El ex director general adjunto de Caixanova Gregorio Gorriarán se ha defendido de las acusaciones que le han sentado de nuevo en el banquillo de la Audiencia Nacional por un delito de administración desleal. Y lo ha hecho atacando. El banquero, uno de los primeros en ingresar en prisión en España, ha protagonizado las dos primeras jornadas del juicio con un intenso interrogatorio en el que ha cargado contra la fiscal Inmaculada Violán con lecciones sobre la causa.
"Fíjese usted, si fuera tan amable de repetirme la pregunta, porque creo que lo que usted me está preguntando no tiene nada que ver con esta causa", ha dicho a la representante del Ministerio público en uno de los rifirrafe que se ha extendido durante unos 10 minutos antes de que fuese moderado por la magistrada Ángela Murillo.
Gorriarán ha defendido con vehemencia el préstamo de 67 millones de euros concedido en 2007 por Caixanova a la mercantil Rivas ACI S.L para la compra de terrenos en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid destinados a la construcción de vivienda protegida. El banquero ha explicado que era un "préstamo importante" para la entidad, "no solo por su importe, sino por lo que llevaba detrás".
Aquella operación finalmente fallida, una de las siete notificadas como sospechosas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a la Fiscalía anticorrupción, ocasionó un perjuicio de 41,8 millones de euros.
Según explica el Ministerio público en su escrito de acusación, los exdirectivos -entre ellos Gorriarán- no explicaron los riesgos al Consejo de Administración e ignoraron las advertencias de los analistas en las que se avisaba de los primeros indicios de la crisis inmobiliaria y se recomendaba no asumir el crédito en solitario. El ex director general adjunto de Caixanova ha admitido en sede judicial que los especialistas advirtieron del frenazo que daría el sector, pero ha defendido que descartaron las advertencias al escuchar la opinión del tasador de Rivas ACI S.L.
Sociedad vinculada
Otro de los puntos álgidos del interrogatorio ha sido la participación del hermano de Gorriarán en la mercantil que recibió el préstamo de la extinta caja de ahorros. El que fuera director general adjunto se ha emocionado después de que la Sala hiciera hincapié en que su hermano poseía un 6% de una sociedad participada por Caixanova vinculada a la operación de Rivas ACI S.L. "Se siente culpable por estar yo aquí", ha dicho entre lágrimas.
Gorriarán ha asegurado que no estaba al tanto de los negocios del familiar, ya que, según ha dicho, "no comentaba nada ni de esto ni de las 24 promociones inmobiliarias que estaba desarrollando en otras zonas". El ex director general de Caixanova José Luis Pego ha negado cualquier trato de favor hacia el hermano del exdirectivo. De hecho, ha añadido que "muchas más personas dentro de la caja" sabían que la compañía del aludido se encontraba detrás del proyecto, por lo que nunca fue información "oculta".
Respaldo del Banco de España
Al igual que Gorriarán, el expresidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso ha defendido -de forma más comedida- la gestión de la entidad y ha recordado que tenía el respaldo del órgano supervisor. "Para el Banco de España esta operación fue normal. Este es un hecho importantísimo. El Banco de España emite un informe de la auditoría completa de la caja en julio de 2009. En esa inspección se dice que han analizado la operación de Rivas y que merece la calificación de normal, que es la matricula de honor", ha asegurado el banquero.
A las declaración de Gayoso, Gorriarán y Pego, este miércoles se sumará la del también exdirectivo Domingo González Mera. Los cuatro banqueros están acusados de un delito societario en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta de patrimonio social. La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden cuatro años de prisión; Abanca, por su parte, requiere penas de tres años de cárcel para cada uno.
Es la segunda vez que la excúpula de Caixanova se sienta en el banquillo. La Audiencia Nacional ya les condenó en 2015 a dos años de prisión por el cobro de una indemnización millonaria que se autoconcedieron antes de abandonar la entidad. En el caso de Pego y Gorriarán, ambos fueron condenados por el Tribunal Supremo al pago de 6,4 millones y 3,9 millones de euros respectivamente por el cobro de sus prejubilaciones.
