"Lo que se necesita en este país es más tecnología y menos ideología". Habla, sin disimular la rabia, el consejero delegado de una compañía del Ibex. Hace balance de un año en el que el Gobierno ha sacado la artillería pesada contra los grandes empresarios. "No es de recibo que se ceben contra quienes más invertimos y más generamos empleo". Pero lo cierto es que Pedro Sánchez se ha cebado. Y aún quedan afrentas por materializar. Tras sacar adelante los impuestos a bancos y energéticas, el Ejecutivo pergeña ahora otro azote fiscal a las grandes cadenas de distribución. Otra operación de exprimido con la que se pretende rebanar unos cuantos millones de euros a la cuenta de resultados de Mercadona, El Corte Inglés o Carrefour.

La maniobra está en marcha y la coalición no disimula el trasfondo ideológico. Lo demuestra el mero hecho de que su principal promotora es la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Es la ministra de Trabajo quien está armando una nueva tasa que afectará a empresas que nada tienen que ver con sus competencias. Quedan relegados los ministerios que sí las tienen, como los de Agricultura e Industria, e incluso el de Consumo, liderado por Alberto Garzón. Dado que el castigo a las compañías de distribución es difícil de argumentar y mucho menos de pactar, el presidente ha accedido a concentrar en pocas manos el diseño del primer boceto. Al Sánchez le compensa que Díaz se cuelgue la medalla, con tal de poder anunciar otra vistosa medida social antes de que acabe el año.

Por ahora, como ha informado Vozpópuli, sólo tres hombres de la vicepresidenta saben lo que se cuece: Josep Vendrell, Nacho Álvarez y Manuel Lago. No ha habido ni un solo contacto con los afectados. "Aquí no ha llamado nadie. Lo poco que sabemos lo hemos leído en la prensa", admite un alto directivo muy implicado en la contienda.

El fin que persigue Sánchez es anunciar, en plena Navidad, a la ciudadanía un cheque de hasta 500 euros de valor. Se entregará a las familias más castigadas por la crisis inflacionaria, para hacer más llevadera la factura de la cesta de la compra. La medida es sencilla, efectista y fácilmente convertible en votos en el próximo año electoral. Según los primeros cálculos, podrían beneficiarse de este inédito 'cheque regalo' cerca de ocho millones de personas.

El problema, para el Gobierno, nace a la hora de justificar los medios necesarios para alcanzar tal fin. Los supuestos "beneficios caídos del cielo", disparados por culpa de la guerra, sirvieron de base para calzar un impuesto a Iberdrola, Naturgy, Endesa, Repsol o Cepsa. Y la -igualmente supuesta- mejora de márgenes generada por la subida de los tipos de interés -otra consecuencia del conflicto en Ucrania- se usó como excusa para gravar a los bancos, con CaixaBank, Santander y BBVA a la cabeza. Sin embargo, no hay evidencias de que las grandes cadenas de distribución hayan sacado tajada del contexto económico actual.

Los alimentos sigue encareciéndose a un ritmo del 15%. Pero esas subidas no tienen un reflejo lineal en el negocio de quienes los distribuyen. "Nuestros márgenes, y los de la competencia, se siguen moviendo entre el 2% y el 3%. Eso significa que las empresas estamos asumiendo una parte importante de las subidas en origen de los alimentos", aseguran desde una de las empresas 'condenadas' a soportar la nueva carga fiscal.

La patronal Anged, que agrupa a compañías como El Corte Inglés, Carrefour o Eroski, recuerda que en la primera mitad de 2022, en lo peor de la crisis energética, el precio de los cereales subió un 170%. También se encarecieron en torno al 120% los materiales más usados como envases (vidrio, cartón o plástico).

Las cifras que maneja la otra patronal afectada (Asedas) apuntan a la misma línea. La asociación -que defiende los intereses de Mercadona, Dia o Lidl- señala que entre julio de 2021 y julio de 2022, el IPC de Alimentación y Bebidas creció a una tasa anual media del 6,7%, mientras los precios de la industria (medidos por el IPRI) subirán un 12,8%.

La crisis energética se ha colado en cada uno de los eslabones de la cadena del sector alimentario, compleja, casi siempre tensionada y formada por un amplio elenco de actores. "¿Por qué se está poniendo el foco sólo en quienes ponemos los precios finales y no en quienes los ponen en origen?", se preguntan desde otra compañía. Ahí va un ejemplo. La escalada récord de los precios energéticos ha disparado los costes de producción de los invernaderos en el centro de Europa, que se alimentan de gas. Ese factor ha redirigido hacia los invernaderos del sur de España -que se nutren del sol- una parte importante de la demanda de frutas y verduras, presionando al alza de los precios en origen.

Agricultores, ganaderos, intermediarios comerciales, fabricantes de envases y distribuidores están soportando, en mayor o menor medida, el terremoto. Lo saben perfectamente los altos funcionarios del Ministerio de Agricultura, liderado por Luis Planas. De ahí que el propio ministro socialista se apresurara a oponerse al rocambolesco tope de precios que promovió en otoño Yolanda Díaz. La medida cayó por su propio peso, tras los avisos de ilegalidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Por eso, la vicepresidenta ha tenido que virar el rumbo hacia el terreno fiscal.

La pelota, por tanto, vuelve a caer en el tejado del Ministerio de Hacienda, que debe defender, desde el punto de vista jurídico, porque se aplica una carga a Mercadona o El Corte Inglés y no, por ejemplo, a Mercasa. El consorcio público, controlado por la SEPI, juega un papel fundamental en la cadena de distribución. El 20% de las frutas y las verduras que se comercializan en España pasan por sus plataformas.

La empresa estatal no arrimará el hombro, porque implicaría pasar la factura al Estado. Y eso es algo que el Gobierno no se puede permitir, por el gasto récord que ha asumido en los Presupuestos de 2023. Con unas cuentas más holgadas, Sánchez podría ejecutar la medida más efectiva de todas: rebajar el IVA de los alimentos. Pero Hacienda no puede renunciar a una partida de ingresos imprescindible para atajar los gastos. Por esta razón, el Gobierno ha decidido recurrir, de nuevo, a los empresarios.

Los beneficios del presente sirven para financiar las inversiones del futuro. Y las inversiones son sinónimo de empleo. A veces se nos olvida algo tan sencillo pero tan importante"

Los muñidores de la nueva tasa, a las órdenes de Díaz, tienen en el punto de mira las cifras de ventas de los grandes del sector. Mercadona facturó 27.819 millones en 2021. El Corte Inglés vendió productos por valor de 12.508 millones (2.648 millones en alimentación). La empresa de supermercados se anotó un beneficio de 680 millones y el gigante de la distribución ganó 120 millones.

La dificultad para quienes estudian la nueva carga es determinar sobre qué partida se actúa y a partir de qué nivel se impone. El cajón de la facturación es demasiado amplio (las ventas de alimentación ocupan sólo una parte). Y el beneficio se usa para repartir dividendos, pero, sobre todo, para seguir invirtiendo. Un ejemplo clarividente es el de la propia Mercadona, la empresa con la mayor plantilla de España (93.300 empleados), que reinvirtió casi el 80% de lo ganado en 2021. "Los beneficios del presente sirven para financiar las inversiones del futuro. Y las inversiones son sinónimo de empleo. A veces se nos olvida algo tan sencillo pero tan importante", recuerdan desde una de las empresas.

Sánchez lo sabe, no tiene una memoria tan frágil y, además, estudió Económicas. Pero el presidente no tiene tiempo para pensar en el largo plazo, cuando hay unas elecciones a corto. Y queda tan poco dinero en la hucha del Estado.

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