El pasado 19 de abril, José Manuel Grande Pérez, el sargento que estaba al mando de la comandancia de Bande (Ourense) desde 2008, se despedía del pueblo al que tenía subyugado por una cantidad tal de multas que varios diputados lo tildaban de "alarma social". Su última 'hazaña' conocida, multar hasta en siete ocasiones a la exalcaldesa de Bande y diputada del PP por Ourense, Ana Belén Vázquez Blanco.
La última de esas denuncias versaba acerca de un mal estacionamiento del vehículo de la ex regente del municipio orensano de Bande. En el parte de multa, con fecha del 18 de noviembre de 2013, constaba que el vehículo no había pasado la ITV. Sin embargo, en un documento al que ha tenido acceso Vozpópuli, la propia Ana Belén certifica que su coche pasó la revisión obligatoria de vehículos el 4 de julio de 2013. La diputada del PP por Ourense no ha querido hacer declaraciones y ya prepara una demanda que pretende probar el acoso al que dice haber estado sometida.
Pero ahí no acaba la cosa. Tras la destitución del sargento de la Guardia Civil en Bande por "necesidades del servicio y la reprobación de las autoridades", la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) anunció que prepara una demanda por lo que consideran una "clara represalia política". Si bien es cierto que la destitución se sucedía tras la polémica con esta diputada, los 'números' del sargento al frente de la comandancia de la Guardia Civil en el Concello de Bande resultan, cuanto menos, sospechosos.
El director general de la Guardia Civil tuvo que responder por él en el Senado
El anterior director general de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez López, tuvo que acudir al Senado para responder públicamente del trabajo que el citado sargento desarrollaba en Bande. Y lo hizo, precisamente, por una iniciativa del BNG que aludía a un supuesto "abuso de autoridad de la Guardia Civil" en el municipio. También otra diputada socialista de Ourense presentó una pregunta por escrito en el Congreso para que se respondiera acerca de la "alarma social" y el "malestar vecinal". Concretamente, con la llegada del sargento se registró "un aumento espectacular de denuncias" que correspondían a una "actuación desproporcionada" de la Benemérita ya que no habían aumentado los conflictos.
El propio exdirector confirmó que "de acuerdo con los datos, Bande es probablemente uno de los puestos más operativos de la comandancia de Ourense y que más infracciones administrativas observa y denuncia". En concreto, esas denuncias a las que hace referencia vieron incrementado su número cuando el citado sargento llegó al municipio. En 2008 se pasó de 277 denuncias a 945 en 2010. “El porcentaje de denuncias por habitante es superior al de otras unidades próximas”, confirmaba Velázquez en el Senado.
Gran Cruz al mérito de la Guardia Civil
Además, gracias a estos números "adecuados", al sargento le fue concedida la Gran Cruz al mérito de la Guardia Civil con fecha 1 de febrero de 2008. “Se trata de un suboficial bien considerado por los mandos, muy trabajador y que, en todo momento, presta los servicios a satisfacción de sus mandos”. Y sigue relatanto: “Nos parece que lo que hacen este sargento y esos agentes de la Guardia Civil que están en el puesto, que es interpretar las leyes de una determinada manera, es adecuado, en consecuencia, entiendo que cumplen de forma eficaz sus funciones. En concreto, en cuanto al sargento, que ha sido objeto de crítica, nosotros entendemos que es una persona dedicada y eficaz, y en función de sus méritos y en función de su trabajo —en este caso, hasta el año 2008—, le fue otorgada una medalla creo que de forma adecuada y razonable. En absoluto diría yo que haya abusado de su autoridad, no sería permitido por la Guardia Civil ni por este director general. Por tanto, creo que su trabajo es eficaz y adecuado”.
Tras estas alabanzas por parte del que fuera director general de la Guardia Civil, a fecha de 2014 el sargento José Manuel Grande Pérez ya no es querido por las autoridades. Pero tampoco lo es por parte de los ciudadanos de Bande por los que vela. El Concello aprobó una moción en la que se pedía a la Guardia Civil "que la aplicación de la Ley no choque frontalmente con la convivencia pacífica y con la actividad económica legal de la villa". Justificaba esta opinión en la multitud de quejas de vecinos, comerciantes y visitantes que se veían perjudicados por las actuaciones de la Guardia Civil. En concreto, por no poder instalar los puestos de la feria donde tradicionalmente se instalaban, por no permitir a los camiones estacionar en carga y descarga, algo que, denuncian, “sucedió de un día para otro” o por denuncias por maltrato animal cuando las conductas eran debidas a tradiciones rurales.
