"Es un fiscal 'modelo', que no un modelo de fiscal", dicen del jefe de la Fiscalía Provincial de Segovia sus detractores. La última actuación estelar de Antonio Silva Jarraquemada, tras imputar al abogado de UPyD en la pata segoviana del 'caso Bankia', Andrés Herzog, ha sido el archivo del 'caso Segovia 21', un pelotazo urbanístico fracasado con campo de golf en la Sierra de Guadarrama promovido por la Diputación en el que han jugado papeles de distinta importancia Caja Segovia (hoy Bankia), el Santander, NH Hoteles, Begar (del Gürtel Ulibarri) y Fomento Territorial, vinculada a las consultoras cercanas al expopular también imputado Jesús Merino.
Para anunciar el archivo de las diligencias sobre Segovia 21 ante los medios, el fiscal 'modelo', que ha llegado a posar en Hola junto a su hija, la maniquí Eugenia Silva, eligió un veraniego conjunto de chaqueta y corbata 'rojo Ferrari'. UPyD criticó la puesta en escena de Antonio Silva por su "afán de protagonismo mediático, como si de un showman televisivo se tratara". La formación magenta, que denunció el caso desde un primer momento, consideró poco correcto que la Fiscalía no le comunicara por escrito el archivo de su denuncia y en cambio sí lo anunciara ante los medios de comunicación.
UPyD, que ahora se arrepiente de haberse opuesto a la inhibición del Juzgado segoviano en favor de la Audiencia Nacional, donde sale adelante el 'caso Bankia', ha llegado a suponer el inicio de las diligencias fiscales por parte de la propia sociedad Segovia 21 como una "argucia procesal". Crítica compartida también por el PSOE, que considera la denuncia "una estrategia para sacar adelante el Palacio de Congresos de La Faisanera".
Coincidencias en torno a Segovia 21 y el Palacio de Congresos de La Faisanera
Este proyecto de Palacio de Congresos es el enésimo capítulo del culebrón de Segovia 21. Desde que se anunciara que la Junta de Castilla y León quería pedir al Santander 8 millones de euros para destinárselo en medio de los recortes, en la ciudad del Acueducto no se habla de otra cosa. De eso se ha encargado el alcalde de Segovia, el independiente Pedro Arahuetes, que ha hecho del asunto casus belli e incluso quiso someterlo a referéndum. Consulta que fue fulminantemente suspendida con medidas cautelerísimas por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Segovia a instancia de la Abogacía del Estado, con la autorización del Delegado del Gobierno de Castilla y León y presidente del PP de Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano. El alcalde manifestó su perplejidad por la inmediatez con que se ventiló este procedimiento, en horas, en unos juzgados segovianos atascadísimos que no brillan precisamente por su celeridad.
Sea como fuere, muchas son las casualidades en torno al 'caso Segovia 21', cuyos momentos judiciales clave siempre coinciden con casos truculentos como una madre que abandona a su bebé en un pinar o el asesinato de un pastor. Ese mismo jueves 11 de julio, día del archivo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobaba una subvención, no ya de 8, sino de 6,9 millones de euros para financiar el Palacio de Congresos de La Faisanera. Pero ni el portavoz de la Junta lo mencionó, ni el tema figuraba en la referencia informativa oficial entregada a los medios y colgada en la web. Eso sí, al día siguiente, la Diputación de Segovia anunciaba la ayuda a bombo y platillo. Pocos días antes se había producido la salida de Bankia del accionariado de La Faisanera, aumentando su participación en Segovia 21.
