La Abogacía General del Estado condiciona el estudio del indulto a los líderes del procés encarcelados a que hayan devuelto el dinero malversado durante la intentona independentista, según un escrito dirigido al Tribunal Supremo. El Tribunal de Cuentas está instruyendo un expediente sobre las cantidades que se utilizaron por parte de los independentistas para la convocatoria del referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia que la Abogacía considera que es relevante a la hora de contemplar medidas de gracia, según informa el diario El País.
La Abogacía, que participó como "parte ofendida" en la causa del procés, explica en el escrito que necesita saber si se han reintegrado las cantidades malversadas de cara a posibles medidas de gracia. La intención de la Abogacía es centrarse en lo que concierne al delito de malversación, como representante de los intereses de Hacienda.
Si las cantidades malversadas se han satisfecho, esto contribuirá que el informe que presente la Abogacía sobre el indulto sea positivo, según fuentes de la institución consultadas por el diario El País. El objetivo de la institución es que se le certifique si los gastos ocasionados por la celebración del referéndum ilegal del 1-O en Cataluña, que ascienden a 4.156.274,97 euros de dinero público y 242.980,11 euros en intereses.
El escrito remitido al Tribunal Supremo indica que para la Abogacía del Estado tiene gran importancia aclara si las cantidades malversadas están pagadas o, al menos, garantizadas o aseguradas, total o parcialmente.
Cita electoral
El tema de los indultos a los líderes del procés es un asunto que el Gobierno sopesa desde hace meses y que ha vuelto a tener su espacio en la cita electoral que se celebrará el próximo 14 de febrero.
El ministro de Sanidad y secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha pedido "desvincular" los indultos a los presos independentistas de las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero y ha asegurado que el proceso de tramitación de los mismos dará "luz" sobre "lo que procede o no".
El ministro ha señalado que ningún ciudadano debe tener "privilegios ni perjuicios" por ser quien es. "Tampoco las personas condenadas y que están cumpliendo penas por octubre de 2017. Se ha solicitado una serie de indultos, y el gobierno tiene la obligación de tramitarlo", ha añadido.
En esta línea, el dirigente catalán ha sostenido que la "tramitación de los procesos es sabia" y permite dilucidar si es procedente o no conceder, en este caso, la medida de gracia. Por eso, ha pedido no anticipar las etapas del trámite y separarlo del escenario electoral abierto en Cataluña.
Por su parte, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, se refirió a los indultos a los presos del 'procés' el pasado diciembre después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo los rechazase y ha afirmado que el Gobierno "tiene la obligación legal" de tramitarlos y también "la obligación moral de aliviar tensiones que puedan dañar la convivencia", según una entrevista que le hicieron en el diario La Vanguardia.
