, cerrando el año en los 1,574 billones de euros. El ritmo de crecimiento anual es del 4,8%, frente al 1,2% de 2019.
Desde que Pedro Sánchez es presidente el volumen de deuda ha aumentado en 380.000 millones de euros. En mayo de 2018, antes de la moción de censura a Mariano Rajoy, los pasivos totales de las administraciones públicas se situaban en los 1,194 billones de euros.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ya reflejó en sus últimas previsiones económicas, publicadas el pasado 5 de febrero, cómo las obligaciones de nuestro país se han triplicado en los últimos 16 años, pasando de representar el 36% del PIB en el cuarto trimestre de 2007 al 107,7% en 2023.
Son 72 puntos porcentuales más. Del G-20, del que España es considerado un invitado permanente, sólo Japón ha experimentado un incremento superior en el mismo periodo, de 88 puntos. Ahora, en su informe anual sobre deuda, la OCDE también alerta de las consecuencias del endurecimiento de las condiciones monetarias desde 2022.
En concreto, calcula que un 40% de la deuda soberana del conjunto de la OCDE, que a cierre de 2023 ascendía a 54 billones de dólares y crecerá hasta los 56 billones este año, se tendrá que refinanciar en los próximos tres años (hasta finales de 2026) a tipos más altos.
"De cara al futuro, los instrumentos a tipo fijo por valor de casi una cuarta parte del PIB de la OCDE vencerán en 2026. En cinco países, los tipos fijos superiores al 20% del PIB vencerán en este periodo, entre ellos Japón (52%), Italia (33%), Estados Unidos (27%), España (27%) y Francia (20%)", advierte el organismo.
En 2023 el Tesoro ya pagó 4.600 millones más sólo en intereses de la deuda pública. La subida de los tipos y el abultado volumen de deuda desbordó las previsiones del Gobierno en esta partida, que supone el segundo gasto más importe de los Presupuestos sólo por detrás de las pensiones.
sklador
En los gráficos, echo de menos a Italia. Se menciona en el artículo, pero está omitido en los gráficos. Qué pena quedar a medio informar.