La propuesta de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, de imitar a otras grandes ciudades europeas como París para alejar las manifestaciones del epicentro urbano, beneficiaría no sólo al entorno de edificios emblemáticos ocupados por instituciones, sino también a una zona de continuas protestas en lo que va de legislatura: la sede nacional del PP en la calle Génova. Después de los daños valorados en 655.000 euros que provocaron los disturbios del pasado sábado en la principal arteria de la capital, la regidora volvió ayer a poner sobre la mesa el plan que sugirió hace un mes para prohibir las manifestaciones en la Puerta del Sol. La pirueta legal pasa por desviar las marchas ciudadanas de las zonas que ya han sido declaradas Bien de Interés Cultural (BIC).
Según ha podido saber Vozpópuli, dos decretos de la Comunidad de Madrid -es el Gobierno autonómico el que tiene la competencia para realizar tal catalogación- incluyen a la calle Génova y sus alrededores (calle Sagasta, Plaza Alonso Martínez y Plaza de Colón) dentro del recinto histórico de Madrid que goza de protección especial como BIC. Una de las resoluciones está fechada en abril de 1995 y declara BIC al "Recinto de la Villa de Madrid" en calidad de "Conjunto Histórico". La otra, que data de mayo de 1993, hace lo propio con el "Recinto Histórico de Madrid" en la categoría de "Zona Arqueológica". El plano afectado por este blindaje incluye, entre otros emplazamientos, la calle Génova y zonas aledañas; Paseo de Recoletos, Paseo de la Castellana y Paseo de la Habana; las vías Abascal, Serrano, Goya, Velázquez y Alcalá; las rondas de Atocha, Valencia y Segovia; Puerta de Toledo; Paseo de las Delicias y Paseo de la Florida.
La calle Génova, donde se ubica el cuartel general de los populares, ha sido, junto a la Puerta del Sol y el Paseo de Recoletos, uno de los puntos que ha concentrado mayor número de protestas desde la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa. El estallido del caso Bárcenas y la supuesta financiación ilegal del PP, la ley del aborto, los recortes sociales o el conflicto vecinal del barrio burgalés de Gamonal han llevado la indignación ciudadana hasta poco metros antes de Génova 13. Precisamente, el pasado fin de semana, en la conexión de esta vía con la Plaza de Colón se iniciaron los altercados y las cargas policiales al término de las Marchas por la Dignidad. Un grupo de radicales se propuso cruzar las vallas que protegían la calle de la sede del PP y empezó a arrojar piedras, botellas y otros objetos a los agentes.
La conexión, precisamente, de la calle Génova con la Plaza de Colón fue el lugar donde se iniciaron los altercados y las cargas policiales el pasado sábado al término de las 'Marchas por la Dignidad'
Sin embargo, la idea de Botella no convence a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, autoridad encargada de velar por la seguridad y el orden público en la convocatoria de manifestaciones. Cifuentes, que aparece en las quinielas para relevar a Botella como próxima candidata del PP al Ayuntamiento de Madrid, se muestra reacia a "restringir el derecho de manifestación". A su juicio, el cambio normativo habría que hacerlo en la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión de 1983, "modulando" el ejercicio del mismo, introduciendo, por ejemplo, un régimen horario para que no coincidan diez manifestaciones en tiempo y lugar.
Respecto al plan de Botella para desviar itinerarios, la opinión de Cifuentes es que cuando la Delegación ha intentado cambiar recorridos porque podían suponer un peligro de orden público, "sistemáticamente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fallado en contra y ha condenado a costas" a esta institución. En ese sentido, la delegada subraya que el derecho de manifestación está recogido en la Constitución y en ella no se dice que sea necesaria "una autorización previa".
Desde la Delegación del Gobierno no se autorizan las manifestaciones, simplemente se comprueban las peticiones comunicadas: si cumplen con la ley y si no vulneran otros derechos de los ciudadanos. La Ley Orgánica de 1983 sólo da potestad a la Delegación para prohibirlas "cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes, siguiendo de esta forma las normas recogidas en el artículo 21 de la Constitución Española".
La alcaldesa, que cuenta aquí con el apoyo del Ejecutivo madrileño de Ignacio González, dijo ayer en rueda de prensa que iba a pedir una reunión formal con la delegada del Gobierno para abordar el asunto. Pero estas formas no gustaron a Cifuentes, que horas después pidió a la regidora que "sus propuestas mediáticas" le lleguen la próxima vez "por los cauces legales y no a través de los medios de comunicación".
Según la delegada, "por tratarse de un derecho fundamental de todos los españoles, por estar regulado en normas de ámbito nacional, y por exceder de las competencias de la Delegación del Gobierno en Madrid, la reunión que, al parecer, quiere celebrar Ana Botella para tratar su propuesta, debe realizarla, no con esta Delegación, sino, al menos, con los ministerios de Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas, y Educación y Cultura, así como con la Federación Española de Municipios".
Doble rasero con la declaración BIC: el complejo Canalejas
Si la regidora popular se acoge ahora a la catalogación Bien de Interés Cultural (BIC) para defender una restricción de las manifestaciones en el centro de la capital, otras veces muestra connivencia con el Gobierno regional para rebajar tal condición BIC de algunos entornos en favor de intereses urbanísticos. Es lo ocurrido, por ejemplo, con el complejo Canalejas. El Ayuntamiento dio ayer luz verde al Plan Especial para la infraestructura subterránea de transporte y aparcamiento en la zona de Sevilla-Canalejas, con el que pretende "recuperar espacio para el peatón, mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación acústica", entre otros objetivos.
Sin embargo, para ello se ha rebajado la protección especial de dos de los seis edificios afectados por este proyecto: el antiguo Banco Español de Crédito (anteriormente “La Equitativa”) de la calle Alcalá, 14, y el Banco Central Hispano, de la plaza de Canalejas, 1. Tras la orden del Ejecutivo de González, ambos sólo conservan su condición BIC en la fachada y la primera crujía (la parte interna del edificio más cercana a las ventanas). El resto del inmueble, incluido el subsuelo, ha quedado listo para que entre la grúa.
