La Consejería de Acción Exterior del Govern quiere blindar a sus empleados de futuras investigaciones del Tribunal de Cuentas. La nueva consejera Victòria Alsina trabaja en una estrategia que evite los "costes asociados" de cualquier conferencia o evento en el exterior que sirva para promocionar Cataluña y su agenda política. Para ello, potenciará los actos 'online' con el fin de que no generen costes susceptibles de ser investigados por el Tribunal de Cuentas como un posible delito de malversación.
Desde 2012 a 2017 el Tribunal de Cuentas calcula que la Generalitat ha gastado al menos 4,8 millones de 2011 a 2017 para internacionalizar el proceso independentista y esto ha motivado la investigación de la Fiscalía por los delitos de prevaricación, malversación de caudales y falsedad en documento oficial.
A la espera de que el Tribunal de Cuentas comunique a finales de junio a los afectados (el ex 'conseller' Raül Romeva, el ex director del Diplocat, Albert Royo, o el eurodiputado de ERC Jordi Solé, entre otros) el total de la liquidación, la consejera quiere cortar en seco la apertura de nuevas diligencias de este tipo.
Como informó Vozpópuli, la cantidad millonaria que se exige a todas estos dirigentes y altos por su participación en el procés ha situado al nacionalismo en una situación extrema, dejando a las llamadas 'cajas de solidaridad' que gestionaban la Assamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural sin dinero para afrontar la fianzas. Y con el riesgo de que se inicie el embargo de bienes después de junio.
Reuniones discretas
La propia titular de Acción Exterior no ha escondido en una entrevista este lunes en Catalunya Ràdio que "las nuevas tecnologías" ofrecen ventajas para evitar "las agresiones del Tribunal de Cuentas". "Hemos de ser inteligentes. La política se hace sin ruido. Las nuevas tecnologías permiten hacer Skype, Zoom, Teams... y esto no tiene coste asociado, y las actividades que no tienen coste asociado no se pueden imputar", ha detallado.
Esta semana el Departamento que lidera Alsina empezará a trabajar en las resoluciones del Tribunal de Cuentas, teniendo muy presente que en el pasado este órgano ha imputado eventos que tenían una "temática" vinculada al plan rupturista de los sucesivos gobiernos de la Generalitat así como la participación de "ponentes" que se habían posicionado a favor del procés.
Como informó este medio, la Generalitat llegó a pagar 5.000 euros a una consultora belga por unos informes para un eventual ejército catalán. Y todas los eventos, viajes, elaboración de informes, etc. de los años que duró el procés se han han mirado con lupa por parte del Tribunal de Cuentas.
La consejera, quien también fue delegada al exterior de la Generalitat, y la encargada de reabrir la 'embajada' catalana en Estados Unidos y Canadá tras la intervención de la autonomía mediante el artículo 155 de la Constitución, tendrá una agenda pública y otra privada.
Según ha explicado, su Departamento hará público en su web de transparencia todos los gastos asociados y será "información pública" que se pueda revisar. No obstante, ha abundado en su experiencia al frente de la delegación catalana en América del norte para explicar cómo muchas reuniones a puerta cerrada sirven para explicar, sin injerencias del Estado, el "conflicto" catalán a sus interlocutores.
En 2017, Oriol Junqueras, entonces vicepresidente de la Generalitat, se reunió en Miami con el alcalde, Tomás Regalado. Aunque el motivo público del encuentro fue para hablar del turismo de crucero tanto en Barcelona como en la ciudad de Florida, sirvió para que el líder de ERC explicara al dirigente del Partido Republicano la intención que tenían de celebrar un referéndum de secesión en Cataluña ese mismo año.
Frente contable
El Tribunal de Cuentas debe todavía comunicar la parte que afecta a las delegaciones de la Generalitat en el extranjero y también lo que afecta al Departamento de Exteriores. Todo ello podría alcanzar una cifra económica mucho mayor que los cuatro millones y medio que se cuestionan de la actividad llevada a cabo por el Diplocat.
En este sentido, Alsina no está dispuesta a que se ponga en riesgo el patrimonio de muchos trabajadores de su Departamento. La nueva 'consellera' deberá hacer equilibrios entre la promoción -legítima- de Cataluña y la continuidad del procés en el exterior que han suscrito ERC y Junts en su pacto de gobierno.
Aunque el procés, tal y como se entendió en 2017, está desactivado tras la fallida declaración unilateral de independencia y la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba por sedición a los líderes y activistas del 1-O, los sectores más cercanos a Carles Puigdemont empujan por mantenerlo por otras vías, y con la consejería de Acción Exterior -en manos de Junts- y el Consell per la República como puntales para crear alianzas internacionales.
Sin embargo, es difícil que Alsina suscriba este plan: "No tiene peso orgánico en el partido, y Junts no ha diseñado la estrategia de la desobediencia. De momento, la estrategia se limita a proteger de la represión a los cargos del partidos", concluye una fuente de Junts.
