El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido este viernes no admitir a trámite el recurso de amparo que presentó Izquierda Unida contra la reforma "exprés" de la Constitución del verano pasado consensuada por PSOE y PP para incluir en la Carta Magna la obligatoriedad de la estabilidad presupuestaria.
Además, el pleno también ha acordado no tramitar "por inadecuación del procedimiento" el recurso que promovieron 322 controladores aéreos contra el acuerdo que el Congreso adoptó en diciembre de 2010 para autorizar la prórroga del estado de alarma derivado del "plante" de los controladores de AENA.
Las dos decisiones han sido adoptadas mediante sendos autos cuyo contenido será dado a conocer por el Constitucional en los próximos días, según explica el propio tribunal en una nota informativa.
IU no consiguió el referéndum
El diputado de IU Gaspar Llamazares, junto a la parlamentaria de ICV Nùria Buenaventura, recurrió al Constitucional la reforma de la Carta Magna pactada entre el PP y el PSOE tras haber intentado sin éxito reunir las firmas de 35 diputados necesarias para someter a referéndum la modificación del artículo 135 de la Constitución.
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional trasladó el asunto al pleno para que se encargara de estudiar el recurso. Llamazares consideraba que la reforma vino "impuesta por los mercados internacionales y las instituciones financieras" y debía ser sometida a consulta popular debido a su trascendencia.
La decisión de no admitir este recurso ha sido adoptada por unanimidad del pleno y contará con votos concurrentes.
En cuanto al rechazo a la tramitación del recurso de los controladores, en este caso la decisión ha sido adoptada por mayoría del pleno; los magistrados Javier Delgado Barrio, Pablo Pérez Tremps y Luis Ortega Álvarez han anunciado votos particulares.
Los controladores recurrieron al TC porque entendían que el acuerdo del pleno del Congreso del 16 de diciembre de 2010 no era acorde con la Carta Magna.
Aquella decisión permitió prorrogar el estado de alarma que había decretado el Gobierno del PSOE, motivado por el cierre del espacio aéreo español ante el abandono de sus puestos de trabajo de los controladores de la empresa pública AENA.
