Los españoles venimos recibiendo oleadas sucesivas de podredumbre procedentes de las cloacas del régimen: desde la cloaca máxima, alimentada por la Casa Real, hasta las cloacas adyacentes, nutridas por algunos partidos y sindicatos, con la ayuda inestimable de determinadas empresas que sobrevuelan la órbita pública. Lo que se conoce como el establishment ofrece en España una imagen de decrepitud y de corrupción que debería inquietar no solo a los corruptos sino a los que no lo son y asisten impotentes a un cuadro digno de las pesadillas retratadas por algunos de nuestros pintores y artistas más insignes. El encarcelamiento de Luis Bárcenas es otra pincelada más, pero no es una pincelada cualquiera, porque ese señor ha sido durante décadas responsable de los dineros del Partido Popular, un partido que goza de mayoría absoluta en las Cortes Generales y que tiene el dominio de todas las instituciones del Estado. Semejante posición de dominio podría llevar aparejada la tentación de acorazarse, como otrora hiciera Felipe González en los años 90, con los resultados ya conocidos: su partido, el PSOE, hecho pedazos, y la izquierda española desnortada. Creemos que el PP no debería caer en la misma tentación, porque esta vez no se trata de su hipotética destrucción, sino, probablemente, de la ruina de la democracia en España.
En cualquier país democrático, el asunto Bárcenas habría supuesto en sus primeros compases la depuración de responsabilidades en el Gobierno, teniendo en cuenta que el presidente del mismo es presidente del partido y que, además, lo nombró tesorero y lo sostuvo contra viento y marea cuando ya el alud había hecho acto de presencia. Sabemos de sobra que tales prácticas democráticas están erradicadas en la política española, todavía plagada de resabios franquistas. Aquí las dimisiones no se llevan y casi todo se sustancia con el latiguillo del respeto a las decisiones de los tribunales, sin más. Pues bien, hasta esto último se resquebraja cuando los jueces se toman en serio su labor y empiezan a horadar las murallas de la corrupción. Lo sucedido en los últimos quince días está en la mente de todos y no necesita mayor recordatorio. A pesar de ello, no participamos de la opinión de aquellos que sostienen que aquí no hay nada que hacer y que estamos condenados a perpetuarnos como una sociedad desvertebrada, coronada, nunca mejor dicho, por un Estado fallido dominado por gentes al servicio de intereses inconfesables. Seguimos confiando en la legión de servidores públicos honrados, tanto funcionarios como militantes de partidos políticos, a los que apelamos para que promuevan el saneamiento de nuestra vida pública.
Este periódico, que ha nacido en plena crisis española con el propósito de constituirse en una voz liberal democrática en un país dominado por el sectarismo y el clientelismo políticos, llama una vez más a la responsabilidad primera del Gobierno, obligado a asumir sus culpas políticas, y de unas Cortes Generales que deberían arbitrar los mecanismos parlamentarios necesarios para poner en marcha la apertura de un proceso constituyente, encaminado ello a resolver las graves lacras que impiden el desarrollo de la democracia en España. En un día como hoy es obligado aludir a la imperiosa necesidad la cambiar la legislación relativa a la organización (democracia interna) y financiación de los partidos políticos, origen de buena parte de nuestros males, sin olvidar la modificación de las normas electorales. A partir de ahí, se podría iniciar el camino hacia la reconstrucción del Estado, ahuyentando la tentación autoritaria que parece adueñarse de unos dirigentes cada vez más ayunos de honradez y de proyecto político.
