Prudencia y silencio en el Gobierno tras el fallo del Tribunal Constitucional que anula la declaración soberanista impulsada por el Parlamento de Cataluña en enero del pasado año. Se trata de una victoria jurídica de enorme relevancia, puesto que supone un varapalo en la línea de flotación del proceso puesto en marcha por Artur Mas. El TC tumba la declaración parlamentaria y cierra la posibilidad de celebrar un referéndum secesionista en la línea del convocado por el gobierno de Cataluña para el 9 de noviembre.
En Moncloa se ha recibido con satisfacción esta resolución del Alto Tribunal, pero sin aspavientos ni declaraciones especiales. Discreción y mesura, es la norma dictada por Soraya Sáenz de Santamaría, quien pilota la operación para cortocircuitar cuanta inciativa política ponga en marcha Artur Mas de cara a la celebración del referéndum. Hechos y no palabras. Medidas y no polémicas. La vicepresidenta ya anunció hace meses que el Gobierno recurriría ante los tribunales cada paso supuestamente ilegal que llegue desde Cataluña. Ayer se sustanció el primero con una victoria jurídica inapelable y de las posturas que defiende el Gobierno de Rajoy.
Marcaje directo
La estrategia de Sáenz de Santamaría empieza a dar frutos. Apoyada desde el ministerio de Justicia por Alberto Ruiz Gallardón, se ha propuesto recurrir todas las iniciativas políticas que emanen desde las instancias del entorno de la Generalitat y que tengan como objeto impulsar la celebración de un referéndum considerado ilegal. La declaración soberanista ya ha caído. Se está a la espera unas respuesta al recurso contra la creación del Consejo para la Transición Nacional, un ente de apoyo al montaje soberanista de CiU.
También, esta vez por la vía de lo contencioso, se ha presentado un recurso a las aportaciones económicas de la Asociación de Muncipios por la Independencia para financiar los gastos en que incurra la promoción del plebiscito. El Gobierno mantiene una estrecha vigilancia a cada paso que dé Artur Mas rumbo a la pretendida secesión para asfixiar el profeso en el terreno judicial.
Escollos y soluciones
El presidente de la Generalitat acusó este miércoles el golpe judicial, aunque el President insistió en que su proceso sigue en marcha pese a la "grave, innecesaria y prevista" resolución del Constitucional. Dijo Mas que "a cada escollo hallaremos una solución para esquivarlo y sobrepasarlo, actuando de forma democrática y pacífica de acuerdo con los marcos de la legalidad vigente".
Este es el punto débil del soberanismo. Aunque ignore los reveses en el ámbito jurídico, su estrategia queda tiznada por un tinte de ilegalidad que supone un severo contratiempo de cara tanto a las instancias políticas y económicas catalanas y del resto de España como en el exterior. Los 'golpes judiciales' dañan la imagen del 'proceso' de Mas. Le lastran esa imagen que pretenden de respeto a la legalidad y de plantearlo únicamente en el terrotiro de la negociación. Factor éste de enorme impotancia y constante preocupación para el equipo nacionalista.
En este frente externo quien desarrolla la acción complementaria a la gestión de la vicepresidenta es el titular de Exteriores, García-Margallo, quien lleva a cabo una profusa actuación tanto en forma de declaraciones -algunas de ellas ciertamente intempestivas, como la emitida desde Manila durante las honras fúnebres del presidente Suárez- como en movimientos diplomáticos e informativos cerca de gobiernos e instancias europeas.
La doble pinza establecida entre Presidencia y Exteriores es en estos momentos la única labor públicamente activa que lleva a cabo el Gobierno. Ya no hay tibios diálogos con la Generalitat ni gestos amables desde Hacienda. Se cumple con lo estricta y ofcialmente previsto, sin guiños singulares ni tratamientos diferenciados. La única línea de aproximación a las filas de Mas es la que mantiene abierta Jordi Moragas, jefe del Gabinete de Rajoy, quien mantiene contactos discretos con algunos dirigentes del Gobierno catalán.
