La polémica por el narcotráfico en las costas españolas no ha hecho más que incrementarse tras el suceso de Barbate, donde fallecieron los dos guardias civiles embestidos por una narco lancha. En este sentido, la Asociación Judicial Francisco de Victoria (AJFV) ha alzado su voz exigiendo medidas más contundentes para abordar la problemática del narcotráfico en nuestro país. El informe presentado por la asociación judicial pone de relieve la cruda realidad que enfrentan los juzgados locales en zonas como Barbate. La falta de medios y la sobrecarga de trabajo han convertido la persecución del narcotráfico en una tarea 'titánica' para las autoridades locales a la vez que peligrosa, tal y como se ha podido comprobar en las últimas semanas.
De esta forma, la AJFV propone trasladar la competencia para investigar casos de narcotráfico a gran escala a la Audiencia Nacional, con sede en Madrid. Argumentan que esta medida permitiría una respuesta más eficaz y coordinada ante un problema que afecta profundamente a la seguridad y el Estado de Derecho.
Hay que tener en cuenta que la Audiencia Nacional cerró la puerta hace solo tres años a la posibilidad de asumir este tipo de casusas para combatir el narcotráfico en el Estrecho. Las reuniones que mantuvieron a principios de 2020 altos cargos del Ministerio del Interior con jueces y fiscales del tribunal central y de Antidroga no fructificaron por diferentes motivos.
Trataron la creación de la unidad especial de la Guardia Civil OCON-Sur en el Campo de Gibraltar, en julio de 2018, que permitió recuperar en pocos meses el principio de autoridad y la iniciativa contra este crimen organizado. Pero tras una evaluación de este operativo en febrero de 2020 se observaron importantes carencias en la respuesta judicial. La Audiencia Provincial de Cádiz, responsable de juzgar estos sumarios, ya estaba entonces desbordada.
El desempleo y las redes sociales como amenazas para la justicia
La asociación judicial también destaca el contexto económico y social de la costa andaluza, donde el desempleo es una realidad aplastante. En lugares como Barbate, donde la tasa de desempleo supera el 27%, el narcotráfico se presenta como una opción tentadora para aquellos que buscan mejorar su situación, incluso a costa de la ley.
El informe de la AJFV también señala el impacto de las redes sociales en la percepción del narcotráfico. La difusión de videos en los que se glorifica a los traficantes crea un clima social hostil para las autoridades, dificultando aún más su labor. La asociación judicial compara el clima de opresión que reflejan estas autoridades en zonas afectadas por los narcos con la presión sufrida durante los años de actividad de ETA. Para ellos, la transferencia de competencias a la Audiencia Nacional podría ser la solución.
La AJFV considera el narcotráfico una amenaza que desborda a los juzgados locales
Tras el trágico suceso en Barbate, la AJFV insiste en la necesidad de tomar medidas inmediatas. Advierten que el narcotráfico no solo socava la seguridad nacional, sino que también pone en peligro el prestigio internacional de España.
La propuesta de que la Audiencia Nacional asuma casos de narcotráfico a gran escala plantea desafíos logísticos y legales. Sin embargo, para la AJFV, es la única manera de garantizar una respuesta efectiva ante un problema que amenaza con desbordar a los juzgados locales.
La asociación judicial compara el clima de opresión que reflejan estas autoridades en zonas afectadas por los narcos con la presión sufrida durante los años de actividad de ETAAJFV
En un momento en que el narcotráfico se ha convertido en una de las principales amenazas para la seguridad y el Estado de Derecho en España, la voz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria resuena con urgencia. La pelota está en el tejado de las autoridades competentes, pero también en la sociedad en su conjunto, que debe rechazar y condenar cualquier forma de complicidad con el crimen organizado.
