El Gobierno tiene prácticamente listo el nuevo impuesto a las grandes tecnológicas, la conocida como 'tasa Google' que empezará a aplicarse en el año 2019. De hecho, el impuesto iba a ver la luz este verano, pero se paró su aprobación por el bloqueo de la senda de estabilidad y el inicio de las negociaciones presupuestarias con Unidos Podemos. Hoy el diálogo está ya muy avanzado y todo apunta a que el nuevo impuesto se va a concretar en un tipo del 3% sobre lo que ingresan estas empresas en España.
La idea de la 'tasa Google' partió en realidad del anterior Ejecutivo, que la incluyó en el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas el pasado mes de abril y que pretendía aplicarla ya en 2018 para recaudar unos 600 millones. Entonces se dijo que gravaría "determinados servicios digitales" y seguiría los principios recogidos en la propuesta de directiva presentada por la Comisión en marzo.
También se dijo que se aplicaría únicamente a empresas con un elevado importe de ingresos anuales y no a las pymes. Y que solo gravaría los ingresos más difíciles de capturar por los sistemas tributarios vigentes. El impuesto nace, de hecho, de la idea de superar las deficiencias de los sistemas fiscales actuales y lograr que las grandes empresas de la economía digital tributen allí donde crean valor añadido.
España dejará el tipo en el 3%, que es lo que sugiere la directiva de la Comisión Europea
Parece que el tipo elegido finalmente será el del 3%, que es precisamente el que sugiere la directiva de la Comisión Europea para las tecnológicas que facturen más de 750 millones. En realidad, proponen un umbral de entre el 1% y el 5%, pero se inclinan por el 3%. La figura aportaría unos 5.000 millones de euros al año a todos los socios europeos.
La referencia a "determinados ingresos" abre todo un abanico de posibilidades. Parece que, al menos en España, la nueva figura podría gravar la cifra de negocios de estas empresas, aunque también se ha barajado la posibilidad de que recaiga sobre los ingresos procedentes de la venta de espacios de publicidad en internet (como Google), la facturación de las plataformas digitales que sirven de intermediación con usuarios (como Facebook) o la venta de bienes y servicios (como Amazon).
A España le gustaría recorrer este camino a la vez que el resto de la UE, pero las negociaciones son lentas y el Gobierno ya ha dejado caer que legislará antes si no hay acuerdo en Europa. En la última reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) se puso sobre la mesa la intención de intentar cerrar el acuerdo en diciembre. Pero es probable que España se adelante, como han hecho ya otros países.
Los ingresos de las 'grandes tecnológicas'
Las cuatro compañías declararon unos ingresos conjuntos de 798,5 millones de euros en España en los citados ejercicios. La cifra de negocio de Facebook fue de 7,85 millones, la de Google, de 92,3; la de Amazon, de 275,81 -en dos sociedades-; y la de Apple, de 422,49 millones -en cuatro empresas-.
La aportación a la Hacienda pública de las grandes firmas tecnológicas ha sido criticada tanto en España como en la UE por ser muy reducida. De hecho, Apple, Google, Facebook y Amazon abonaron al fisco, sobre sus beneficios, un total de 21,9 millones de euros en los últimos ejercicios sobre los que existen datos en el Registro Mercantil.
En concreto, Google abonó en 2016 un total de 6,4 millones de euros de impuesto sobre sus beneficios, frente a los 182.775 euros que aportó Facebook en el mismo ejercicio; los 13,3 millones de Apple en 2017 y los 1,64 millones de euros de Amazon.
Entre las críticas que han recibido estas empresas se encuentran las de los grupos parlamentarios, que, sin ir más lejos, el pasado marzo aprobaron una Proposición No de Ley -una medida simbólica- en la que se reclamaba el endurecimiento de la legislación vigente para que las multinacionales tecnológicas abonen sus impuestos en los países donde generan sus beneficios, ante la evidencia de que estas compañías aportan menos al fisco de lo que deberían, a tenor de su lucrativa actividad.
El problema hasta el momento ha sido desarrollar una normativa conjunta dentro de la UE, que permita acotar este tipo de prácticas de ingeniería fiscal. Uno de los pasos más significativos en este sentido lo dio el pasado marzo el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, cuando propuso un impuesto a las grandes tecnológicas para que paguen en los Estados miembros en función de su volumen de negocio, ante la clara evidencia de que no lo hacen.
El problema hasta el momento ha sido desarrollar una normativa conjunta dentro de la UE, que permita acotar este tipo de prácticas de ingeniería fiscal
Moscovici anunció que la intención era que abonasen el 3% de sus “ingresos significativos” para lograr una recaudación de 5.000 millones de euros. Sin embargo, la aprobación de esta medida será complicada, ante la oposición o las dudas mostradas por una decena de países, lo que vuelve a dejar claro la complejidad que implica solucionar este problema.
Con respecto a este tema, Podemos ha propuesto este lunes la creación de un impuesto del 3% sobre la facturación en España para aquellas empresas que ingresen al año más de 750 millones de euros en todo el mundo. "Estimamos que, gracias a esta nueva tasa (...), se recaudaría entorno a 1.200 millones de euros al año", han afirmado.