La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha acusado al abogado Carlos Leal de convertir su despacho, Estudios Jurídicos Villasís, en "un centro de lavado" de las ganancias obtenidas en comisiones por el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, a cuyo entramado societario habría abonado 1.156.131 euros "mediante facturación falsa por servicios inexistentes".
En el auto por el que la juez acordaba el ingreso en prisión de Carlos Leal eludible bajo fianza de 150.000 euros, cantidad que el imputado depositó esta madrugada y que posibilitó su inmediata puesta en libertad, la magistrada Mercedes Alaya concluye que Lanzas fue "una figura trascendental" para los negocios de Estudios Jurídicos Villasís, y de hecho "se dio de alta" en dicho bufete entre los días 18 y 28 de febrero de 2011, "teniendo asignado un sueldo de 22.000 euros al año".
En dicho auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez dice que Juan Lanzas y Carlos Leal "se prestarían servicios recíprocamente", ya que el 'conseguidor' "proporcionaría" al abogado diversos clientes "por sus conocimientos e influencias en sindicatos y en la Junta" y, a su vez, "encontraría en Estudios Jurídicos Villasís la apariencia necesaria para desarrollar su trabajo de 'conseguidor', que le proporcionó pingües beneficios cercanos a los 13 millones de euros".
Al hilo, la juez subraya que Lanzas habría utilizado dicho bufete "como un centro de lavado" de dinero pues, mediante las facturas elaboradas por el presunto 'testaferro' Eduardo Leal del Real, el abogado "blanquearía las ganancias ilícitas obtenidas por Lanzas, y ello a cambio de la contraprestación oportuna, clientes y dinero, pues Eduardo Leal" entregaría al letrado imputado "sobres con dinero".
En definitiva, señala la magistrada, Estudios Jurídicos Villasís "se habría convertido en un centro de blanqueo de las ganancias obtenidas por su empleado Juan Lanzas, elaborándose y abonándose por el despacho facturas falsas por servicios inexistentes al entorno societario de su máximo conseguidor", todo ello "a fin de borrar el origen ilícito del dinero obtenido por ésta basado en comisiones ilícitas por su presunto tráfico de influencias, gran parte de las cuales tendrían su origen en fondos públicos".
Reparto de ganancias
"Era tal la cobertura a todos los niveles que le ofrecía Estudios Jurídicos Villasís a Juan Lanzas que sólo puede pensarse en una distribución de las ganancias entre ambos", argumenta la juez, quien asevera que el 'conseguidor', a través de este despacho, "termina participando en todo el pastel".
En el auto, de 44 páginas, la magistrada dice que Carlos Leal, "valiéndose de sus contactos e influencias" tanto en la Junta como con los sindicatos, participó desde el año 2001 en determinados procesos de negociación y concesión de ayudas sociolaborales instrumentalizados a través de pólizas de renta, los cuales finalmente "obtenían financiación pública en detrimento de otras empresas y trabajadores que no tenían tales contactos" y que "no conocían las subvenciones sociolaborales por su falta de publicidad".
La juez añade que "en este ambiente de cierto privilegio, pues sus altos honorarios estaban garantizados por fondos públicos de una forma u otra", Carlos Leal también intervino en el proceso posterior, cuando la ayuda ya había sido comprometida a través de las asociaciones de extrabajadores que él constituía.
