En juego están los 7.000 millones que tiene captados el Santander como bonos convertibles en acciones. Una hucha demasiado elevada como para que el grupo que preside Emilio Botín no pueda reconvertirla en capital de máxima calidad ante la exigencia del 9% de core capital que exige la nueva recapitalización europea. De no ser así, el Santander necesitaría alrededor de 13.000 millones en el nuevo escenario regulatorio. Un día después de que Elena Salgado, titular de Economía, reconociese que el Gobierno español ha pedido a Bruselas que los convertibles tengan esa condición, el presidente de Banesto, Antonio Basagoiti, se unió a la petición.
“Debemos unificar los requisitos de capital en toda Europa y darle homogeneidad a lo que se computa como capital principal, donde tienen que estar las convertibles”, aseguró Basagoiti, durante su intervención en el XIV Congreso Nacional de la Empresa Familiar, organizado por el Instituto de la Empresa Familiar (IEF).
Desde hace días, el lobby bancario español lleva presionando tanto a la Autoridad Bancaria Europea (EBA) como a las autoridades de la Unión Europea para que las convertibles formen parte de ese capital de mayor calidad que se exigirá a las entidades sistémicas europeas para completar las nuevas exigencias de recapitalización.
En este sentido, el presidente de Banesto aseguró que los bancos españoles “deben estar preparados para un entorno diferente al que hemos vivido hasta ahora” que ahondará en tres de los factores que actualmente están azotando al sector. Menor crecimiento del crédito, mayor dificultad para el acceso de la financiación, además de una escalada de la regulación que, según reconoció el propio Basagoiti, “de no estar bien definida puede tener efectos perversos”.
Defensor del Euro
El máximo responsable de Banesto espera que el proceso de discusión política en Bruselas concluya en una “Unión Económica verdadera, no sólo monetaria”. En este sentido, Basagoiti se mostró como un firme defensor del euro. “Una hipotética ruptura del euro tendría consecuencias muy negativas para todos los países a nivel político y económico”, sostuvo.
Según un estudio de UBS, que cuantifica el escenario de ruptura del euro para cada uno de sus ciudadanos, sitúa el coste entre 9.500 y 11.500 euros el primer año en el caso de los países periféricos y otros 3.000 euros los siguientes años. En el caso de Alemania, las cifras oscilan entre los 6.000 y 8.000 euros el primer año, y otros 4.000 los restantes.