José Domingo (Barcelona, 1959) lleva décadas luchando contra el nacionalismo en Cataluña. De 2006 a 2009 lo hizo desde el Parlamento catalán. Nacido en el barrio del Verdún, es hijo de granadinos. De joven simpatizó en el Partido del Trabajo de España, se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1981 y es letrado de la Seguridad Social desde 1989. Ha formado y forma parte de diversas asociaciones desde las que ha promovido múltiples manifestaciones e iniciativas.
Actualmente, preside la entidad constitucionalista Impulso Ciudadano, entidad que fundó en 2009 y que se destaca por la defensa de la neutralidad institucional. Acaba de publicar un informe denunciando el incumplimiento de la Ley de Banderas en los ayuntamientos catalanes. En 2018, el Foro para la Concordia Civil le concedió el Premio por la Defensa de los Derechos y Libertades Constitucionales. También participó en la creación de Societat Civil Catalana de la que llegó a ser vicepresidente. Aunque ahora no tiene ningún cargo orgánico.
En los últimos tiempos ha cobrado relevancia por ser uno de los fundadores de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) que preside Ana Losada y que lleva años batallando por los derechos lingüísticos de los alumnos, padres y profesores en las aulas catalanas.
Aunque su frenética actividad ya es conocida en Cataluña, pocos saben que Domingo -como vocal asesor de la AEB- es el 'cerebro jurídico' que está detrás de los recursos de las familias que, como la de Canet de Mar, están luchando por conseguir que los colegios catalanes cumplan con la sentencia del TSJC que los obliga a impartir un mínimo del 25% de clases en castellano y en catalán.
P: ¿Cuánto tiempo lleva defendiendo a las familias que piden el 25% de castellano en los tribunales?
R: Empecé a asesorar en temas de derechos lingüísticos a finales de la década de los 90. Hay que indicar que las familias lo que piden es la aplicación del modelo de conjunción lingüística, esto es enseñanza en castellano y en catalán de una manera equilibrada. La proporción de una u otra lengua se ha de fijar en los proyectos lingüísticos de los centros educativos en función de la realidad social con un porcentaje mínimo del 25% en castellano y en catalán.
P: ¿Cuántos casos similares al de Canet de Mar ha llevado hasta la fecha?
R: Calculo que la Asamblea por una Escuela Bilingüe habrá asesorado en la interposición de recursos contencioso-administrativo a unas cuarenta familias desde su fundación en 2014. En estos últimos años otros muchos padres y madres han presentado peticiones en sede administrativa que, finalmente, no han llegado a materializarse en una demanda.
P: ¿Qué ha supuesto la sentencia del TSJC y el posterior aval del Supremo para los defensores del bilingüismo?
R: Las consecuencias de la nueva doctrina son enormes. Desde el año 2010, a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía, el cambio estaba anunciado: el modelo constitucional en Cataluña era el de conjunción lingüística y no el de inmersión obligatoria. Eso conllevaba que catalán y castellano debían ser lenguas vehiculares en la enseñanza. Los tribunales han ido avanzando poco a poco en la introducción del castellano como lengua vehicular. Primero, se hizo a nivel de atención individualizada, después en el grupo clase del alumno y, a principios de este año, se han anulado los primeros proyectos lingüísticos de los centros educativos.
En la sentencia de diciembre de 2020, confirmada por el Tribunal Supremo recientemente, ya se obliga a cambiar en su integridad todo el sistema educativo catalán en la enseñanza no universitaria. Ahora le toca a la Generalitat aplicar el nuevo modelo de mínimos. Si no lo hace voluntariamente, lo tendrá que hacer mediante ejecución forzosa. Confiamos en que en el próximo curso académico ya podamos disponer de un modelo algo más respetuoso con los derechos lingüísticos de todos los alumnos catalanes.
Canet, una "prueba piloto"
P: ¿Por qué cree que el caso de Canet de Mar ha levantado más ampollas que otros anteriores?
R: Porque el Departamento de Educación ha decidido hacer un 'coup de force' en ese colegio. Era el primero en el que se tenía que aplicar la educación bilingüe después de que la sentencia del TSJC de modificación del régimen lingüístico del sistema educativo catalán alcanzará firmeza.
La movilización en contra de las medidas no ha sido espontánea, ha sido diseñada por el Departamento para amedrentar a la familia solicitante de la educación bilingüe a fin de lograr que desista de sus derechos. Lo han utilizado como prueba piloto. Si conseguían neutralizar la escuela de Canet de Mar transmitían a la sociedad española que las resoluciones judiciales contrarias a la inmersión no se cumplen en Cataluña. Llevan tiempo reclamando un estatus especial para la lengua catalana que impida el control judicial de los excesos nacionalistas. Consideran que el derecho a la escolarización exclusiva en la lengua catalana es derecho natural y éste no puede ser sometido al control de los tribunales terrenales, en este caso españoles.
P: ¿Cree que el acoso padecido por la familia de Canet de Mar va a suponer un punto de inflexión? ¿Va a cambiar el sistema educativo en Cataluña?
R: El actual modelo lingüístico del sistema educativo catalán con la inmersión lingüística obligatoria en catalán para todos los alumnos catalanes es ilegal, según han afirmado los tribunales. Por lo tanto, no hay más remedio que aplicar la sentencia. Los argumentos que se están dando para eludir el cumplimiento de la sentencia son ridículos desde un punto de vista intelectual.
En Cataluña las lenguas oficiales deben ser enseñadas con normalidad en los centros educativos y cuanto antes asuman ese hecho nuestros dirigentes, la sociedad española, y en especial la catalana, se ahorrarán conflictos innecesarios y estériles. El modelo de conjunción lingüística va a inundar todos los campos porque las espuertas se han abierto y poco a poco llegará el agua bilingüe a todos los centros educativos.
P: ¿Qué opina sobre las manifestaciones convocadas por el independentismo en la puerta del colegio de Canet?
R: La Asamblea por una Escuela Bilingüe pidió al Departamento de Interior que alejará la cabecera de la manifestación de las puertas de la escuela. La voluntad era clara: amedrentar a la familia que ha pedido la educación bilingüe y hacerla desistir. Los convocantes eran una parte del engranaje que se ha puesto en marcha por la maquinaria nacionalista. Finalmente, fueron muy pocos y no han conseguido su objetivo. La familia está más firme que nunca en la defensa de sus derechos lingüísticos.
P: ¿Qué le parece que CCOO y UGT se sumen a la protesta contra el 25% de clases en español?
R: No siempre los sindicatos han estado a favor de la inmersión lingüística. En los años 80, UGT mantuvo una rotunda oposición al modelo educativo exclusivamente en lengua catalana. Teóricamente, las actividades de los sindicatos en el mundo de la enseñanza deberían tener como fin la defensa de una escuela que trate de compensar las desigualdades y que trabaje para evitar cualquier tipo de discriminación, también la lingüística.
Sin embargo, los sindicatos en una sociedad bilingüe como la catalana apoyan a Som Escola, un movimiento que promueve la enseñanza sólo en lengua catalana. No sabría decir si la adhesión de los sindicatos a este tipo de plataformas que favorecen la exclusión social de una parte muy importante de la sociedad catalana tiene que ver con las convicciones o con la dependencia económica de las Administraciones públicas. Sea una u otra la razón, es lamentable que los sindicatos se alineen con movimientos supremacistas y excluyentes.
P: La familia de Canet ha publicado una carta abierta en la que pide a otros padres valentía y que reclamen democráticamente sus derechos. ¿Cree que va a ocurrir lo mismo en otras tantas escuelas de Cataluña?
R: El objetivo no es continuar con el rosario de peticiones individuales. Lo ideal sería que el Departamento de Educación dictará unas instrucciones con carácter general, dirigidas a todos los centros educativos, fijando los criterios que deben aplicarse en los proyectos lingüísticos. Es el momento de fijar los criterios pedagógicos en función de la realidad sociolingüística de cada zona y eso le corresponde hacerlo a las Administraciones educativas; debe ser la inspección educativa la encargada de velar que las escuelas, colegios e institutos apliquen el modelo bilingüe, conforme han establecido los tribunales.
No obstante, si la Consejería de Educación materializa su amenaza y no cumple con la sentencia; y el Gobierno de España opta por mirar hacia otro lado, deberán ser las asociaciones y las familias las que nuevamente tendrán que liderar la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Desearíamos que las autoridades educativas no vuelvan a someter a la sociedad catalana a una nueva situación de estrés constitucional. Nos merecemos una época de tranquilidad institucional.
P: ¿Cuántas familias se han puesto en contacto con la AEB para iniciar el mismo procedimiento que la de Canet de Mar?
R: La trascendencia que han tenido los últimos acontecimientos y el desafío que han llevado a efecto los políticos nacionalistas de corte identitario, ha llevado a cientos de personas en estos días a ponerse en contacto con la Asamblea por una Escuela Bilingüe para que gestionemos las peticiones por los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes y por el bilingüismo. Estamos desbordados y no hemos podido contestar a todas las personas que han mostrado interés en conseguir una escuela en castellano y en catalán.
Carga contra Borràs
P: Borràs ha planteado que el consejero de Educación asuma la dirección de los centros para blindar el catalán. ¿Qué medidas van a tomar desde la AEB?
R: Borràs está haciendo electoralismo barato en su lucha de poder con ERC. Sabe perfectamente que eso es inviable porque la Ley Orgánica de Educación garantiza la autonomía a los centros educativos. Lo que pretende es que el conseller desobedezca y no cumpla las sentencias. El conseller es un nacionalista radical, pero sabe que desobedecer las resoluciones judiciales conlleva graves consecuencias de orden personal. Los consejos de Borràs están cargados de veneno.
P: Las autoridades catalanas y diversos organismos repiten estos días que el 82% de los catalanes está a favor de la inmersión en catalán. ¿Cómo responde usted a ese dato? ¿Cree en ese amplio respaldo?
R: El nacionalismo siempre saca a colación el mantra del 80. Según su argumentario, son sólo 80 las familias que quieren la enseñanza también en castellano, y también eran el 80% los que supuestamente estaban a favor del referéndum independentista. Es una cifra icónica para ellos que nunca se soporta en datos fidedignos. Curiosamente, ni el CIS español ni el CEO catalán han preguntado nunca a los catalanes ni al conjunto de los españoles sobre el modelo lingüístico en las escuelas. No les interesa conocer la realidad, quieren seguir inventando mitos y cifras porque en ese terreno se encuentran muy cómodos.
