El artículo de la semana pasada terminaba preguntando cómo era posible que ni la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) ni ningún organismo del gobierno de la Generalitat hayan detectado y denunciado las irregularidades en que ha incurrido Triacom Audiovisual, productora de largometrajes y series para TV3, presidida por Oriol Carbó, ex-director gerente de la cadena catalana. Todavía es pronto para responder a esta pregunta, pero si nos atenemos a lo ocurrido en el caso del expolio del Palau de la Música Catalana, sabemos que los reparos expuestos por la Sindicatura de Cuentas en 2002 a las extravagantes operaciones y flagrantes irregularidades cometidas por Millet y los Montull, fueron ignorados por las Consejerías de Cultura y Economía del último gobierno de Pujol, en el que Artur Mas era su Primer consejero. Vilajoana, consejero de Cultura en aquel entonces, adujoen su defensa, cuando el caso salió a la luz en julio de 2009, que las advertencias de la Sindicatura fueron ignoradas porque “la Fundación del Palau tenía buenos resultados”.
La realidad es que al gobierno de la Generalitat le interesaba ignorar qué ocurría en el Palau porque Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) era uno de los principales beneficiarios de esas irregularidades. La sentencia del caso condenó, además de a Millet y a los Montull, a Daniel Osàcar Escrig a cuatro años y cinco meses de prisión por tráfico de influencias y blanqueo de capitales (3,8 millones de euros). Algunos catalanes quizá haya olvidado que Osàcar fue secretario personal de Artur Mas entre 2000 y 2005 y tesorero tanto de CDC como de las fundaciones Trías Farga y CatDem entre 2005 y 2011. Por ello, nadie debe sorprenderse que en el caso de Triacom, la CCMA y los organismos de control del gobierno de la Generalitat no hayan detectado tampoco irregularidad alguna, y éstas sólo hayan salido a la luz gracias a las investigaciones impulsadas por jueces y fiscales, aunque como suele ocurrir en estos casos casi de manera fortuita y siempre muchos años después de haberse cometido los hechos presuntamente ilícitos, cuando la reparación del daño resulta casi imposible.
CCMA y Triacom
Triacom Audiovisual, la última empresa implicada en la financiación ilegal de CDC, el partido de Pujol, Mas y Puigdemont, se presenta en Internet como una empresa productora de largometrajes y series. Requerido hace unos meses a prestar declaración su presidente por el juez De la Mata en la Audiencia Nacional, el bueno de Carbó se negó a declarar alegando falta de tiempo para preparar su intervención. El juez imputa a Carbó los delitos de participación en organización criminal, cohecho, falsedad documental y financiación ilegal de un partido político, y sostiene que lo hizo a instancias de Germá Gordó, ex-gerente de CDC y consejero de Justicia del gobierno de Artur Mas entre 2012 y 2016. ¡Como para confiar en la acción de la justicia en una Cataluña dependiente exclusivamente del gobierno de la Generalitat y el Parlament de Cataluña! Seguro que como ocurrió con Osàcar (y Mas, su jefe directo del que recibía órdenes) en el caso Palau y a pesar de la gravedad de los delitos que se imputan a Carbó y los indicios que recaen sobre Gordó, los convergentes insistirán hasta el final en la “absoluta honorabilidad” de ambos y exigirán su absolución.
Hace unos meses, Triacom estuvo ya en el punto de mira a resultas del pago en 2013 y 2014 de facturas por importe de 469.480 euros a la empresa Enginyería Inalba S.L., con sede en Mollerusa (Lérida) y actualmente en proceso de liquidación, por desarrollar los “protocolos de seguridad y salud” para los platós de dos producciones de TV3, “El Gran dictat” y “Fish and Chips”. Al parecer, los pagos se realizaron incluso antes de que Inalba presentara siquiera la oferta económica y sin que se llegaran a prestar nunca tales servicios, al haber sido contratadas esas mismas producciones con otras empresas. Para colmo, Inalba contrató a su vez esos trabajos con la empresa Interiorismo y Reformas Profesionales S.L., localizada en Chimillas (Huesca), cuyo administrador único Diego Garzón Uribe facturó 3 millones de euros en tres ejercicios distintos. La investigación realizada por los Mozos para instancias judiciales considera que Garzón era un mero testaferro o persona interpuesta, puesto que su empresa carecía de medios humanos y materiales para ejecutar los trabajos supuestamente contratados.
Más TraMas
Las informaciones publicadas en diversos medios de comunicación en los últimos días vienen a añadir más leña al fuego. La Agencia Tributaria en una investigación sobre el impuesto de Sociedades e IVA ha encontrado facturas falsas, por una cuantía de 2,48 millones de euros, que Triacom habría asumido en 2010 y 2011 para liquidar gastos electorales de CDC. Coinciden estas cifras con el pago de 5 facturas que realizó Telefónica a Triacom por 2,5 millones por el patrocinio de una serie de la que no hay ninguna constancia de haberse realizado, y dos videos corporativos de los que sólo uno que ni siquiera cumplía las condiciones acordadas llegó a realizarse. Según la información publicada en la página 7 del cuadernillo sobre Cataluña en el diario Expansión el pasado 8 de enero, entre los emisores de facturas falsas abonadas por Triacom figuran “una sociedad que administró el ex-secretario de Comunicación Mac Puig, la empresa de Ana Vidal, mujer de Oriol Pujol Ferrusola, y tres mercantiles del ex-dirigente de CDC David Madí ”, quien fuera jefe de gabinete de Mas en la Consejería de Economía en 1996, y posteriormente director de la Oficina del Portavoz (1999-2001) y Secretario de comunicación y estrategia del gobierno de la Generalidad (2001-2003), en los años en que Mas fue ascendido a Primer consejero en el último gobierno de Jordi Pujol.
Saquen ustedes las conclusiones: 2010 fue el año en que Artur Mas ganó las elecciones autonómicas que lo convirtieron en Molt Honorable President de la Generalitat y había que pagar los gastos de la campaña. Cabe conjeturar que la travesía del desierto durante los años en que la Generalitat estuvo presidida por Maragall (2003-2006) y Montilla (2006-2010) debió dejar bastante secas las cañerías de CDC y que, tras destaparse el caso Palau en julio de 2009, el partido de Pujol, Mas y Puigdemont se vio impelido a encontrar otras vías para continuar financiándose ilegalmente. Triacom Audiovisual y Carbó pudieron tomar el relevo de la Fundació y Consorci del Palau y Millet, respectivamente, aunque no hay que descartar que ambas vías se emplearan simultáneamente. En todo caso, esperamos que estos casos sean investigados y juzgados antes que los delitos prescriban.
Ideología para enmascarar intereses privados
En lo que atañe a los medios de comunicación, el objetivo central de la Agenda 2000 no era otro que “lograr que los medios de comunicación públicos dependientes la Generalitat sean unos transmisores eficaces del modelo nacional catalán” y abogaba por “introducir a gente nacionalista en los lugares claves de los medios de comunicación”, convertir “el periódico Avui en un gran diario nacional” y crear “una gran agencia de noticias catalana de gran solvencia”.
No en vano fue Puigdemont el primer director de la ‘gran agencia catalana de noticias’ entre 1999 y 2002, creada por supuesto con dinero público obtenido de Diputaciones, Consejos comarcales y Ayuntamientos controlados por CDC, y el impulsor en 2004 de Catalonia Today, una publicación vinculada a El Punt Avui que dirigió hasta dejarla en manos de su esposa, Marcela Topor, que además de editora ejerce también como presentadora en un programa de entrevistas en El Punt Avui Televisió. Entre 2008 y 2014, el grupo editor de Catalonia Today recibió 12,3 millones en subvenciones y, sólo en 2017, Puigdemont, entonces ya presidente de la Generalitat, inyectó 620.000 euros en subvenciones y 2,4 millones en publicidad institucional a la editora de El Punt Avui. Todo se queda en casa.
No hace falta insistir más sobre quiénes fueron las personas y los partidos políticos responsables de la megalomanía, la manipulación ideológica, la proliferación de sociedades y fundaciones y las prácticas corruptas que han echado raíces y se han extendido por todas las Administraciones Públicas catalanas, alimentadas con unos crecientes pero siempre insuficientes presupuestos desde 1980. ¡España nos roba! Hoy, tenemos completa certeza de que además de impulsar la “formación del espíritu nacional” para un república grande y libre, la pléyade nacional-independentista liderada por las ‘famiglias’ del gran patriota Pujol, de los Mas y Madí, de los Puigdemont, etc., se dedicaba a montar empresas alimentadas con dinero público o a realizar tareas de intermediación (consultoría, las llaman) para conseguir contratos de aprovisionamiento o prestación de servicios a las Administraciones catalanas, a cambio de mordidas que iban directamente a sus bolsillos o a financiar los gastos de la extinta CDC. Quizá no perseguían la independencia y tal vez se hubieran conformado con administrar todos los recursos impositivos generados en el ‘país’ y contar con un sistema judicial ‘propio’, a su medida, que les hubiera permitido seguir haciendo negocios sin la molesta intromisión de esa justicia ‘española’ que ha desvelado algunas de las tramas de corrupción político-administrativa en la Cataluña autonómica.
