La Administración sufre un atasco ante la avalancha de solicitudes para sacar adelante los proyectos de renovables. Y Teresa Ribera ha pedido ayuda. El Ministerio para la Transición Energética ha requerido los servicios de los profesionales de Tragsa, el instrumento multiusos del Estado dependiente de la SEPI, para aligerar estos trámites.
Desde el equipo de Ribera confirma a Vozpópuli que en los últimos meses cuentan con la ayuda de Tragsa para "acelerar la tramitación de proyectos de renovables". Unos trabajos de la empresa de la SEPI que se realiza tanto en la sede del Ministerio para la Transición Energética como en las áreas funcionales de las delegaciones de Gobierno.
Teresa Ribera explicaba a finales de diciembre que este atasco se debe a la demanda desmesurada donde se mezclan "proyectos reales" con "especulación". Tal y como informaba Vozpópuli, para espantar a estos especuladores, el Gobierno ofrece que se retiren sus solicitudes en un mes y no pierdan sus avales. Actualmente hay proyectos por cerca de 150 GW con permiso de acceso y conexión concedido (sumando los de tramitación estatal y autonómica), mientras que el Plan Nacional Integrado de Energia y Clima 2021-2030 recoge un incremento en torno a 35 GW de potencia hasta el año 2025 y próximo a los 60 GW para el año 2030.
Las fuentes del sector consultadas por este medio vuelven a cargar la 'culpa' de este bloque sobre los tres requisitos que exige el real decreto del pasado 23 de junio: el sometimiento a información pública del proyecto, la obtención de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y la autorización administrativa del proyecto o la obtención de un permiso de construcción.
"El 50,3% solo se han sometido a información pública. Un escaso 3,7% cuentan además con la Declaración de Impacto Ambiental y sólo un 8,2% tienen además permiso de construcción (3.269 MW). El 37,8% restante ni siquiera han dado el primer paso", cifran desde el sector de las renovables.
Ribera y medidas anti-especulación
"Para poner orden en este proceso, el Gobierno viene actuando normativamente desde 2018", señala la nueva iniciativa del Gobierno. En primer lugar, el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, estableció algunas medidas anti-especulación, como el incremento de las garantías exigibles (que se duplicaron) o la exigencia de pagos y presentación por parte del promotor del proyecto de conexión al gestor de la red.
Posteriormente, a la vista de la evolución de la situación, el equipo de Ribera desarrolló el controvertido Real Decreto-ley 23/2020, implantaba estos hitos administrativos que han de cumplir los promotores de plantas de generación. "Debido al elevado volumen de proyectos que en la actualidad se encuentran en tramitación, podría suceder que proyectos potencialmente viables y que han demostrado su voluntad de construir las plantas de generación proyectadas no puedan llevar a cabo sus inversiones", comenta el Ejecutivo.
Plazos flexibles
Las comunidades autónomas pidieron a Teresa Ribera la flexibilización de los plazos correspondientes a los hitos intermedios de decreto de 2020, porque consideran que es imposible poder tramitar en "tiempo y forma" la totalidad de proyectos de generación.
En particular, la comunidades ven imposible poder alcanzar el próximo vencimiento del segundo hito, la obtención de Declaración de Impacto Ambiental (DIA), para todos los proyectos con permiso de acceso anterior a 2018, que se cancelarían el próximo 25 de diciembre de 2021 si no lograban la DIA.
El equipo de Ribera ha decidido en este real decreto-ley extender nueve meses el plazo que se recogen en el controvertido Real Decreto-ley 23/2020 para los hitos intermedios. Aquellos que exigen tanto la declaración de impacto ambiental como las autorizaciones administrativas previa y de construcción, sin extender el plazo total de cinco años para el hito final de obtención de permiso de explotación. Un poco de tiempo para las administraciones para aliviar este atasco.
