La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado hoy la aprobación de una línea de crédito del ICO por importe de 10.000 millones de euros, ampliable a 15.000, para financiación directa de las comunidades autónomas condicionada al cumplimiento de los objetivos de déficit.

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Santamaría ha destacado que la línea pretende pagar a proveedores de las comunidades con contratos de suministros, de obras y prestación de servicios contraídos con anterioridad al 1 de enero de este año.

Así, según Santamaría, el Gobierno trata de paliar la morosidad y los aplazamientos en pagos de deudas con proveedores para dinamizar a las pymes, que tienen deudas no pagadas todavía por las administraciones autonómicas.

Además, la línea busca que se pueda cumplir con las obligaciones derivadas de la deuda financiera asumida por las comunidades antes del 1 de enero de este año cuyo pago venza antes de mediados de este ejercicio. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha destacado la importancia de esta medida por tratarse de asuntos que afectan especialmente a las pymes y que están destruyendo el tejido empresarial.

De Guindos ha informado de que para el llamado tramo 1 -dotar de financiación transitoria a las CCAA para el pago de liquidaciones pendientes asociadas al vencimiento de deuda- el ICO efectuará directamente los pagos a los acreedores de las comunidades con la mediación en su caso de los respectivos agentes de pago en la fecha de vencimiento de las obligaciones de pago.

Devolución en un máximo de tres años 

El ministro ha subrayado que la devolución se hará en un máximo de tres años con amortización anual, lineal y constante, con un tipo de interés que es el tipo de referencia del ICO más 225 puntos básicos. En cuanto al denominado tramo 2 -dotar de liquidez para la cancelación de obligaciones de pago pendientes con proveedores- el ICO efectuará directamente los pagos a los proveedores de las comunidades mediante una entidad financiera.

Además, todos los gastos derivados de los pagos a los proveedores serán por cuenta del cliente y la devolución se hará a los once meses con vencimiento único con el tipo de referencia del ICO más 175 puntos básicos. De Guindos ha señalado que la concesión está sujeta a dos condiciones fundamentales.

La primera es que las autonomías están obligadas a acordar con Hacienda un plan de ajuste que garantice el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

El acceso estará precedido de la aceptación de las comunidades de las condiciones particulares en materia de seguimiento y remisión de información, así como de adopción de medidas de ajuste extraordinario para cumplir con la estabilidad presupuestaria, los límites de endeudamiento y las obligaciones de pago a los proveedores. De Guindos ha explicado que Hacienda analizará trimestralmente el plan de ajuste y que en caso de incumplimiento se aumentará el tipo de interés en 25 puntos básicos.

La segunda condición es que las comunidades, además del informe presupuestario remitido a Hacienda, deberán enviar a Economía otro de las operaciones realizadas de manera previa, así como con posterioridad a cada operación de endeudamiento.

El ministro de Economía ha afirmado que una vez solicitada la línea las autonomías que quieran hacer más operaciones de endeudamiento deberán contar con la autorización previa de Economía.

De Guindos ha resaltado que el principal, los intereses y la comisión de la financiación estarán cubiertas con las retenciones a efectuar a favor del ICO del 25 % de los recursos del sistema de financiación de las comunidades.

"Todo en igualdad de rango con los créditos de la Hacienda pública y de la propia Seguridad Social y en los términos que resuelven tras la correspondiente modificación de la ley orgánica de financiación de las comunidades que está actualmente en tramitación" ha añadido De Guindos.