La Audiencia Nacional revisa el miércoles los recursos contra la prisión de cuatro de los siete integrantes del Equipo de Respuesta Táctica de los Comités de Defensa de la República (CDR) encarcelados desde el 23 de septiembre por terrorismo, entre ellos Ferrán Jolis, quien admitió los hechos ante la Guardia Civil.
La Sección Segunda de lo Penal será la encargada de estudiar los recursos de estos cuatro miembros del ERT, Jolis, Guillem Xavier Duch, Eduardo Garzón y Xavier Buigas, en una vista a puerta cerrada y a la que no serán trasladados a la Audiencia Nacional, al estar representados por sus defensas, que reclaman su puesta en libertad.
Estos cuatro recursos de apelación son los que hasta el momento han llegado a la Sala de lo Penal, si bien los otros tres miembros del grupo también han pedido quedar en libertad, petición que en todos los casos cuenta con la oposición de la Fiscalía, han informado a Efe fuentes jurídicas.
Según desvelaron fuentes de la investigación, Jolis, Duch y Garzón participaron en 2018 en una reunión con una hermana de Carles Puigdemont para entregarle "documentación sensible" y establecer "comunicaciones seguras", actuando ésta como supuesto enlace entre los CDR, el expresidente catalán y su sucesor Joaquim Torra.
Jolis, uno de los dos únicos detenidos que declararon ante la Guardia Civil, reveló que el área de Presidencia de la Generalitat encargó ayuda logística a los CDR para que Torra, al que apodaban Gandalf, se encerrara con ellos en el Parlament "el día D", en respuesta a la sentencia del "procés", para declarar la independencia.
En conversaciones telefónicas que les fueron intervenidas, Duch, integrante del CDR Sabadell Centro, mostró "de manera expresa su plena disposición a participar en el asalto al Parlamento".
Según lo declarado por Jolis, Duch era "uno de los coordinadores de la organización" y estaba "al cargo de las infraestructuras de las telecomunicaciones", con lo que sería el encargado de mantener las comunicaciones durante el encierro en el Parlament,
Duch y Garzón intervinieron también junto a otros dos miembros del ERT en un "acto delictivo" ocurrido el pasado 1 de febrero, que consistió en derramar gran cantidad de aceite en la calzada de la carretera C-55, al paso del convoy escoltado por la Guardia Civil que trasladaba a los presos del "procés" del centro penitenciario de Lledoners a Madrid, de cara a la celebración del juicio.
Esta acción "generó un grave riesgo para la seguridad vial y, por ende, para las personas que circulaban por la citada carretera".
Los detenidos se dividían en dos grupos, uno encargado de preparar explosivos y otro de ejecutar la acción y recopilar información sobre posibles objetivos.
De hecho, les fueron intervenidas sustancias precursoras para la fabricación de explosivos y fotografías de comisarías, agentes e instalaciones sensibles como torres de tensión.
Según la investigación, que se inició en 2017, los siete podían haber incurrido en los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos, y conspiración para causar estragos
Esta semana se ha levantado parte del secreto de sumario que pesa en este procedimiento, que cuenta también con una pieza separada, que permanece reservada, en la que hace unas semanas se ordenó la clausura de las páginas web de la plataforma Tsunami Democràtic, promotora de las movilizaciones contra la sentencia del "procés" y a la que también se investiga por delitos de terrorismo.
