La deuda del sistema sanitario de Castilla y León es más el doble de lo que reconoce públicamente el Gobierno regional que preside Juan Vicente Herrera. La Consejería de Sanidad mantiene que el déficit es de 534 millones de euros, mientras que el SICCAL (Sistema de Información Contable de la Junta) refleja una cifra cercana a 1.200 millones de euros a 31 de diciembre de 2011, tal y como ponen de manifiesto fuentes con acceso a las cuentas del Ejecutivo autonómico.
La Consejería de Sanidad no desmiente el montante de 1.200 millones de euros y asegura que se remite a la cifra de 534 porque el presupuesto de 2011 ha sido prorrogado en 2012, hecho que impide determinar la cifra final. Los partidos de la oposición, en este sentido, han denunciado en varias intervenciones en las Cortes de Castilla y León la falta de “trasparencia” de las cuentas del Ejecutivo.
No obstante, a falta de información presupuestaria actualizada de la Junta de Castilla y León, los datos registrados por la Federación de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), así como por Farmaindustria (que agrupa a los laboratorios farmacéuticos), indican que la deuda de la Consejería de Sanidad sería la siguiente: 522 millones de euros a proveedores de material, 573 millones de euros a la industria farmacéutica y 31 millones de euros en concepto de intereses bancarios, cifras que suman un total de más de 1.120 millones de euros. Además de acumular deuda, cuando la Junta de Castilla y León paga, lo hace tarde y mal. Fuentes del sector aseguran que los proveedores cobran con un retraso medio de 800 días, cuestión que podría haber obligado a varias empresas a “vender sus impagados” a entidades financieras a costa de perder parte del beneficio y a que otras se estén planteando la continuación del suministro a determinados hospitales.
Incumplimientos en la dispensación de medicamentos
El concierto que regula actualmente las relaciones entre el Sacyl (organismo que gestiona la sanidad de Castilla y León) y el Colegio de Farmacéuticos, vulnera lo establecido en el Real Decreto Ley 9/11, de 19 de agosto de 2011, relativo a la prestación farmacéutica. Este RDL establece la igualdad de condiciones que debe regir la dispensación de medicamentos, sin distinción entre los de marca o genéricos, siempre y cuando su precio sea igual o menor al establecido por el Ministerio de Sanidad.
En este sentido, y tal y como consta en una circular del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla y León a la que Vozpopuli ha tenido acceso, y en la que se refieren los acuerdos alcanzados con la Dirección Técnica de Farmacia del Sacyl en una reunión celebrada semanas antes de la entrada en vigor del Decreto, se insta a mantener que en la dispensación de recetas en las que el médico prescriba el medicamento utilizando su principio activo el farmacéutico dispense, siempre, un fármaco genérico.
Confusión de los pacientes
Esta forma de actuación, que supone el mantenimiento de la regulación existente antes de la publicación del Real Decreto ha sido denunciada por los médicos, en tanto deja en manos del farmacéutico la decisión final sobre qué fármaco tomará el paciente cada vez que se le despacha una receta. Supone continuos cambios en la forma, tamaño y presentación de los tratamiento, en función de la marca de genérico que se elija e induce a error a los pacientes mayores y polimedicados que pueden acabar por confundir los tratamientos. La nueva regulación -que establece que el médico prescriba por principio activo con carácter general, y que en la farmacia se dispense el medicamento de precio más bajo, ya sea de marca o genérico- ha provocado una bajada generalizada de los precios de los tradicionales medicamentos de marca hasta igualarse o incluso situarse por debajo de los genéricos. En cualquier caso, y pese a la bajada de costes de las marcas, en Castilla y León, los farmacéuticos siguen vendiendo el genérico.
La Consejería de Sanidad, encabezada por Antonio Sáenz Aguado, no ha dado ningún argumento sobre el porqué de este proceder, aunque ha asegurado a Vozpópuli que de manera inmediata iniciará los trámites para cumplir con lo estipulado en la Ley. Fuentes del sector, por otro lado, señalan que la irregularidad coincide con los intereses de los fabricantes de genéricos y que la responsabilidad de la solución recae en Nieves Martín Sobrino, directora técnica de Farmacia del Sacyl. Fuentes médicas colegiales de Castilla y León, además, aseveran que el ‘Medora’, sistema informático de la red de centros de salud, “dificulta, aunque no impide”, la selección de medicamentos de marca.
