La Fiscalía Anticorrupción reclama seis años de cárcel para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González así como para el exdirector gerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, por presuntos amaños en la adjudicación del campo de la empresa pública de aguas. El Ministerio Público presenta su escrito de acusación en el marco de esta pieza segunda del caso Lezo en la que también actúa contra su hermano Pablo González y los empresarios José Antonio Clemente y José Caballero.
La fiscal al frente de esta macrocausa en la que se investigan presuntas irregularidades en el seno del Canal atribuye a todos ellos dos delitos de cohecho, lo que supone un total de 6 años de cárcel, inhabilitaciones para el carago público de 16 años y multa que supera el medio millón de euros. El Ministerio Público presenta su escrito después de que el magistrado Manuel García Castellón les procesara dejándoles al borde del banquillo por estos hechos.
Los mismos tuvieron lugar mientras González era vicepresidente del Ejecutivo de Esperanza Aguirre y presidente del Canal. La Fiscalía sostiene que el exdirigente del PP madrileño impulsó la tramitación de un concurso que se adjudicó a Dragados. Sin embargo, convino con la constructora que subcontratara estos trabajos a la UTE que integraban una serie de empresas, entre ellas una participada por su hermano Pablo. Se trata de la mercantil Tecnoconcret integrada también por los empresarios Clemente y José Caballero (este último cuñado del exmandatario regional).
Proyecto de 58 millones
"La actuación conjunta de los acusados permitió que TCT (Tecnconcret), empresa sin capacidad técnica para efectuar ninguno de los trabajos encomendados, se interpusiera innecesariamente y se beneficiara indebidamente con ambas adjudicaciones obteniendo un beneficio de, al menos, 504.780 euros financiado con los fondos públicos asignados a tales contrataciones", alega Anticorrupción. El proyecto, que contaba con un presupuesto inicial de 58,5 millones de euros consistía en remodelar el depósito de aguas e impulsar la creación de jardines, estanques, un campo de fútbol y hasta un helipuerto.
Sin embargo la principal acusación de Lezo advierte que en el año 2004 este proyecto inicial sufrió modificaciones y eliminaron la propuesta de helipuerto por un campo de golf. En vez de propiciar un nuevo concurso (dado que estos cambios implicaban un aumento del 38% del presupuesto) simplemente lo modificaron, garantizándose la continuidad de sus planes. Según los responsables del Canal, se optó por la UTE elegida porque presentaba la oferta más económica pero el acuerdo alcanzado con Dragados conllevó que el contrato inicial de 160.204 euros acabara ampliándose a 3 millones de euros.
Además, la Fiscalía advierte que los procesados en esta pieza segunda del caso Lezo, se repartieron los beneficios de la facturación, de forma que Pablo González se hizo con poco más de 101.000 euros mientras sus socios en el proyecto se asignaron 71.199 euros en el caso de Clemente y 94.425 euros en el caso de Caballero. "Aunque, según sus acuerdos particulares, los tres acusados participaban a partes iguales en le capital de la sociedad, en la distribución de esos beneficios no se respetaron esos porcentajes, seguramente al primar en los dos primeros la relación familiar que les unía con Ignacio González", reza el escrito.
De este modo, la Fiscalía suma un escrito más a esta macrocausa en la que ya hay varias líneas de investigación pendientes de ser juzgadas. Entre ellas se encuentra la relativa a la compra de la brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II o las presuntas mordidas pagadas para la concesión del proyecto de tren de Navalcarnero que fue a parar a manos de OHL. Por estos hechos se sentarán en el banquillo de los acusados el empresario Javier López Madrid además de Ignacio González, para quien la Fiscalía pide otros seis años de prisión.
