Las sospechas de corrupción vertidas contra la empresa Inipro -investigada por el juzgado de instrucción número 1 de Tarragona desde 2016- no han sido impedimento para que el gobierno municipal de Barcelona, que preside la alcaldesa, Ada Colau, haya adjudicado a dedo más de 800 contratos a esta empresa que ascienden a la friolera de 26,5 millones de euros, según un informe al que ha tenido acceso El Liberal. La contratación de los servicios a la mercantil investigada se ha centrado en el área de Drets Socials del consistorio barcelonés.
Los contratos adjudicados son de importes muy variopintos, desde pequeñas aportaciones (como la partida de 429.55 euros que se destinó en 2018 a la fiesta contra la violencia de género organizada en el Espai Jove de la Sedeta) hasta las dos dotaciones de 462.970, 77 y 314.887.92 euros que en el año 2016 tuvieron como fin sufragar la gestión del Centre Obert de Les Corts i Sants.
Según fuentes del Área de Drets Socials, Justicia Global, Feminismes i LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona “toda la contratación ha seguido la normativa vigente en cada momento, tal y como se refleja en cada uno de los expedientes".
Contradición con el código ético y la Ley de Contratación del Sector Público
La realidad es que toda la contratación realizada a Inipro por el Ayuntamiento de Barcelona tiene visos de legalidad, pero entra claramente en contradicción tanto con el código ético del propio gobierno de Colau -que pone cortapisas a las empresas salpicadas por corrupción- como con el Artículo 64.1 de la Ley de Contratación del Sector Público (LCSP), que hace relación a la lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses, y que recomienda a las administraciones públicas (como en este caso el Ayuntamiento de Barcelona) no contratar a empresas sospechosas de delitos de corrupción.
No obstante, el artículo 71.1 de la LCSP solo veta la contratación de empresas acusadas de corrupción cuando pese sobre estas una sentencia firme, algo que en el caso de Inipro todavía no se ha producido. Nos encontramos pues ante una vulneración ética de las buenas prácticas en la contratación del equipo de Colau, pero no de una ilegalidad.
En los cuatros años de expedientes sobre adjudicaciones a dedo de Colau a Inipro a los que ha tenido acceso El Liberal, figuran operaciones que estarían rozando la ilegalidad, porque los servicios se han contratado de forma fraccionada para que el proyecto no necesite de un concurso público para ser adjudicado. Por ejemplo, se fraccionó en diez facturas mensuales (de 38.580,89 euros cada una) la gestión del Centre Obert Municipal de Les Corts en 2017 y en otros 12 pagos (que oscilan entre los 36.000,93 y los 45.615.16 euros) la prestación del Servei Adolescents i Família.en 2018, un programa al que las arcas municipales aportaron ese año un total de 425.005,46 euros.
Contratos y servicios diseminados por todos los barrios de la ciudad
Los contratos del Ayuntamiento de Barcelona con Inipro del último cuatrienio están diseminados por los diferentes barrios de la ciudad y compilan servicios muy dispares pero siempre dentro del área de Drets Socials, con especial incidencia en la atención a los jóvenes. Así, en la documentación aparecen contratas tan dispares como el servicio Punt d’Informació Juvenil de Sant Andreu (6167,54 euros mensuales), la gestión del proyecto municipal y audiovisual del Espai Jove (59.054,51 euros), el control de accesos en Can Fabra y el Espai Bota (6.362.05 euros), la concesión del Espai Jove Les Basses (90.863,55 euros), el impulso de la sala de estudio del IES Montserrat (1.662,48 euros), el proyecto Fem Rimes, Fem Graf (2.600 euros), la coordinación de las salas de estudio nocturnas de la ciudad (17.945,39 euros), el Taller de Sexualitat Grassonada Feminista (274,70 euros), la gestión del Casal de Barri Vall d’Hebron-Can Travi (24.218,25 euros), el programa de arte Sant Andreu Comtemporani (18.000 euros) la gestión del Casal de la Gent Gran de Sant Genís (117.140,45 euros) o los talleres preventivos del distrito de Sant Martí (8.901,21 euros), por citar alguno de los centenares de proyectos y trabajos subvencionados.
Hace solo un mes, El liberal ya avanzó que el gobierno de Colau había contratado a dedo varios servicios y contratos menores a la empresa Inipro en 2019, cuando ya se conocía su imputación por corrupción que afectan a distintos consistorios catalanes, entre ellos los de Tarragona y Viladecans, lo que ha conllevado la detención de cuatro personal y cuatro registros de dependencias municipales. Actualmente, aún se está a la espera de que la Audiencia de Tarragona señale la apertura de juicio oral por las actividades presuntamente corruptas de Inipro.
