El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata sostiene que ACS y otras 13 empresas realizaron pagos durante años a CDC (Convergència Democrática de Catalunya) para conseguir contratos públicos. El magistrado expone en el auto, en el que propone juzgar a tres exgerentes de la formación nacionalista catalana por corrupción, que dichas empresas consiguieron licitaciones por un valor de 175; por las que habrían abonado un millón de euros en "donaciones irregulares".
Tras finalizar la instrucción, el juez ha llegado a la conclusión de que un total de 14 empresas (Fundación ACS, Urbaser [propiedad entonces de ACS], Copisa, Teyco SL, Grup Soler Constructora SL, Tec Cuatro, Oproler obras y proyectos SLU, Ayesa Enginyeria i Serveis SA, Impulsa Ortiz SL, Certis Obres y Serveis SAU, Pasquina SA, Romero Gamero SA, Benito Arno e hijos SA y Deco SA) financiaron irregularmente al partido de Jordi Pujol Soley. Estas prácticas correspondían, según el documento de la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso Vozpópuli, a "un patrón sistémico de funcionamiento que venía implementándose durante años".
El auto señala algunos de los procedimientos para realizar este pago de mordidas a cambio de contratos públicos. Y detalla cómo los empresarios que optaban a un concurso público se reunían con miembros de CDC o de alguna de sus fundaciones. En ocasiones en la propia sede del partido. Tras conseguir dicha licitación, las empresas procedían a realizar las donaciones o a suscribir contratos de colaboración con algunas de las fundaciones del partido.
Uno de los casos que ilustran el procedimiento antes descrito es el de la adjudicación del contrato de recogida de basuras del Ayuntamiento de Olot que acabó siendo asignado a Urbaser (perteneciente entonces a ACS). Después de varias reuniones entre representantes de la empresa y el partido, la empresa se hizo con la adjudicación en marzo de 2011, y cinco meses más tarde, la Fundación ACS realizó una donación de 60.000 euros a la Fundación Forum Barcelona, vinculada al partido catalán del entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas.
Los directivos conocían las mordidas
El juez también expone que los cargos directivos de dichas compañías, que están siendo investigados, “conocían perfectamente esta estrategia” y contribuían complacientemente a preparar dichos pagos corruptos a CDC por medio de sus fundaciones “para conseguir ser agraciados en el futuro con contratos, o por haber sido beneficiarios de alguna adjudicación”. Además, según De la Mata, estos directivos participaban en la ocultación de dichos pagos.
El auto también sostiene que dichas empresas carecían de las “más elementales herramientas e instrumentos” de vigilancia en el momento de la comisión de los hechos. Este es un detalle fundamental para poder procesar a una sociedad mercantil por los actos desarrollados por algunos de sus miembros.
También juzgará a los gerentes de CDC
El juez también propone juzgar a los exgerentes de Convergència Democrática de Catalunya (CDC) Daniel Osácar, Andreu Viloca y Germá Gordó, al exresponsable jurídico del partido Francesc Xavier Sánchez Vera, así como a otras 28 personas físicas y 16 jurídicas, por delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el denominado caso del 3% sobre la supuesta financiación irregular de esa formación política.
