El Ayuntamiento de Sant Julià de Ramis, gobernado por ERC, celebrará el próximo 1 de octubre una consulta para preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo con que el consistorio liquide los impuestos a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) y ejercer así la "soberanía fiscal". Desde hace tres años que la localidad organiza votaciones de esta naturaleza como una forma de reivindicar el legado del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 sobre la secesión de Cataluña.
En la votación están llamados a participar todas las personas mayores de 16 años y que están empadronadas en el municipio. Se podrá efectuar el voto desde las cuatro de la tarde hasta las ocho en el pabellón municipal, y el resultado será vinculante. En caso de que gane el sí, el proceso de pago a través de la Hacienda regional se hará efectivo en el primer trimestre del 2022.
Se trata de una forma para que el municipalismo independentista pueda seguir exhibiendo músculo en un momento en el que el Gobierno de la Generalitat ha aparcado nuevos pulsos a la legalidad y en la que la entidad de referencia, la Associació de Municipis per la Indepèndencia (AMI), está bajo mínimos, con la mitad de los ayuntamientos inscritos que han dejado de pagar la cuota.
El pabellón de Sant Julià de Ramis fue, además, uno de los focos de la actuación policial del referéndum del 1-O de 2017 dado que era el lugar en el que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tenía que votar, pero finalmente lo hizo en Cornellà de Terri (Girona).
El equipo de gobierno cuenta con el apoyo de la Assemblea Nacional Catalana y su campaña Jo pago a Catalunya (Yo pago en Cataluña, en castellano) con la que buscan desde hace tiempo animar a los catalanes a pagar todos los impuestos, también los estatales, en la Hacienda catalana.
Sin embargo, y pese a que la ANC ve la ATC como "una estructura de Estado" se trata de un procedimiento que no convence ni siquiera a los más independentistas: como desveló Vozpópuli, solo 98 personas han pagado el IVA -hasta el tercer trimestre- y el IRPF de 2020 a través de la Agencia catalana.
Al ser un trámite doble, la mayoría opta por dirigirse directamente a la Hacienda española. Los datos desde 2018 reflejan además que, año tras año, cada vez menos contribuyentes se han animado a hacer este trámite intermedio: en 2018 hubo 192 catalanes que pagaron a través de la Hacienda catalana. En 2019, fueron menos: 143 personas.
En el caso de Sant Julià de Ramis sería el propio ayuntamiento quien se encargaría de hacer este paso doble y no afectaría a la rutina de sus habitantes. El procedimiento que estableció en su momento el Gobierno de la Generalitat durante los años más álgidos del procés facilitó a los que quisieran hacerlo usar un depósito bancario -presencialmente o por internet- con un plazo anticipado de diez días a la finalización de los términos fiscales para hacer el ingreso. Posteriormente, la Hacienda autonómica hace el pago a la Agencia Tributaria Estatal en nombre del contribuyente.
El objetivo de la ANC
El objetivo es disponer de un registro de patriotas fiscales ante el eventual escenario de que se lleve a cabo una insumisión fiscal al Estado después de una nueva declaración de independencia. Y, en la etapa actual, concienciar a los catalanes de la importancia de las instituciones propias, como la Hacienda catalana.
Asimismo, en el primer encuentro que la ANC mantuvo con el consejero de Economía, Jaume Giró, ya le transmitieron la necesidad de facilitar que la administración y las empresas públicas paguen sus impuestos a la Hacienda catalana y simplificar los mecanismos para ejercer la soberanía fiscal tanto a las personas como a las empresas".
Una treintena de consistorios, entre los cuales se encuentran Torelló, Arbúcies, Falset, Prats de Lluçanès, Igualada, Alella, Calella, Campdevànol o Vic, han emprendido iniciativas similares en coordinación con la ANC. De hecho, en la práctica totalidad son entes públicos catalanes -y no personas físicas- las que más se han comprometido a pagar los impuestos estatales a través de la ATC.
El coordinador territorial de la ANC en Sant Julià de Ramis, Jaume Casamitjana, y organizador principal de la votación del proxómo 1 de octubre aseguró en rueda de prensa que "si la mayoría de ayuntamientos pagaran sus impuestos a la ATC, cuando llegara el momento necesario, la Generalitat tendría a disposición este dinero". E instó a la ciudadanía a que si querían "lograr la independencia" se requerían de "acciones" a "título individual" como la de "ejercer la soberanía fiscal".
