La asimilación en los estatutos del PP del llamado Código de Buenas Prácticas que los populares confeccionaron en 2009 como reacción al "caso Gürtel" pone a las puertas de la expulsión del partido a Francisco Camps, en caso de que sea condenado por aceptar trajes de la trama de Francisco Correa, así como y al presidente del PP en Castellón, Carlos Fabra, pendiente de juicio oral por el "caso Naranjax", según han admitido a Vozpópuli fuentes populares.

Aunque ayer mismo, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, fue muy cauta el respecto y no quiso adelantar acontecimientos, fuentes de su entorno admitieron que los nuevos estatutos ponen a Camps al borde de la expulsión si es condenado, eso esí, por sentencia firme, y a Fabra en suspensión de militancia, por coger dos de los casos más mediáticos del momento. También está en los tribunales el ex presidente de la Comunidad balear Jaume Matas, aunque en su caso le obligaron a pedir una baja temporal como militante.

Precisamente ayer el expresidente de la Diputación de Castellón y presidente provincial del PP, Carlos Fabra, reiterósu "inocencia" y "firme convencimiento" de que será absuelto. Asimismo anunció que recurrirá ante el Tribunal Constitucional para solicitar la prescripción de los delitos fiscales que incluye el auto de apertura del juicio oral por el 'caso Naranjax', informó Europa Press.

"Honorabilidad del partido"

Los futuros estatutos, que se aprobarán en el XVII congreso nacional del PP,  son bastante claros respecto a la responsabilidad individual en la que incurrirán aquellos militantes y cargos públicos que "dañen la imagen de honorabilidad" del partido y, mucho más si se ven inmersos en causas judiciales. De hecho, la incorporación del Código de Buenas Prácticas a los Estatutos constituye casi la única novedad llamativa del texto en el que han trabajado, y esto no deja de ser llamativo, el actual presidente de la Comunidad de Valencia, Alberto Fabra, además del presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y de la presidenta de los populares valencianos, Alicia Sánchez Camacho.

De este modo Fabra rompe un poco más con la herencia legada por su antecesor en el cargo y unos modos de hacer política que se han puesto de evidencia en el juicio celebrado contra Camps y contra Ricardo Costa por haber aceptado supuestamente trajes de la trama Gürtell y que ahora está visto para sentencia. El contenido de la llamadas, no por conocido, han dejado de crear un profundo malestar en el cuartel general de los populares, aunque, a efectos electorales, el caso no sólo está amortizado sino que el PP ha salido de él casi sin un rasguño.

Siempre hubo dos almas en el PP a la hora de afrontar el tema Camps. De un lado, Mariano Rajoy, siempre dispuesto a dar un voto de confianza al que era también presidente del PP valenciano. En cambio, Cospedal fue partidaria de cortar por lo sano mucho, mucho antes. Sin embargo, la "número dos" del PP ayer pidió "esperar a la acción de la Justicia" y que ésta se conduzca de una forma "imparcial y equitativa" pero, a partir de ahí el partido en el Gobierno deberá aplicar lo que dicen sus Estatutos si, finalmente, es condenado por cohecho impropio.

"Falta de ejemplaridad"

El Código de Buenas Prácticas del nuevo texto estatutario obliga a los cargos públicos a comunicar a la dirección del partido la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del "del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito" y poner a disposición del partido el cargo público u orgánico que desempeñe si se cree que daña a la organización o a la institución pública.

Se considerará infracción muy grave la realización de conductas "que estén tipificadas como delito doloso", que derivarán en expulsión del partido cuando "exista sentencia firme que codnene al afiliado a penas de prisión o inhabilitación, cualquiera que fuese su duración". Además, se abrirá expediente disciplinario en los casos en que el afiliado "incurra en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de un cargo público o realice conductas que estén tipificadas como un delito doloso", también si hay "falta de ejemplaridad". Además, los órganos competentes del partido podrán determinar la suspensión de funciones o de militancia "desde el momento en que se tenga conocimiento de la existencia de una imputación judicial por un caso de corrupción.