Teóricamente, mañana las negociaciones entre CCOO, UGT y CEOE se darán por concluidas. Todo el mundo las da por fracasadas, malogradas, ajadas: el despido, que se abarató por primera vez en 2010 y se endureció aún más en 2011, sigue sin acuerdo. La patronal pide al Gobierno que cree un nuevo contrato con indemnizaciones de 20 días por año trabajado para los despidos improcedentes (éste ya se da en empresas que prevean pérdidas) y de 12 días para los despidos procedentes. 

Los sindicatos lo rechazan de plano: el primer abaratamiento derivó en huelga general, en septiembre de 2010. Pero aún juegan una última baza para reflotar algunos de los puntos discordantes. Las centrales han puesto sobre la mesa una propuesta para salvar lo tocante a las contrataciones: aceptarían que los contratos para la formación se amplíen hasta los 30 años –medida que aprobó el PSOE el 31 de agosto del año pasado-, a condición de que se trate de algo temporal y con un límite de dos años –techo que suprimió el Gobierno socialista-.

“La referencia de edad de este contrato no debería superar los 21 años”, dice la propuesta, “pero en este momento de excepcionalidad ante las altas tasas de desempleo joven, se podría contemplar la posibilidad de aumentar la edad para estar sujeto a este contrato hasta los 30 años, no pudiéndose superar esta edad”. El penúltimo titular de Trabajo, Valeriano Gómez, aprobó la extensión gradual de 21 a 30 años –se hará totalmente efectiva a partir de 2014- y borró la obligación de hacer fijos a aquellos trabajadores que lleven más de dos años en prácticas.

Fondo de capitalización

“Puesto que la fórmula que ya se está utilizando es una chapuza, lo que pedimos es que solo se aplique durante la crisis y que, al menos mejore su funcionamiento”, explica un negociador de la parte sindical.

Otra propuesta de CCOO y UGT es la de crear un fondo de capitalización para los trabajadores, tema en el que tampoco ha habido acuerdo. El fondo, reza el texto, pretende que se reconozca “el derecho del trabajador a hacer efectivo del abono de las cantidades acumuladas a su favor (…) en los supuestos de despido, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación”.

Finalmente, como ya se dijo el martes, tanto sindicatos como CEOE han pedido a Rajoy que no legisle en materia de convenios, pese a que todavía no haya pacto.