El magistrado que investiga el caso Villarejo ha sacado de este procedimiento la parte relativa a la campaña de acoso que sufrieron Luis Bárcenas y quien fuera su abogado, Javier Gómez de Liaño, en plena trama Gürtel. El instructor acuerda, por un lado, archivar la imputación al comisario jubilado, a Francisco Martínez (quien fuera número dos de Interior) y al exDAO Eugenio Pino y, por otro, remite esta línea de investigación a su lugar de procedencia: los juzgados de Marbella.
Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el que el juez da carpetazo a esta línea de investigación del caso Villarejo que se ha seguido en la pieza 36 de la macrocausa. En el marco de la misma se ha investigado la presunta campaña de acoso que vivieron el extesorero del Partido Popular y su entonces abogado en un momento en que el político se había dispuesto a tirar de la manta sobre la trama Gürtel.
El juez explica todas las diligencias que se han practicado desde que se aceptó la inhibición del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella. Al respecto alega que sí hay indicios de la comisión de un delito de coacciones contra Gómez de Liaño a tenor del correo electrónico que enviaron a su cuenta de correo en octubre de 2014 con cuatro archivos de audio en los que se hacía expresa referencia a pagos presuntamente irregulares y a la posibilidad de iniciar una investigación en su contra por delito fiscal y blanqueo de capitales.
Coacciones a Bárcenas y su abogado
Por ese motivo remite la causa al juzgado inicial que encontró estos archivos de audio en el marco de otras diligencias. El juez del caso Villarejo explica que la Audiencia Nacional no es competente para investigar estas presuntas amenazas al que fuera magistrado de este ente y que debe ser el Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella el que continúe con las pesquisas por ser el que las arrancó en 2021.
En relación a los imputados a los que ahora archiva la causa, explica que no hay indicios de comisión de delito de todos ellos, pese a que sí ha puesto de manifiesto "de manera indiciaria" que Villarejo maniobró para obtener información sobre supuestos pagos de Gómez de Liaño a Zakhar Kalashov. Se trata del jefe de una mafia ruso-georgiana y persona vinculada a Villarejo quien aparece en numerosas ocasiones en sus famosas agendas.
El juez explica que Villarejo, tras acometer estas investigaciones, pudo dar cuenta de las mismas "a sus superiores en el Ministerio del Interior", esto es, los investigados Eugenio Pino y Francisco Martínez. "Sin embargo no constan indicios de la comisión de delito en la ejecución de tales actuaciones y no consta siquiera que las mismas estuvieran conectadas con el papel que Javier Gómez de Liaño desempañaba como letrado de Luis Bárcenas en el caso Gürtel", indica el auto.
Del mismo modo, archiva también las diligencias para los hasta ahora investigados José Aliste Martín y Oscar Jiménez (ambos abogados) apuntando que no consta que tuvieran participación alguna en el envío de correo con los archivos de audio que se remitieron al despacho de Gómez de Liaño para coaccionarle.
Sin vínculo con la Kitchen
De esta forma las diligencias se derivan a Marbella con el foco puesto en los todavía imputados José Luis Moreno Cela, Mónica Gil Manzano y Juan Ramón Díaz Moro, implicados todos ellos en los famosos archivos de audio que se remitieron a la Audiencia Nacional. Para entender el origen de esta línea separada del caso Villarejo que ahora toca a su fin hay que remontarse a febrero de 2022.
Entonces un juzgado de Marbella decidió investigar cuatro audios que aparecieron en el marco de un registro al domicilio de Halit Sahitaj; intermediario de Zakhar Kalashov. En dicha entrada se tuvo acceso a una dirección de correo electrónico a la que se habían enviado cuatro archivos de audio que fueron remitidos al despacho de Gómez de Liaño.
La titular del juzgado marbellí vio que había conexión con el caso Villarejo, y más en concreto con la trama Kitchen, relativa a un espionaje a Luis Bárcenas, y se inhibió en favor de la Audiencia Nacional. A su juicio estas pruebas "pondrían de manifiesto un encargo realizado por terceras personas vinculadas al Partido Popular a fin de conseguir, mediante presiones a Luis Bárcenas y a su entonces letrado Javier Gómez de Liaño, que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el PP".
Tras ello la Unidad de Asuntos Internos de la Policía transcribió los audios e identificó a José Luis Moreno Cela, Juan Ramón Díaz Moro y Mónica Gil Manzano como autores de los mismos. Además, la Policía estableció la conexión con el caso Villarejo puesto que apeló a las agendas de comisario en las que se alude a gestiones con Halit Sahitaj y también con Kalashov.
Gómez de Liaño, doble perjudicado en el caso Villarejo
Así pues el juez accedió en un primer momento a investigar estos hechos dentro de la trama Kitchen pero, tras ello, cambió de opinión y llevó todo este asunto a una pieza separada que terminó archivando en noviembre de 2022. La Fiscalía Anticorrupción recurrió entonces el archivo y la Sala de lo Penal ordenó que se investigaran los hechos.
De esta manera desfilaron por el juzgado los imputados, uno de los cuáles reconoció que el de audio era él mismo. También declararon Bárcenas y Gómez de Liaño. Este último, que también ostenta la condición de perjudicado en otra línea abierta en esta causa por el caso Sogecable, explicó en sede judicial en mayo del año pasado que se sintió extremadamente vigilado y acosado entre los años 2013 y 2015, cuando llevó la defensa de Bárcenas.
Del mismo modo negó que hubiera cobrado dinero alguno del entorno de Kalashov ni que tuviera fondos en Suiza. Sí djio que existió un cúmulo de intoxicación tan grande en aquel momento que dos personas del CNI se acercaron a su entonces secretaria de la Audiencia Nacional, donde ejerció como magistrado instructor, para que filtrara trapos sucios suyos a cambio de protegerla en un futuro. Este asunto se llegó a investigar en los juzgados.
De esta forma el juez siguió tirando del hilo y citó a María Dolores de Cospedal, toda vez que en el momento de los hechos era secretaria general del PP. En su comparecencia, celebrada el pasado mes de noviembre, negó presiones de ningún tipo a Bárcenas, pero sí reconoció reuniones en Génova con Villarejo.
Tras ello, el juez citó como imputados a Francisco Martínez, en el momento de los hechos secretario de Estado de Seguridad, y también al exDAO Eugenio Pino. Ambos declararon en febrero negando cualquier campaña de coacción.
Ahora, la investigación que cogió vuelo gracias a la Fiscalía Anticorrupción se deriva a Málaga a petición de la misma, aunque se ciñe exclusivamente a los protagonistas del audio que recibió el abogado de Bárcenas y que se investigará por presuntas coacciones.
