Definitivamente, Alberto Ruiz-Gallardón es el Atila dispuesto a reducir a cenizas los restos de la maltratada Justicia española. Con la gran parte de la carrera judicial en contra, el actual titular del departamento ha decidido comprar con dinero público la voluntad o el silencio de quienes, en el Tribunal Supremo (TS) y en las Fiscalías Especiales, forman la elite de jueces y fiscales. Si no es la definitiva rendición del poder Judicial al Ejecutivo, lo parece. Al grano: con la firma del secretario de Estado Fernando Román, el Ministerio de Justicia aprobó a mediados del diciembre pasado un borrador de Decreto Ley por el que se regulan las sustituciones de la carrera fiscal, del que hasta ahora nadie se ha hecho eco. El punto culminante del proyecto es el que se refiere a los denominados Fiscales Eméritos, aquellos fiscales del Supremo a punto de cumplir la edad de jubilación, establecida en los 70 años, que a partir de ahora podrán reengancharse a voluntad hasta los 75, con un sueldo neto de 6.000 euros al mes a cargo del contribuyente, secretaria particular y trabajo cero o próximo a cero. El señor ministro quiere que la elite fiscal coma de su mano, a cambio de pasar por las horcas caudinas de espectáculos como el protagonizado por la Fiscalía con la infanta Cristina de Borbón.
Al otro lado de la empalizada del Poder, los miles de jueces y fiscales que en las trincheras de un juzgado de pueblo se dejan la vida por nuestra seguridad haciendo cumplir la ley, malviven abrumados por una carga de trabajo insoportable, sin medios materiales, sin concursos, sin jueces sustitutos, dejándose la vida a pedazos cada día. La Ley de Reforma del Poder Judicial del año 2004 estableció un mecanismo por el que, para poder aprovechar la experiencia de los jueces de mayor edad del TS y siempre que lo exigieran las necesidades del servicio, se pudiera prorrogar a los mejores (“Magistrados eméritos”) por un año natural una vez cumplida la edad de jubilación, mediante evaluaciones que volvían a repetirse al finalizar el ejercicio. Pero el sistema se pervierte, como casi todo en España que tiene que ver con el usufructo del Poder, de forma que a finales de 2012, ya con Gallardón al mando de la cosa, termina por convertirse en un derecho adquirido de todos los jueces del Supremo al cumplir la edad de jubilación. Como es obvio, nadie renuncia, ningún magistrado se va a su casa, no importa su estado físico o mental, todos quieren seguir disfrutando de la canonjía de unos ingresos de 6.000 euros mensuales frente a los 1.800 de la jubilación y ello prácticamente por no hacer nada.
Con el caso de la Infanta, Gallardón está ofreciendo todo un recital de utilización torticera de la Justicia con fines privados
A consecuencia de lo cual, en el TS está ocurriendo lo que era de prever. La Sala Segunda, por ejemplo, constituida por un presidente y 32 magistrados, cuenta ahora mismo con 38 magistrados, porque la plaza del que “oficialmente” se jubila hay que cubrirla por ley, pero el jubilado no se va a casa, se queda, con lo que la plantilla –en todas las Salas hay magistrados “eméritos”- ha empezado a incrementarse de forma llamativa en esta época de teóricos recortes para todos. Pues bien, lo que desde diciembre de 2012 era una prebenda para los jueces del Supremo, va a serlo también ahora para los fiscales del Supremo, en particular para los fiscales de Sala y para los jefes de las llamadas Fiscalías Especiales (esas a menudo pintorescas Fiscalías que se inventó Cándido Conde-Pumpido -Seguridad Vial, Siniestralidad Laboral, Delitos Informáticos, Extranjería, Medio Ambiente…-, algunas muy al gusto del superpolicía de Hollywood, tan alejado de la función primigenia que nuestro Derecho confiere al fiscal como representante de Ministerio Público en un proceso penal), en suma, para la cúpula de la carrera fiscal, a menudo formada por quienes han mostrado suficiente afinidad ideológica con Cándido, antes, y con Eduardo Torres-Dulce, ahora.
¿Qué hace Torres-Dulce cuando llega al cargo? “Yo pensé que iba a cambiar de arriba abajo esta situación”, asegura un fiscal del TS avergonzado con lo que está ocurriendo, “porque él se había mostrado ácidamente crítico con los métodos de Cándido para apacentar a jueces y fiscales del Supremo. Al menos es lo que nos decía a los amigos cada vez que surgía el tema. Pues bien, ha hecho justo lo contrario de lo que decía o, dicho de otro modo, ha consolidado la obra de Cándido. Ha hecho más: se ha dedicado a promover a no pocos de los protegidos de Cándido, a gente de izquierdas (caso de la exportavoz del CGPJ Gabriela Bravo). Estos favores no son gratuitos. Eduardo aspira a convertirse en magistrado del Constitucional, y para eso necesita el visto bueno o el respaldo del PSOE, razón de más para que la gente que le ha acompañado en la travesía de la vida esté que trina con él…”
Un apaño en toda regla
“Los Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, una vez jubilados y a propuesta del Fiscal General del Estado, oído el Consejo Fiscal, serán designados por el Gobierno Fiscales de Sala Eméritos en el Tribunal Supremo”, dice el Artículo 10, Capítulo II, Título III del proyecto (…) “El procedimiento se iniciará a solicitud del interesado” (…) “Y de acuerdo con las necesidades de refuerzo en la Fiscalía del Tribunal Supremo” (…) “Los Fiscales de Sala Eméritos en el Tribunal Supremo tomarán posesión ante el Fiscal General del Estado una vez hecho el nombramiento por el Gobierno” (…) “Los nombramientos se publicarán en el Boletín Oficial del Estado”. Un apaño en toda regla. Lo más llamativo del caso es que, para los Fiscales de Sala, esa prórroga de actividad hasta los 75 años no precisa de la existencia de necesidades del servicio; es un premio que se concede de forma automática por ser vos quien sois y aunque sus supuestos servicios al Ministerio Público no sean necesarios. Ni siquiera se exige una evaluación anual de las capacidades intelectuales de los agraciados, que a esa edad y en algunos casos tal vez pudieran empezar a verse mermadas.
El proyecto también prorroga la vida activa del resto de Fiscales del Supremo (aunque no tengan categoría de Fiscales de Sala) y de las Fiscalías Especiales, aunque, en estos casos al menos, se trata de cubrir las apariencias supeditando la concesión de la prórroga a las necesidades del servicio, unas “necesidades” que se suelen encubrir bajo la socorrida fórmula de las labores de “coordinación”, “unificación de criterios”, “impartición de instrucciones generales”, etcétera. La dura realidad es que las necesidades del Ministerio Fiscal no están en el TS, ni en el Constitucional (TC), ni en las Fiscalías Especiales (auténticos camelos inoperantes en su mayor parte). Las necesidades están en las Audiencias Provinciales, en las Fiscalías de Área y en las Secciones Territoriales, esas “trincheras” donde miles de jueces y fiscales tratan diariamente de hacer cumplir la ley, llevándose con frecuencia trabajo a casa, con escasos medios y sin ningún protagonismo mediático.
El poder político vuelve a blindarse, a taponar la posibilidad de que los escándalos de corrupción lleguen a buen puerto
El favor de Gallardón a la elite de jueces y fiscales constituye una obscena visión aristocrática de un Cuerpo del Estado, que de esta forma blinda sus privilegios en la consideración de que las jubilaciones a su debido tiempo –las que corresponden a todo hijo de vecino-, son cosa de “obreros” sin cualificación. Hace un par de semanas, más de 200 fiscales hacían pública una carta dirigida a Torres-Dulce, en la que manifestaban su malestar por la falta de medios para investigar los casos de corrupción y por el exceso de carga de trabajo tras los recortes que han sufrido. El poder político no hace sino blindarse una vez más, taponar la posibilidad de que los escándalos de corrupción que le afectan lleguen a buen puerto, en el convencimiento de que, traspasada la primera instancia, los asuntos terminarán por encallar definitivamente en el TS. El caso Bárcenas, por ejemplo. El Consejo de Ministros del viernes, a propuesta de Gallardón y Torres-Dulce, renovó a Antonio Salinas como fiscal jefe Anticorrupción. Nadie duda de que Salinas, 65 años, que lleva ya una década en el puesto, acabará su carrera como Fiscal Emérito dentro de otros 10, tras haber rendido múltiples servicios al Poder político.
La Infanta y los juegos de poder de Gallardón
Con el caso de la Infanta Cristina, Gallardón está ofreciendo todo un recital en lo que a utilización torticera de la Justicia con fines privados se refiere. El escándalo del yerno del Rey ha dado oportunidad a don Alberto de volver a poner los pies en Palacio y restablecer la relación con la familia real, muy deteriorada después de su affaire con María Zurita. “Esto lo resuelvo yo”. La aparición en escena de jueces como José Castro, un hombre honrado que aspira a llegar a la edad de jubilación con su honor intacto, ha truncado de momento esos planes, pero su ambición sigue intacta: la pieza de la Infanta no se le puede escapar, porque en su imaginario ese es un peldaño fundamental para alcanzar un día la Presidencia del Gobierno, con el eficaz apoyo de Juan Carlos I.
Un elemento más, en suma, del imparable proceso de degradación de la Justicia española, que con Gallardón ha perdido los restos de esa independencia que la propia Constitución del 78 le garantizaba, y que camina, con la ayuda de su amigo Torres-Dulce, y del nuevo presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes –brazo ejecutor de Gallardón en el desmantelamiento del Consejo- hacia su definitivo sometimiento a los dictados del Ejecutivo, eso sí, con dinero público de por medio.
