La República aprobó en 1931 una Ley que perseguía y castigaba la publicación de noticias que el Gobierno de Manuel Azaña considerase “una agresión” contra el nuevo orden impuesto en España. Formaba parte de la llamada Ley de la Defensa de la República, estuvo vigente durante dos años y entre esas agresiones consideraba “la difusión de noticias” sospechosas de “quebrantar el crédito o perturbar: la paz o el orden público”.
“¿A eso vamos a llamar Prensa, a esos reptiles que circulan por la sombra, que van de mano en mano, corriendo por los rincones de la Península y sembrando el descrédito o la burla o las malas pasiones? Eso no es Prensa y contra eso vamos”, declaró Azaña en sede parlamentaria durante la tramitación del proyecto de Ley.
Quienes considerase el Gobierno podían ser “confinados o entrañados, por un período no superior al de vigencia de esta Ley, o multados hasta la cuantía máxima de 10.000 pesetas, ocupándose o suspendiéndose, según los casos, los medios que hayan utilizado para su realización”. La norma otorgaba por tanto al Ejecutivo autoridad no solo para perseguir a los responsables, sino también para cerrar medios de comunicación si incumplían esta norma. Todo ello sin autorización judicial.
Era una suerte de Ley de excepción con la que Azaña buscaba proteger a la República. El mismo castigo se aplicaba también para otras “agresiones” como “toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las Instituciones u organismos del Estado” o “la apología del régimen monárquico” derrocado tras elecciones municipales del 14 de abril.
Las páginas de la Gaceta de Madrid (el actual Boletín Oficial del Estado) publicaron el 22 de octubre de aquel 1931 la citada Ley que iba a ser fuente de conflicto. No solo por su contenido, sino porque chocaba con la Constitución que en paralelo redactaban las cortes republicanas, que sí reconocía el derecho a la libertad de expresión. Esta cuestión protagonizó parte del debate parlamentario donde la Ley se tramitó de forma “urgente” sin posibilidad de presentar enmiendas, según recogen los diarios de sesiones de la época.
Las cortes constituyentes estaban pobladas en su mayoría por diputados de la Conjunción Republicano-Socialista. En junio de 1931 habían ganado las elecciones con holgura el PSOE de Julián Besteiro, los radicales de Alejandro Lerroux, la Acción Republicana de Azaña o la Derecha Liberal Republicana de Niceto Alcalá-Zamora.
El 20 de octubre, el diputado por Vizcaya Ramón María Aldasoro y Galarza fue el encargado de leer ante el Parlamento punto por punto el contenido del proyecto de Ley, que apenas contaba con cinco artículos. Le siguió un intenso debate protagonizado por el diputado zamorano Santiago Alba quien protestó por que la ley -“en romance castellano”, dijo- daba potestad al ministro de la Gobernación (hoy ministro del Interior) a “suspender libremente el periódico que quiera”. “Exacto, eso es”, le replicó un diputado desde alguna de las bancadas del Hemiciclo.
Santiago Alba era un veterano político, periodista y abogado de profesión, que había desempeñado en el pasado el cargo de ministro en varias carteras, incluida de la Gobernación. También fue gobernador civil de Madrid tras el atentado contra Alfonso XIII. Acabaría exiliado en Portugal. Pero en 1931 era un diputado independiente contrario a la Ley de Defensa de la República.
“Esta manera de gobernar en relación con la Prensa (el diario de sesiones lo escribe con mayúscula), no se acomoda a mi propio juicio, ni al de ningún demócrata”, lamentaba Alba quien negaba que la República necesitase protegerse así. En la misma línea se pronunció el diputado monárquico Ángel Osorio Gallardo, quien se quejó de que la ley otorgase plenos poderes al Ejecutivo sin ni siquiera escuchar al detenido o a un juez. “Un periódico puede haber publicado un artículo con intención distinta de la que cree el Gobierno”, advirtió.
“No puedo menos de dolerme de ver esta República, de todos nuestros entusiasmos, bajo la tutela de la Guardia civil y de una ley de excepción”, censuró también el diputado Eduardo Barriobero, del anarcosindicalista partido Federal. Barriobero encarnó una manera de hacer política que a él y otros les valió el apelativo de “los jabalíes”. Acabó juzgado y condenado a muerte por el franquismo.
El último en tomar la palabra antes que Azaña fue el diputado Antonio Royo, del partido agrario independiente. Dijo hablar como periodista para pedir una aclaración al presidente respecto a las limitaciones que se le iban a imponer a la prensa con esta Ley. “No establezcáis esta represión arbitraria”, le rogó.
"Bellacadas clandestinas"
Finalmente Azaña intervino para defender la norma tal y como estaba redactada “para defenderse de los los pequeños enemigos de la República”. Contestó que “la verdadera Prensa” que vive “dentro de las leyes” no tenía nada que temer. No precisó a qué se refería con eso de prensa verdadera, pero en cambió cargó contra los que llamó “hojas facciosas y pequeñas bellacadas clandestinas que andan circulando por toda España”. Terminó concediendo que los detenidos por publicar ese tipo de informaciones fuesen oídos por el Ministerio de Gobernación, pero una vez establecida la sanción.
Solo unas semanas antes, el presidente Azaña compareció también ante las Cortes donde pronunció un discurso en el que avanzaba que la República infringiría temor a quien no la respetase: “Tiene derecho a ser respetada y si no fuese respetada, se hará temer (...) ¡ay del que intente alzar la mano contra ella!”. Según recoge el diario de sesiones de 1931, los vítores emanaban de los escaños: “muy bien”, “así se le habla al país”.
Era el 14 de octubre y Azaña colmó sus palabras de de elogios a su antecesor recién dimitido, Niceto Alcalá Zamora, primer presidente de la Segunda República. En esa misma sesión, concluida a las nueve y cuarto de la noche, también se despidió con honores a Miguel Maura, el ministro de Gobernación. Escuchó del nuevo presidente la descripción de “compañero inolvidable”. Un parlamento puesto en pie le brindó aquel día “una prolongada ovación”. “No tengo nada que agradecerle, pero es justicia”, le gritó un diputado opositor.
La amenaza de Maura a los periódicos
En su libro Así cayó Alfonso XIII (Marcial Pons Historia), el propio Maura relata un episodio que da cuenta de las coacciones del Gobierno republicano a la actuación de la prensa. Lo incluye en el capítulo La ofensiva anarquista y gira en torno a un enfrentamiento que se produjo en Guipúzcoa entre la Guardia Civil y un millar de huelguistas “armados con palos escopetas y otras clases de armas improvisadas”. Los agentes abrieron fuego y mataron a varias personas. Por la gravedad de los hechos, Maura dice que reunió a todos los directores de periódicos. “Acudieron todos, incluso los periódicos suspendidos”, dice el libro.
El encuentro tuvo lugar en su despacho y les ofreció todos los detalles del suceso. Quería que lo publicasen para que que quedase claro que “había un Gobierno en su sitio con el que no se jugaba”. Pero al mismo tiempo les lanzó una amenaza directa: “El diario que utilice la noticia para su campaña política o intente envenenar con ella será suspendido y suspendido quedará mientras yo esté en este Ministerio. Se dieron por enterados y abandonaron mi despacho”.
