Los políticos separatistas presos se enfrentan esa semana al juicio del 1-O. Oriol Junqueras y Raül Romeva han hecho escritos defensa en los que afirman que son "pacifistas" y "demócratas", motivo por el que piden su absolución.
Según el texto, recogido por TV3, "la presunción de inocencia ha sido destruida a través de una campaña de criminalización de los investigados y posteriormente acusados efectuadas desde instancias oficiales del poder político, judicial o de la Fiscalía”.
"Son demócratas y pacifistas"
La defensa ha esgrimido, además, que ni Junqueras ni Romeva deberían proseguir en prisión ya que se vulneran sus derechos de defensa, al tiempo que han pedido que el juicio se instruya desde Barcelona, siendo el Supremo el encargado de la investigación. El abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, pedirá en el juicio la absolución de ambos, pese a que fueron los ejecutores de la consulta separatista ilegal del 1-O. En el escrito, ambos exconsejeros de la Generalitat niegan cometer delitos de rebelión, sedición y malversación de dinero público, motivo por el que exigen al Tribunal Supremo su absolución.
En su alegato ante el Alto Tribunal y pese a estar en la cúpula de la Generalitat, no ha lugar a un supuesto delito de sedición porque defendieron "derechos fundamentales básicos", pese a pasar por alto la sentencia del Tribunal Constitucional, que había prohibido expresamente el referéndum ilegal. En cuanto a la malversación, han afirmado que ningún acto cometido por autoridad de sufragar de forma ilícita gastos contrarios al deber de fidelidad a la custodia de fondos públicos”.
Defensores del diálogo
En el documento se ha asegurado que tanto Romeva como Junqueras defendieron el diálogo en todo momento. No obstante, pese a las órdenes del TC, la Generalitat llevó a cabo la consulta, hecho que reconocen en su propio escrito.
El referéndum ilegal, según el escrito, habría servido de excusa al Estado para atacar al movimiento separatista. En este sentido, han cargado contra la secretaria judicial del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que tuvo que salir por la azotea de la Consejería de Economía ante el asedio de los separatistas a finales de septiembre del 2017, motivo por el que están en prisión preventiva los dos Jordis, presidentes de las plataformas ANC y Òmnium Cultural.
Asimismo, han afirmado que la Policía Nacional como la Guardia Civil se centraron “en generar imágenes de violencia inusitadas que pudieran atemorizar los votantes e impedir su participación”. Sin embargo, las imágenes muestran un todo terreno destrozado, que sirvió después a un periodista de TV3 para sacarse la foto de rigor.
Por otro lado, el TC se lleva su parte al ser tildado de provocador. Según la defensa, este Tribunal provocó una situación inaudita, criminalizando el debate, pese a que se prohibió realizar el referéndum ilegal. En este sentido, han definido al TC como un órgano "censor".
