España es el país de la Eurozona cuyos habitantes tienen más billetes de 500 euros y gran parte del mismo descansa en cajas de seguridad. Su regularización es una de las claves del éxito de la controvertida amnistía fiscal aprobada por el Gobierno. Pero hay una gran confusión al respecto. Los despachos no tienen claros todavía algunos aspectos de la medida y, o la orden ministerial que la desarrolla, prevista para la semana que viene, aclara todo, o las dudas permanecerán, entorpeciendo la eficacia de la misma.

El motivo principal de duda reside en que la erróneamente llamada amnistía (en realidad se trata de un proceso extraordinario de regulación voluntaria con un gravamen del 10%, es decir, no es un perdón total como ha ocurrido en otras ocasiones) obliga a declarar los precios de adquisición de las rentas ocultas, algo imposible con el dinero en efectivo. ¿Quién puede demostrar desde cuándo tiene dinero en efectivo no declarado y que esa cantidad es la real y no otra?

En ese caso “hay una incapacidad de prueba”, declara Luis Trigo, socio del despacho Broseta Abogados. Trigo opina que podría haberse arreglado mediante “el traspaso de la carga de la prueba a la administración”, es decir, que el Ejecutivo diera por bueno que el dinero aflorado se ha generado en los periodos que acoge la amnistía, es decir, entre 2007 y 2010.

Sin embargo, es complicado, ya que ello implicaría un cambio legal en el decreto ley. Los expertos consultados coinciden con esta visión. Desde un importante bufete fiscalista señalan que después de la presentación de la orden ministerial “comenzará un periodo de nuevas aclaraciones, entre políticos y técnicos, lo que generará un nuevo debate y…” ¿Habrá que ampliar la fecha de la amnistía, ya que su límite es el 30 de noviembre y cada día que pasa hay menos tiempo? “Pues no lo descartaríamos”.

Imprescriptibilidad

Conviene recordar que, una vez vencido ese periodo, la amnistía establece la imprescriptibilidad del fraude, es decir, una medida que mete mucho miedo y pretende incentivar a los declarantes a regularizar. 

Pero la regularización de dinero en efectivo puede facilitar el blanqueo de capitales procedentes de cualquier tipo de delito, algo que generará enorme controversia política y social. Además, suscita dudas técnicas: el blanqueo es un delito que todo funcionario tiene obligación de denunciar, aunque la amnistía exonere de responsabilidades penales. Y, por otro lado, hay mucha gente que precisa del dinero evadido para continuar viviendo, después de varios años de crisis que parece lejos de solucionarse.

En Broseta señalan que puede ser una oportunidad buena para la economía, más allá de la polémica política que ha levantado. Estas fórmulas “han sido recomendadas por la OCDE”, indican, como parte de la lucha contra los paraísos fiscales. Así, “países como EE UU, Reino Unido, Italia, Francia, Portugal o Alemania han adoptado medidas similares”.

Como aspecto más importante, destacan “: la imprescriptibilidad de las deudas tributarias derivadas de rentas no declaradas a partir de 1 de enero de 2013, que hace de la amnistía una auténtica ley de punto final para la ocultación de rentas al amparo de paraísos fiscales, pues quien no regularice se convertirá en un delincuente de por vida con la amenaza de ser perseguido en cualquier momento”.

En el despacho valoran que “estamos ante el mayor impulso nunca dado en España para conseguir una efectiva desaparición del dinero negro”. La afloración de fondos no declarados podrá permitir disponer de nuevos recursos financieros, “muchos de los cuales se utilizarán para financiar la economía española, que además se moverán por cauces que permitirán que lleguen directamente a las empresas”. También serán recursos tributables en el futuro. Es decir, además del 10% que se recaude ahora, las rentas que produzcan los capitales aflorados tributarán en el futuro y también tributarán los capitales en el Impuesto sobre el Patrimonio.

Pero todavía quedan dudas. Uno de los despachos consultados comenta que “el problema de esta medida han sido las prisas”. Con este proceso “se recaudar mucho dinero y mucha información muy útil, pero hay muchas lagunas. Nosotros no hemos emitido ninguna información hasta conocer el detalle de la orden ministerial y, desde luego, no aconsejamos de momento a ningún cliente que haga ningún movimiento todavía”.