Bancaja intentó frenar la fusión que le planteó el Banco de España cuando comenzó la reorganización del sistema de cajas de ahorro. El regulador transmitió al presidente de la caja valenciana que la solución "más natural" era que Bancaja fuera absorbida por La Caixa con las garantías que otorgaría el banco central.

Bancaja rechazó esa solución argumentando la “catalanidad” del comprador y planteó como alternativa la llamada “solución valenciana”: la fusión con la CAM. La Generalitat Valenciana respaldó ese apaño e incluso inició contactos con la oposición, en concreto, con el líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, al que pidió un compromiso de discreción.

Pese a ese acuerdo político, el Banco de España insistió en sus reticencias con el argumento de que concentraban riesgos inmobiliarios. Por ello obligó a Bancaja y CAM a disponer de sendos dictámenes independientes que avalaran la fusión: los auditores de ambas entidades debían respaldar también la viabilidad económica del acuerdo antes de que el regulador comenzara ni siquiera a estudiarla. Bancaja hizo, entonces, una maniobra inusual: prescindir de su auditor habitual y contratar a una nueva firma ad hoc para que emitiera el dictamen.

Bancaja contrató a un segundo auditor para casarse con la CAM

Bancaja gastó en el año de la fusión 832.000 euros en servicios de auditoría y revisión con la firma Deloitte y destinó otros 572.000 euros en otros servicios fiscales. El casi millón y medio de euros de ese año se sumaba a cifras similares en los ejercicios anteriores porque Deloitte ha sido la firma con más acceso a las cuentas de Bancaja tradicionalmente. Pero en esta ocasión, la caja valenciana decidió contratar a “otro auditor con menos conocimiento interno de la situación para que emitiera un dictamen favorable” aseguran quienes diseñaron la fusión.

Se contrató a Analistas Financieros Internacionales (AFI) para que se pronunciara comenzando un estudio desde cero, sin el conocimiento interno del que ya disponía Deloitte. AFI, sin embargo, emitió un dictamen contrario a la fusión con la CAM con un idéntico argumento financiero al del Banco de España: el de la concentración de riesgos inmobiliarios y el de la duplicidad de oficinas.

El saldo final del movimiento de Bancaja supuso gastar millón y medio de euros en su auditor habitual más casi doscientos mil euros en los informes externos más los gastos en los que incurrió la CAM. En total, casi dos millones de euros en batallar con el Banco de España con dictámenes favorables a la “solución valenciana” que nunca llegaron.

La Caixa dijo no

Descartada la solución valenciana, la catalana también se vino abajo. La Caixa se opuso al matrimonio tras un análisis de la cartera inmobiliaria de la caja valenciana. Fue el Consejero Delegado de La Caixa, Juan María Nin, quien transmitió personalmente al Banco de España su oposición al movimiento.

Finalmente, el consejo de Bancaja aprobó el 14 de junio de 2010 un protocolo para su integración en un Sistema Institucional de Protección (SIP) del que formaban parte Cajamadrid y otras cinco cajas de ahorro y en el que la entidad conservaba el 37,7% del peso total. Para su supervivencia, la fusión necesitó solicitar al FROB (el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) 4.465 millones de euros que ahora podrían haberse quedado cortos.