La Generalitat de Cataluña proyectó quedarse con los 9.375 millones de euros de la denominada deuda histórica que, según los secesionistas, el Gobierno de España mantiene con esta Comunidad. Así consta en el documento 'La distribución de activos y pasivos' que fue interceptado a Víctor Terradellas -uno de los hombres de confianza del expresident Carles Puigdemont- durante los registros policiales del caso Voloh, en el que se investigan las subvenciones opacas del Ejecutivo catalán a fundaciones afines a Convergència Democrática de Catalunya (CDC).
Vozpópuli ha analizado este documento redactado por el Consejo Asesor para la Transición Nacional a la independencia de Cataluña y, según consta en el mismo, los secesionistas habían planeado dejar de afrontar sus deudas si el Gobierno español "incumplía sus compromisos financieros y de inversiones tras la independencia".
Los independentistas habían previsto que, en el caso de que el resto de España sufriera un colapso que hiciera imposible que el Ejecutivo central pudiera afrontar sus gastos, el Estado catalán estaría "legitimado para exigir la reducción de la deuda del Estado español que tenga que asumir en una cantidad equivalente" a la deuda histórica que en 2013 era de 9.375 millones, según consta en el documento requisado por la Policía a Terradellas.
Los asesores de la Generalitat, entonces presidida por Artur Mas, consideraban que el nuevo Estado catalán "podría exigir compensaciones económicas por el incumplimiento de los compromisos financieros y de inversiones". Y para conseguir este resarcimiento económico, el Govern centró sus ojos en todas las cuentas corrientes del Estado y otros instrumentos financieros.
4.823 cuentas de España
"Actualmente, España dispone de 4.823 cuentas corrientes en diferentes entidades bancarias de todo el mundo: 423 en el propio Banco de España, 3.163 en entidades del sistema bancario español y 1.237 en entidades extranjeras. Aunque dependerá del organismo titular y de su finalidad, en principio podrían considerarse activos de Estado no territorializables. Por tanto, se deberían transmitir según el criterio de proporcionalidad y de forma equitativa con la transmisión de la deuda no territorializable del Estado", concluyen los secesionistas en el informe 'La distribución de activos y pasivos'.
El Govern consideró que, si el resto de España no quisiera o pudiera transferir los activos que reclamara Cataluña, "el Estado catalán no tendría ninguna obligación de asumir su deuda o la obligación correspondiente".
Los asesores de Artur Mas hacen especial hincapié en el caso de la deuda de Defensa. "En el supuesto de que el Estado español no quisiera transferir a Cataluña los activos de su arsenal militar asociados a la deuda que asumiera el Estado catalán, éste podría desvincularse de la deuda del Ministerio de Defensa. Esto mismo es aplicable a la deuda del resto de ministerios y entidades públicas del Estado", se lee en el documento que ahora obra en el sumario de la causa que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona.
Precisamente, la deuda del Ministerio de Defensa es de gran importancia para los secesionistas, que aluden a la experiencia de Eslovenia cuando se independizó de Yugoslavia, "tanto que incluso superó las expectativas de los negociadores eslovenos ante el reparto de los bienes y las deudas del Ejército yugoslavo". Los asesores de Artur Mas concluyen que "el valor de los activos militares y de material que España debería transmitir a Cataluña es muy significativo".
Además de la transferencia de los bienes asociados a la deuda asumida por el Estado catalán, España debería transferir a Cataluña, siempre según el Govern, una parte proporcional de sus bienes y activos no territorializables, siguiendo el mismo criterio de proporcionalidad que se haya acordado para repartir la deuda que destaca que la posición de España "como acreedor internacional frente a terceros países también puede ser objeto de reparto".
La Seguridad Social
El informe dedica un apartado específico a la Seguridad Social, de la que también planeaban sacar tajada: "Al tratarse de un régimen de reparto, el Estado catalán tendría plena legitimidad para exigir la contribución de los catalanes al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, siguiendo el principio de contribución histórica, o de una cantidad equivalente en el supuesto de que España la haya utilizado para adquirir su propia deuda pública".
Los integrantes del Consejo Asesor también explican que ante la hipótesis "de que los territorios españoles no secesionados sean considerados únicos herederos y continuadores de la personalidad jurídica del Estado español y, como tal, se garantice su permanencia en la organización de que se trate, debería ser el Estado español quien asuma íntegramente su deuda en cada organización. Así pues, sería perfectamente legítimo que Cataluña exigiera la aplicación del principio de tabla rasa en este supuesto concreto hasta la integración en la organización".
Si los territorios españoles no secesionados son considerados únicos herederos y continuadores de la personalidad jurídica del Estado español deberían ser estos quienes asumieran íntegramente su deuda exterior, según el Govern
Otros de los apartados del informe se centra en organismos del Estado como son RTVE, ADIF y AENA. Y aquí la conclusión también favorece los intereses de una república catalana. "En principio, cada Estado debería asumir la deuda de las corporaciones contraída con proveedores de forma equitativa a la asunción de sus títulos y activos. En caso de que los activos de estas entidades en el territorio del Estado sucesor se segregaran de la casa matriz, debería ser la casa matriz la que continuara asumiendo esta deuda mientras no se llegara a un acuerdo", destacan los asesores.
Ante la posibilidad de que España se disolviera en diferentes estados, el informe destaca que todos los bienes del Estado "deberían repartirse de forma equitativa entre sus Estados sucesores. Para unos, el Estado continuador de la personalidad jurídica del Estado predecesor es el único que tiene derecho a asumir la titularidad de estos bienes. [...] Sin embargo, parte de la doctrina considera que, aunque no se produzca una disolución de Estados con extinción de la personalidad jurídica del Estado predecesor, los bienes extraterritoriales deben repartirse equitativamente entre los Estados sucesores".
