La reacción de la Justicia a la ola de violencia en Cataluña tras la sentencia del procés ha cercado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que en menos de un mes, el 18 de noviembre, afronta un juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el que la Fiscalía buscará su inhabilitación durante un año y ocho meses por un delito de desobediencia al negarse a quitar los lazos amarillos en las elecciones generales de 28 abril de 2019.
Precisamente en esta causa, en la que el ministerio público reclama a Torra una multa de 30.000 euros, los encargados de la defensa de Torra son los abogados Isabel Elbal y Gonzalo Boye. Este último, que también es letrado del expresident Carles Puigdemont, ha sido imputado este lunes por la magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, por el presunto blanqueo de capitales de la "organización criminal" dirigida por el capo gallego de la droga José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco.
Mientras Torra afronta su más que probable inhabilitación por los lazos amarillos, en la Audiencia Nacional el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, y el juez de refuerzo, Alejandro Abascal, investigan a los Comités de Defensa de la República (CDR) y al colectivo Tsunami Democràtic por un delito de terrorismo.
ERT desarticulado
Estas otras causas también salpican a Torra, en cuyos sumarios aparece en varias conversaciones grabadas con los CDR, según la información adelantada por la Cadena Ser. Fuentes jurídicas explican a Vozpópuli que las detenciones y posterior ingreso en prisión provisional de siete integrantes del denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT) de los CDR permitió que la respuesta de los independentistas radicales a la sentencia del procés fuera menos virulenta.
Los agentes de la Guardia Civil que ejercieron como Policía Judicial en el procés ya acusaron a los CDR de ser "una pieza clave para la movilización popular" tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, según indica un informe de 15 de febrero en el que se analiza el contenido de los correos electrónicos de los dirigentes soberanistas.
Además, en Cataluña, la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra han puesto a disposición judicial a 129 detenidos en las cuatro provincias catalanas por la violencia que no ha condenado Torra. Más bien al contrario, el presidente catalán ha alentado a los manifestantes a que protesten contra la sentencia redactada por el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena.
Prisión provisional
En concreto, los actos violentos de Cataluña, según la información oficial facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ponen de manifiesto que casi una veintena de jueces han decretado prisión provisional contra al menos 28 manifestantes violentos, mientras que han acordado que otros 89 arrestados queden libres, aunque con medidas cautelares, como por ejemplo, la prohibición de participar en manifestaciones.
La negativa de Torra a condenar de forma expresa esta violencia está en el origen de la negativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a contestar las llamadas del máximo responsable de la Generalitat, que previsiblemente será inhabilitado por un tribunal en el que participa el presidente del TSJ catalán, Jesús Barrientos Pacho. Este magistrado fue autor de unas declaraciones en favor de la retirada de los lazos amarillos en los edificios y dependencias públicas en aras de preservar el equilibrio político y la neutralidad de las instituciones.
El ministerio público puso de manifiesto el "desprecio" de Torra, que es presidente de Cataluña desde el 17 mayo 2018, a acatar la orden que la Junta Electoral Central dictó el 11 de marzo de 2019, a raíz de una denuncia presentada por Ciudadanos, para que quitara los lazos y "esteladas" de los edificios públicos durante la campaña.
Josep Lluís Salvadó
Tan solo un día después del inicio del juicio a Torra, el 19 de noviembre, el TSJ catalán interrogará como imputado al ex secretario de Hacienda de la Generalitat, y ahora diputado de ERC, Josep Lluís Salvadó, como presunto autor de los delitos de malversación de fondos públicos, revelación de secretos y desobediencia grave. El tribunal le atribuye un papel preponderante en "la hoja de ruta prevista para alcanzar la independencia de Cataluña por la vía unilateral, contra las sentencias y mandatos del Tribunal Constitucional".
Asimismo, el letrado de la Sala Civil y Penal del TSJ catalán ha fijado para el 28 de noviembre el inicio del juicio por desobediencia contra varios exmiembros de la Mesa del Parlament y una exdiputada de esta institución. En concreto, se trata de Lluís Corominas (PDeCAT), Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet (PDeCAT), Joan Josep Nuet (Catalunya Sí Que Es Pot), Lluís Guinó (PDeCAT) y Mireia Boya (CUP).
El frente judicial contra los independentistas se completa con las pesquisas abiertas por el magistrado del Supremo Pablo Llarena, quien ha reactivado la orden de detención contra Carles Puigdemont.
En el Tribunal Constitucional, sus magistrados reactivarán en las próximas semanas una quincena de ponencias derivadas de los recursos de amparo interpuestos por los presos, que el lunes 14 de octubre fueron condenados por sedición y malversación.
