En julio de 2018 el fiscal jefe antidroga José Ramón Noreña advertía de que con la detención del histórico narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, no se había "desmantelado toda la organización". Esta semana, la juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha ordenado el registro del domicilio de Gonzalo Boye, quien fuera abogado del capo y actual letrado de Carles Puigdemont y de Quim Torra. Según fuentes cercanas al caso, lo ha hecho al considerar que participó en el blanqueo de capitales de la "organización criminal" de Prado Bugallo.
Tras los registros, el abogado ha sido citado a declarar como investigado este miércoles a las 12 horas en sede judicial. Lo hará en el marco de una pieza separada que forma parte de la causa que dio lugar a la Operación Mito, que inició la entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, Carmen Lamela, en coordinación con la Fiscalía Antidroga, a cargo de Noreña.
En esta causa, que se mantiene bajo secreto, se investigan las operaciones de Miñanco provenientes del narcotráfico y su relación con grupos del crimen organizado de origen albanés e italiano, según fuentes cercanas al caso consultadas por Vozpópuli.
En un auto de febrero de 2018, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la juez Lamela explicó parte del "movimiento de dinero que realizaba la organización, (...) producto de las transacciones de estupefacientes". En aquella resolución judicial, la magistrada detalló la compra-venta de una vivienda en Collado Villalba con varias entregas de dinero en metálico de procedencia ilícita. Detalló, además, el uso de empresas para lavar dinero de la red criminal.
En el mismo auto hizo también referencia a la investigación contra cinco personas del equipo del narcotraficante que intentaron sacar 889.470 euros en metálico a través del aeropuerto de Madrid-Barajas, cuando la ley solo permite viajar con 10.000 euros en efectivo sin declarar.
Los hombres, que llevaban los billetes escondidos en dobles ocultos de varias mochilas, alegaron que invertirían el dinero en la compra de un comercio en Colombia. Según publicó ABC, Boye habría desarrollado luego la estrategia jurídica para justificar el origen ilícito de aquel dinero. De acuerdo a información publicada por El País, en el sumario de la causa habría sido señalada una reunión de 2017 en la que presuntamente participaron varios integrantes de la trama y el propio Boye para recuperar los fondos incautados en el aeropuerto madrileño.
Defensa de Miñanco
La Audiencia Nacional no ha sido la única en investigar a la "organización criminal" de Miñanco. El año pasado, la Audiencia Provincial de Pontevedra acordó procesar al narcotraficante por un delito de blanqueo de capitales.
En aquella ocasión, Boye ejerció la defensa e intentó suspender el juicio contra su cliente. Aunque en un primer momento lo logró, finalmente la vista oral se celebró y Prado Bugallo fue condenado a cuatro años de prisión y fue multado con seis millones de euros.
Los jueces consideraron acreditado en la sentencia que todos los acusados -Miñanco y parte de su familia- "participaron activamente de forma fundamental en el conjunto de actos a través de los que pretendían lavar el dinero procedente del narcotráfico". En la Audiencia Nacional aún continúan las pesquisas contra la red criminal cuyo dinero habría blanqueado Boye.
