El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso presentado por el PP contra el fondo catalán que sirvió para avalar a excargos del Govern ante el Tribunal de Cuentas, que reclamaba una fianza de 5,4 millones de euros en concepto de responsabilidad contable por el uso presuntamente irregular de fondos en la acción exterior de la Generalitat de Cataluña.
Según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles, el Pleno del tribunal de garantías estudiará el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados del PP contra el Decreto-ley 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña.
La decisión del Constitucional tiene lugar después de que los 'populares' presentaran, el pasado octubre, su escrito contra el decreto por el que se dotaba de 10 millones de euros al fondo complementario con el que Instituto Catalán de Finanzas (ICF) avalaba las fianzas de los dirigentes independentistas encausados por el Tribunal de Cuentas por la acción exterior desempeñada entre 2011 y 2017.
Cabe recordar que la delegada instructora del órgano fiscalizador rechazó los 28 avales presentados por excargos del Govern para cubrir su parte de la fianza de 5,4 millones de euros.
El fondo de la Generalitat de Cataluña
Consideró que "atendiendo a la coherencia del sistema de indemnidad del agente público", y a la interpretación de las normas jurídicas conforme al artículo 3 del Código Civil, "el afianzamiento mediante aval garantizado con fondos públicos de las conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave no puede quedar legalmente amparado".
El Pleno del TC analizará si el Decreto-ley por el que se creó el fondo público con el que se pretendía avalar dichas fianzas es o no constitucional.
Ahora, el Pleno del TC analizará si el Decreto-ley por el que se creó el fondo público con el que se pretendía avalar dichas fianzas es o no constitucional.
Empleo público
En BOE de este miércoles también consta que en su último Pleno el tribunal de garantías ha admitido a trámite otros tres recursos -todos interpuestos por Vox-: el primero, relativo a la temporalidad en el empleo público; el segundo y el tercero, relacionados con las medidas para la gestión de la pandemia.
Así, el Constitucional estudiará el recuso contra el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Desde la formación liderada por Santiago Abascal han dado por hecho que se declarará inconstitucional porque no concurría "ninguna situación de urgencia y necesidad" para aprobar estos cambios legales vía decreto.
Vox ha asegurado que se trata de un decreto "injusto" y que "va a perpetuar el fraude en la contratación que supone el abuso de la temporalidad" y "va a cronificar la precariedad laboral, tanto del personal laboral como de los funcionarios interinos".
Asimismo, el tribunal analizará el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo segundo, punto 2, del Real Decreto-Ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.
Ese punto concreto del Real Decreto suspendía hasta el 31 de octubre de 2021 el procedimiento de desahucio y los lanzamientos para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en los supuestos de los apartados 2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros en los que el desahucio traiga causa de un procedimiento penal.
Además, abordará el recurso contra el Decreto-ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de covid-19 en Canarias. La formación critica los artículos 14 y 9, que establecen la obligatoriedad de la vacunación y la imposición de mascarillas en menores a partir de los 6 años.
