La Generalitat se cobra su venganza contra Alberto 'Tito' Álvarez, el líder de la huelga del taxi del pasado año y ahora de nuevo en Élite Taxi, sindicato que movilizó a los miles de taxistas para cortar una parte de la Gran Vía durante cinco días.
El Ejecutivo de Quim Torra le ha impuesto una sanción de 8.000 euros, que podría rebajarse a 4.000 por pronto pago, aunque sin poder recurrir la multa, en plena amenaza de huelga en el Mobile World Congress. El motivo de este procedimiento se debe a que las movilizaciones de hace ahora casi un año no habían sido comunicadas previamente.
Según el documento de esta sanción, al que ha tenido acceso El Liberal, los Mossos señalan que 'Tito' Álvarez se identificó como "organizador y responsable de la concentración" durante la ocupación de la Sindicatura de Cuentas, en la que participaron unas 60 personas. Los manifestantes se fueron tras dialogar y alcanzar un acuerdo con Marçel Coderch, presidente de la Autoridad Catalana de Competencia.
Otra de las sanciones se dirige a Élite Taxi por celebrar distintas manifestaciones y marchas lentas por Barcelona, tal y como han sucedido durante los meses de octubre y noviembre sin que se haya impuesto sanción alguna por ello.
La Generalitat multa ahora por protestar
Hasta ahora, la Generalitat había defendido la libertad de manifestación y protesta durante el pasado mes de octubre, cuando miles de independentistas cortaron carreteras y vías férreas, así como sabotear las líneas férreas y tratar de colapsar Cataluña con prolongados cortes en la Junquera. Por este motivo no ha habido ningún tipo de sanción.
La Generalitat ha aplica la Ley Orgánica de protección de Seguridad Ciudadana y los artículos que atentan contra el derecho de reunión. En total, 8.000 euros por siete actos denunciados por los Mossos d'Esquara, la Policía Portuaria y la Guardia Civil.
En este sentido, se le han atribuido las infracciones cometidas por todos los taxistas que participaron en el corte de cinco días en la Gran Vía, una movilización para que terminó tras acordar con la Consejería de Territorio la imposición de 15 minutos de precontratación a las VTC.
