Los teóricos del azar y las casualidades ganaron ayer puntos gracias al caso Madrid Arena: mientras se cumplían 100 días de la desgracia ocurrida en el pabellón municipal, el juez que dirige la instrucción honró el aniversario con un bombazo imprevisto que cayó de lleno sobre el equipo de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Es la tercera vez en tres meses que ocurre algo así. El magistrado Eduardo López Palop alargó la lista de imputados por la tragedia con más altos cargos del Ayuntamiento y se llevó por delante al respetado Antonio De Guindos, exconcejal de Seguridad y hermano del actual ministro de Economía. De Guindos está entre los nuevos imputados.
Tiene motivos la regidora capitalina para estar agradecida con Luis Bárcenas: la gravísima crisis que atraviesa el Gobierno nacional ha sacado de los focos las repercusiones del funesto macrofestival de Halloween, saldado con cinco jóvenes muertas. De no existir el lío de los sobres y sobresueldos, habría pasado menos desapercibido el hecho de que de las cuatro personas que comparecieron en la primera rueda de prensa tras el fatídico evento, solo una quede en pie: Ana Botella. El 14 de noviembre cayó el exdelegado de Economía Pedro Calvo, también imputado; y el 9 de enero el exvicealcalde Miguel Ángel Villanueva, que no está encausado ni se espera que lo esté, fue forzado a dimitir. El cuarto en discordia era Antonio de Guindos, que se marchó ayer.
La acción del juez descolocó a la alcaldesa. Tras destituir a Villanueva, remozó su equipo con cambios como retirar la cartera de Seguridad a De Guindos, al que hasta ayer mantuvo en Medio Ambiente: pero el misil de López Palop, que se ha quejado en público de los escasos medios a su disposición, llega cuando todavía se publican nombramientos y ceses en el Boletín Oficial del Ayuntamiento (BOAM) designados durante la segunda remodelación de Botella, hace tres semanas. Además, altos cargos del área de Seguridad y Emergencias que conservaron el puesto tras la salida de Villanueva fueron encausados ayer, como Alfonso del Álamo, responsable de Emergencias y Protección Civil, o Emilio Monteagudo, jefe de la Policía Local. La imputación de Del Álamo y de Monteagudo cuestiona la capacidad de Botella para depurar responsabilidades.
"Tenemos un candidato que no está, una lista electoral ganadora hecha girones y una opinión en pública en contra de Botella".
Los tres seísmos que han azotado al Consistorio en los últimos cien días descubren la mayor crisis institucional desde que el PP se hizo por primera vez con la alcaldía, en 1991. Nunca una lista electoral tuvo en Madrid tantos girones al año de unos comicios municipales. Un importante dirigente de la bancada socialista resume así el estado de angustia que recorre Cibeles: “Tenemos un candidato [Gallardón] que no está, una alcaldesa que no fue elegida, una lista ganadora completamente desbrozada, unos primeros espadas carbonizados y un equipo de Gobierno que suscita el rechazo unánime de la oposición, los medios de comunicación y la opinión pública. La salida al impasse pasa por la dimisión de Botella”. Con matices, UPyD e IU también apoyan esa línea. Acompañado por Tomás Gómez, ayer Jaime Lissavetzky, portavoz del PSOE, pidió la cabeza de la alcaldesa.
El último revés judicial que recibió la mujer del expresidente José María Aznar apunta a la misma dirección, la de la asunción de culpas. La comisión de investigación del Madrid Arena, celebrada en diciembre, quedó oficialmente en ridículo. Amputada desde el inicio –a ella no acudió Botella-, la mayoría del PP propició unas conclusiones situadas en las antípodas de la senda tomada por el juez López Palop. Según esas conclusiones, la tragedia se debió exclusivamente “a la venta masiva de entradas” por parte del promotor, Miguel Ángel Flores, nunca a la mala gestión de la Administración local. Los citados a declarar por el magistrado desdicen en cambio esta afirmación: la empresa local Madrid Espacios y Congresos tiene a cuatro cargos imputados y el área de Seguridad a otros cuatro (la número dos, Fátima Núñez, De Guindos, Del Álamo y Monteagudo), además de Pedro Calvo.
Como adelantara este diario la semana pasada, la inminente imputación del médico contratado por Flores para la fiesta, Simón Viñals (también ayer le llegó la notificación, junto a su hijo Carlos), desencadenó la reacción del Colegio de Médicos, que suspendió su estatus de colegiado y estudia su expulsión del gremio.
