La Audiencia de Barcelona ha planteado a las partes de la macrocausa por los preparativos del 1-O, en la que están procesados una treintena de ex altos cargos del Govern de Carles Puigdemont y empresarios, si creen que el caso es amnistiable o si se deben elevar dudas al Constitucional o a la justicia europea.
En una providencia, la sección 21 de la Audiencia de Barcelona pide a la Fiscalía y al resto de las partes que en cinco días le entreguen un informe detallando si se debe amnistiar a los procesados en esta causa, la primera que se abrió sobre el procés y que fue la que propició el registro en la consellería de Economía los días previos al 1-O de 2017.
Paralelamente, la Audiencia también pide a la Fiscalía y al resto de partes que, en un plazo de diez días, informen sobre la pertinencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley de amnistía, ante el Tribunal Constitucional, o de formular cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La Audiencia de Barcelona ha tomado esta decisión después de que la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona dejó el pasado 14 de junio en sus manos la decisión de amnistiar a la treintena de empresarios y ex altos cargos que integraban el "sottogoverno" (gobierno en la sombra) de Carles Puigdemont, procesados entre otros por el delito de malversación.
Se trata de la primera causa judicial que se abrió, hace siete años, para evitar el 1-O y por la que el primer juez que llevó el caso -ya fallecido-, ordenó el registro de la sede de la consellería de Economía -liderada entonces por Oriol Junqueras-, días antes del referéndum. Miles de independentistas se concentraron el 20 de septiembre de 2017 frente a la consellería de Economía contra el registro de la Guardia Civil, en una protesta que duró horas y que sirvió de base al Supremo para condenar a los líderes del procés por un delito de sedición.
Por esta causa, la Audiencia de Barcelona confirmó en abril de 2021 el procesamiento de una treintena de empresarios y cargos del Govern por los delitos de malversación, desobediencia, falsedad documental y prevaricación, por los preparativos y la logística del 1-O, desde la propaganda del referéndum al reclutamiento de los voluntarios y observadores internacionales o la impresión y reparto del material electoral
