Las dos mayores preocupaciones de la Comisión Europea con España están en que no sigan aumentando los desequilibrios financieros como la deuda y el déficit y en que el sistema público de pensiones sea económicamente sostenible y no tenga que depender de las transferencias puntuales del Estado para poder hacer frente a las pagas extraordinarias.

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social que dirigió José Luis Escrivá la pasada legislatura se ha pasado trasladando al Boletín Oficial del Estado una serie de medidas cuyo destino final no era otro que equilibrar el balance de ingresos y gastos y, a futuro, convencer a Europa de que es posible seguir revalorizando las pensiones anualmente sobre la base del aumento del Índice de Precios de Consumo, el punto sobre el que la Comisión Europea tiene más dudas.

Elma Saiz, su sucesora, hereda una cartera que concentra un gasto en pensiones equivalente al 11,75% del Producto Interior Bruto a precios de mercado. Escrivá puso en marcha, entre otras medidas destinadas a garantizar la sostenibilidad futura del sistema, una nueva cotización para los trabajadores autónomos, que se irá aplicando progresivamente durante un periodo de transición hasta llegar a un sistema basado en ingresos reales. Además, estableció el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que, en esencia, no es más que una cotización adicional del 0,6% que se reparten empresa y trabajador y cuyos ingresos irán a parar a la popularmente conocida como hucha de las pensiones.

Aunque todo el mundo sabía que en estos próximos diez-quince años los problemas de las pensiones vendrán por el hecho de que empieza a jubilarse la llamada generación del 'baby boom', la realidad, como casi siempre, ha superado las previsiones. Con los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) correspondientes al mes de noviembre, en los últimos doce meses se han incorporado a la nómina un total de 126.727 nuevas pensiones, lo que supone un crecimiento interanual del 1,27%, y en el próximo ejercicio lo harán otras tantas.

Se trata del mayor aumento porcentual y en términos absolutos registrado en los últimos diez años. Habría que remontarse a 2014 para encontrar un incremento mayor, del 1,37%. Desde entonces, los aumentos han sido muchísimo más moderados: 0,97% en 2015; 1,08%, en 2019; 1,10%, en 2021. En 2022, el número de nóminas a pagar creció en 77.870, un 38,5% menos que en el presente ejercicio, con una subida interanual del 0,79%.

En España, en noviembre, la Seguridad Social tuvo que hacerse cargo del pago de 10.101.961 pensiones contributivas: de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y favor de familiares. En el año 2013, el número de pensiones era de 9.145.966. Es decir, en diez años, el número de nóminas de los más de nueve millones de pensionistas que hay en España ha aumentado en cerca de un millón.

Impacto en las arcas públicas

¿Qué supone esta situación para las arcas públicas? El coste de las pensiones contributivas ascenderá este año a 159.526 millones de euros, de acuerdo con las previsiones de los Presupuestos Generales del Estado. En los diez primeros meses del año el gasto ha ascendido a 125.314 millones de euros, el 79,17% del previsto para el conjunto del ejercicio, según los últimos datos de la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social

Sólo el aumento vegetativo del número de pensiones representará más de 2.100 millones de euros este año, teniendo en cuenta que la pensión media del sistema es de 1.198 euros mensuales y que en el año hay que abonar catorce pagas. Una pensión media cuesta al año al sistema público cerca de 17.000 euros.

Sirva solo como referencia que el recién creado Mecanismo de Equidad Intergeneracional tiene previsto recaudar 2.793 millones de euros en 2023, que irán a parar en su totalidad al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que quedó prácticamente agotado en el año 2018, al tener que recurrir en los años anteriores a él para poder abonar las pagas extraordinarias. 

Sólo el aumento del número de pensiones se 'comerá' este año el 76% de los ingresos derivados de la implantación de esta cotización extraordinaria, que no está destinada a pagar pensiones actuales, sino a dotar al fondo de dinero con el que invertir y contribuir al mantenimiento futuro del estado de bienestar. Entre enero y octubre, el MEI ha recaudado 2.204 millones de euros, cerca del 80% de la previsión de ingresos del ejercicio.

El aumento del número de pensiones a satisfacer por las arcas públicas se debe en su totalidad a las pensiones de jubilación. Entre los meses de noviembre de 2022 y noviembre de 2023 han aumentado en 128.692; las de viudedad, en apenas 926, y las de favor de familiares, en 582. Sin embargo han disminuido el número de pensiones de incapacidad permanente en 3.523 y en 150 las de orfandad.

Pero el problema de la sostenibilidad económica del sistema no es solo culpa del imparable aumento del número de pensiones a pagar. Influye muchísimo el montante de la pensión, máxime después de que se haya vinculado por ley a la variación del IPC. Así, este año, la pensión media ha subido un 9,49%, por encima incluso del IPC (8,5%), cuando en 2022 lo hizo en un 5,32%; un 3,62%, en 2019, y un 1,83%, en 2017.

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