El PSOE-A vuelve a la carga contra el Gobierno de la Junta de Andalucía por la gestión de los contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia pidiendo el cese de los gerentes de la salud andaluza. Por su parte, la defensa toma nuevas resoluciones y el gobierno de Moreno Bonilla se respalda en el informe del Tribunal de Cuentas sobre las polémicas contrataciones.
El que podría ser un escándalo mastodóntico como denuncia la oposición, o un mero aspaviento político que está en fase de investifación, como afirma la Junta, sigue su proceso judicial salpicado de acusaciones políticas en rueda de prensa. Mientras, la Junta de Andalucía ha aprobado en el Parlamento los Presupuestos de 2025, integrando en ellos 80 enmiendas de los grupos de la oposición.
Dentro del proceso judicial, los exgerentes del SAS Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán, junto a la actual directora Valle García, han solicitado al Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla el archivo de la querella de los diputados socialistas, así como la imposición de una fianza de 15.000 euros a cada uno de los 30 parlamentarios socialistas firmantes que han presentado las denuncias individualmente.
En un escrito presentado al juzgado, los representantes legales de los exgerentes califican de “incierto e injusto” el relato incriminatorio de los querellantes, afirmando que las contrataciones de emergencia estuvieron plenamente amparadas por normativa estatal y autonómica.
El escrito de la defensa señala que las actuaciones en cuestión se ampararon en el Real Decreto 7/2020 del Gobierno de España, que autorizó la contratación de emergencia desde el inicio de la pandemia, así como en el Decreto-ley 3/2020 aprobado por la Junta de Andalucía, que extendió esa habilitación para asegurar el suministro de materiales esenciales. “tuvieron como único fundamento y justificación la satisfacción (...) de un único y evidente interés general” durante la crisis sanitaria del Covid-19.
El Tribunal de Cuentas respalda el control financiero
Los denunciados también destacan que la fiscalización de estos contratos fue robusta y que “se pasó de la nada al control financiero permanente” en las tramitaciones de emergencia. Aseguran que el procedimiento mejoró la supervisión en comparación con épocas anteriores, y que ni la Intervención General de la Junta ni los informes de control detectaron irregularidades constitutivas de infracción administrativa o penal, algo que el PSOE-A descalifica.
La oposición, por su parte, cuenta en su denuncia con numerosos informes de la intervención general que alertan de un uso indebido de la contratación por emergencia, más allá de los límites legales que propició la pandemia.
Sin embargo, ante este cruce de informes y acusaciones desde el Gobierno andaluz y el PSOE-A, ahora el Tribunal de Cuentas de la Junta de Andalucía ha salido a la palestra para validar las contrataciones. El ente ha afirma que también revisó las contrataciones en cuestión y que, como muestra de los numerosos contratos denunciados, acaba de archivar unas diligencias abiertas por supuestas irregularidades en tres expedientes, dándolas por “justificadas y solventadas”, según ha comunicado al juzgado. En un escrito del 22 de octubre, el Tribunal concluyó que no existía responsabilidad contable y ha procedido a archivar estas diligencias preprocesales.
Críticas del PSOE-A y petición de dimisiones
Desde el PSOE-A, sin embargo, mantienen su acusación de “corrupción administrativa continuada”. Los socialistas insisten en que estos contratos son parte de una trama. Rafael Márquez, coordinador de la Presidencia del Grupo Socialista ha exigido el “cese inmediato” de Valle García antes de que termine el año, acusándola de “gestión desastrosa” tanto como directora del SAS como en su etapa al frente del Hospital Reina Sofía de Córdoba.
El representante socialista se apoya en la última resolución judicial que, según su interpretación, desmantela los argumentos de la defensa de la Junta. Márquez destaca del auto que califica las “adendas” como procesos de bontratación "con empresas concretas”, en lugar de ser ajustes presupuestarios, lo que podría carecer de habilitación legal.
