El comisario jubilado José Manuel Villarejo facturó 40.000 euros el 15 de febrero de 2016 a la empresa H. Eymorich SL, propiedad de Elena Sánchez Álvarez, la exmujer de Juan Costa, quien fue ministro de Ciencia y Tecnología entre 2003 y 2004, en el segundo Gobierno de José María Aznar.
Así consta en una factura de la firma del excomisario, Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt), a la que ha tenido acceso Vozpópuli, y cuyo asiento contable se incluye en el Libro Mayor del Grupo de las empresas de Villarejo.
En concreto, el ex mando policial asegura en el albarán que había realizado una investigación patrimonial sobre los implicados en una causa que se instruyó en el Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona, en el que Elena Sánchez Álvarez y su empresa H. Eymorich SL ejercieron la acusación particular. Y esa investigación la habría realizado mientras todavía era comisario en activo, ya que se jubiló en agosto de 2016, algo que la Fiscalía anticorrupción considera ilegal.
Casi 900.000 euros
En la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, Elena Sánchez pedía que los acusados fueran condenados a tres años de cárcel y una indemnización "en la cantidad adeudada, más los intereses correspondientes desde el 29 de junio de 2009", que suponían casi 900.000 euros.
El fallo considera un hecho probado que la empresaria había firmado un contrato de 8.000 euros brutos mensuales con la firma Sinnamon Promotions "cuyo objeto era el de establecer y regular sus derechos económicos por la captación de Telefónica Móviles España S.A Sociedad Unipersonal, como patrocinador para determinados festivales organizados". Sin embargo, la empresa dejó de pagar esta suma al sufrir problemas económicos.
El diputado y exministro del PP Juan Costa es hermano de Ricardo Costa, que fue condenado a cuatro años de cárcel por el caso Gürtel. Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia suspendió su encarcelamiento a cambio de 365 jornadas de trabajo comunitario y una multa. El magistrado destacó la "excepcional" ayuda de Costa para destapar "la financiación ilegal del PP".
Actividades privadas
En el centro de la investigación del caso Villarejo se indaga precisamente las actividades privadas del excomisario, antes y después de jubilarse. En concreto, se acusa al polémico mando de ejercer su influencia en la Policía para obtener información que luego usaba en sus investigaciones privadas, casi siempre para clientes adinerados que le reportaban grandes beneficios.
La versión de Villarejo es que cuando regresó al Cuerpo después de diez años de excedencia, los entonces responsables del Ministerio del Interior no solo le hicieron renunciar a las empresas que había creado en ese periodo, sino que le permitieron compaginarlo con su actividad de funcionario. Los investigadores en cambio cuentan con un informe de Hacienda, según el cual, el acusado jamás pidió un permiso de compatibilidad.
En el marco del abanico de causas que afectan ya a Villarejo, se incluyen trabajos cuando todavía estaba en activo como el de frenar la extradición de un empresario naviero reclamado en Guatemala por corrupción. En otras piezas separadas del caso se aprecia cómo desde la Policía la suministraban datos reservados de ficheros policiales, algo que él mismo ofrecía como valor añadido a sus clientes, según se arroja de las conversaciones que el propio Villarejo grababa.
