En plena visita del Comité Olímpico bullen los conflictos laborales en el Ayuntamiento de Madrid. Los trabajadores del Metro pueden dar cuenta de ello estos días, en los que la capital aparece repleta de carteles de la candidatura y el metro funciona a medio gas a las horas puntas. En otros colectivos municipales, ha habido protestas pero bastante menores.
Según ha sabido este medio, el Consistorio madrileño prepara una jugada maestra para el próximo 31 de marzo que, seguro, no va a gustar entre los sindicatos. Se trata de la aprobación unilateral de un decreto que persigue cambiar las condiciones de 3.000 ordenanzas, todos funcionarios. Se trata de la vieja categoría de “personal de oficio”, que se ocupa de servicios internos, de funciones auxiliares, de parques y jardines y de otras muchas labores. El decreto, que no firmará ningún sindicato, permitirá, por ejemplo, asignar otras tareas o modificar la jornada laboral de los ordenanzas. Pura reforma laboral en la función pública con un fin: adelgazar la plantilla municipal, vía despidos, no amortización de puestos de trabajo u otras formas.
Vozpópuli ha tenido acceso al borrador presentado por el Ayuntamiento que gobierna Ana Botella. Medidas de movilidad en que consiste el plan de ordenación en relación al personal con funciones de oficios y servicios internos en el conjunto de la Administración Municipal: detrás de este enunciado horrendo, lo que hay es un documento de 20 páginas que adelanta por dónde irán los tiros.
El número de ordenanzas coincide con el de empleados de Instalaciones Deportivas, sección que Botella quiere privatizar.
Casualmente, los 3.000 ordenanzas afectados por las medidas coinciden en número con los 3.000 trabajadores de Instalaciones Deportivas sublevados contra la alcaldesa por la posible privatización de los centros de deporte base madrileños. La mayoría son personal laboral, es decir, personal susceptible de ser despedido con la reforma laboral del PP y que sería reemplazado por los ordenanzas. Andan, además, pendientes de un ERE los casi 100 empleados de Madrid Espacios y Congresos y los 350 de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. Los conductores de la EMT también están intranquilos, aunque acaban de firmar la paz con el Ayuntamiento.
Los ordenanzas están en todas las quinielas. La semana pasada, una reunión entre los representantes sindicales en la Administración Local y la concejala de Hacienda, Concepción Dancausa, acabó en bronca porque la edil se comprometió a mantener el empleo solo en el Ayuntamiento, no en sus empresas.
De momento, la actividades “indispensables para la organización administrativa” (un eufemismo para designar el puesto al que puede ser destinado un ordenanza) tienen cinco ámbitos: “control de accesos y puertas de dependencias municipales”; correo, es decir, “recogida, clasificación y reparto de documentos”; “apoyo a los cargos electos de cada departamento”; “centros de servicios sociales y culturales, y colegios públicos”. Se excluyen, de momento, bibliotecas, museos y otras funciones particulares. Muchos funcionarios madrileños dejarán de ver al Ayuntamiento de Madrid tal y como lo conocieron.
