La Comisión Europea (CE) evitó este viernes comentar el recurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al reparto de los fondos europeos en España y señaló que espera que el plan de recuperación sea desplegado tal y como acordó con las autoridades comunitarias.
En una rueda de prensa, la portavoz de Economía del Ejecutivo comunitario Veerle Nuts, dijo que la institución "no comenta acontecimientos que tienen naturaleza nacional". También recalcó que Bruselas no entra a valorar el "posible impacto" del recurso de Ayuso en la aplicación del plan, pero subrayó que "la Comisión espera realmente que el plan español sea implementado tal y como ha sido acordado con la Unión".
La portavoz, sin embargo, recordó que los planes de recuperación de los Estados miembros deben incluir un "marco de control" adecuado y "proporcionado" a la naturaleza "única" de los mismos y al programa de gasto de cada uno.
"Salvaguardar el interés financiero de la Unión"
El "principal instrumento" para "salvaguardar el interés financiero de la Unión" son los sistemas de control diseñados a nivel nacional que los países deben comunicar a las autoridades comunitarias para demostrar que son eficaces en la prevención, detección y corrección de posibles conflictos de interés o casos de corrupción y fraude. "Los Estados miembros los deben explicar y España explicó las disposiciones relevantes de su plan para conseguir justo esto", destacó la portavoz.
Además, el Ejecutivo comunitario enfatizó que cada Estado miembro debe firmar una "declaración de gestión" con cada solicitud de pago en el que se compromete a que los recursos sean utilizados para su "objetivo original".
En este contexto, Bruselas establecerá su "propio sistema de control de riesgos" para evaluar que así sea y la portavoz afirmó que el despliegue de los fondos de recuperación también podrá ser supervisado por instituciones como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) o el Tribunal de Cuentas si fuera necesario.
La portavoz añadió que la Comisión Europea podrá obligar a un país en el que ha detectado "irregularidades serias" a recuperar los fondos incluso si previamente han sido cumplidos todos los hitos y objetivos que facilitaron el desembolso.
