Editorial

Después de 5 años y 2 reformas financieras, aún no se conoce el alcance real del ladrillo

No falta demasiado para que se cumplan cinco años del estallido de la crisis subprime y todavía no se conoce el alcance real de los activos tóxicos de la banca

No falta demasiado para que se cumplan cinco años del estallido de la crisis subprime y todavía no se conoce el alcance real de los activos tóxicos de la banca española, centrado básicamente en su exposición inmobiliaria. El Gobierno ha presentado ya dos reformas financieras en poco más de tres meses, la segunda de las cuales el ministro de Economía, Luis de Guindos, se ha apresurado a vestir como una continuación de la primera. Aunque así fuera, el dato no consigue ocultar la amarga sensación de que el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, no pasó de ser una batería de medidas de urgencia, prácticamente improvisadas y desprovistas de la necesaria reflexión e información, surgida al calor de la asfixiante presión de los mercados. Ahora, la crisis de Bankia ha hecho inevitable una segunda ronda, un nuevo RDL que, sin embargo, sigue sin despejar las incógnitas que rodean el grado de salud y/o enfermedad de nuestro sistema financiero: ¿Cuál es el tamaño real del agujero inmobiliario, qué hay que hacer para sanearlo y cómo se puede hacer con la mayor eficiencia y rapidez posible?

Desde aquella reforma hasta esta, la cosa ha empeorado sensiblemente. Lo peor no es que las Bolsas hayan castigado con crueldad a las entidades financieras, destruyendo ahorro privado en cantidad, o que ahora se les fuerce a una política de provisiones adicionales que hará casi imposible mantener los beneficios (y el dividendo) más allá de las fronteras del BBVA y del Santander. Lo peor ha sido que este nuevo episodio ha venido a poner de manifiesto la hostil relación existente entre Economía y el Banco de España, relación especialmente dañina en este periodo de ‘entrerreformas’ que vivimos.

Fernández Ordóñez había otorgado todas sus bendiciones al alegre caminar de Bankia hacia ninguna parte, por ejemplo, además de haberse mostrado radicalmente en contra del ‘banco malo’. En justa recompensa, Luis de Guindos lo ha ninguneado de una forma que roza la crueldad. El resultado de ese desencuentro es que, en estos tres meses largos, se ha avanzado muy poco, si algo, en conocer el verdadero alcance de la exposición inmobiliaria de las entidades españolas. Un tiempo prácticamente perdido. Casi cinco años después, el Gobierno se ve obligado a contratar dos expertos independientes al efecto, cuyo nombre todavía ni siquiera se conoce. Algo que suena a prima de riesgo en vena.

Las entidades financieras, de momento, tendrán que aumentar sus  provisiones en cuantía significativa, por lo que el crédito a familias y empresas seguirá estrangulado. Como, además, las que no puedan atender los nuevos requerimientos tendrán que ser ayudadas con dinero público, la ciudadanía pierde por partida doble. El corolario es que la sociedad española sigue sin entender por qué, después de tanta fusión y confusión, tanta algarabía, tantas declaraciones, tantas leyes y medidas, no se arregla la situación de los bancos de una vez. La exigencia no es baladí: en los últimos días son muchos los ciudadanos que han sentido verdadero miedo ante la intervención de Bankia y el paralelo despido de su presidente, preguntándose por la seguridad de sus ahorros depositados en la entidad. Una firma que hace menos de un año salió a Bolsa y que pondera en el selecto Ibex 35, ha estado en un brete de causar un desastre al entero sistema bancario español.

Entre tamaño estruendo, el contribuyente tiene que oír todos los días que no hay dinero público para asuntos sociales, porque el vigente esquema de Estado del Bienestar no es sostenible; que vienen más recortes, pero que habrá que seguir rescatando a nuevos bancos, aunque sea con préstamos al 10%, en un país que va camino de los 6 millones de parados. No es solo que la crisis esté durando demasiado: es la sensación es que todavía no se ha dado con la tecla para corregir la situación. Elevar las provisiones y comenzar a valorar los activos inmobiliarios, incluyéndolos en ese ‘banco malo’ que el Gobierno juró que jamás crearía, no es algo que vaya a ilusionar, siquiera mínimamente, a una sociedad tan castigada como la nuestra. Esperemos, al menos, que consiga hacerlo con los mercados.

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