Las políticas lingüísticas nacionalistas siguen originando controversias. En este caso, la polémica se ha desatado en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), donde el consistorio —en manos de Junts— puso en marcha la semana pasada un buzón virtual en su página web para que los ciudadanos catalanohablantes pudieran relatar casos en los que hubieran visto “vulnerados” sus derechos lingüísticos. Según la 'consellera’'de Política Lingüística, Núria Fernández, esta herramienta tenía como objetivo "protegerá la lengua catalana de abusos y garantizar los derechos lingüísticos de los catalanohablantes". También explicó que, una vez recibidas las denuncias, el consistorio se pondría en contacto con las personas, colectivos o empresas señaladas para instarles a rectificar a través del "diálogo y la concienciación".

La iniciativa no es nueva: el pasado septiembre el ayuntamiento de Manresa inauguró un buzón de características para convertir a la ciudad en "capital lingüística" y, el julio pasado, hizo lo propio el consistorio de Vic. En el caso de Sant Cugat, la oposición constitucionalista no ha tardado en reaccionar, demandando el viernes el PP de la localidad su retirada por constituir una "clara vulneración de las libertades individuales y empresariales, fomentando la delación y la confrontación entre los ciudadanos". Asimismo, también advirtieron que iniciativas semejantes podrían tener un "impacto negativo en el tejido comercial" ya que podrían disuadir a emprendedores y comerciantes de establecerse en la ciudad.

Pero la controversia no terminó allí, y esta semana la entidad constitucionalista Convivencia Cívica Catalana ha iniciado los trámites para presentar una demanda cotra el consistorio de Sant Cugat por la ya conocida como “bustia del català”. “Hemos enviado un requerimiento al Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés para que retire el infame buzón de denuncias "del catalán" en el plazo de 10 días”, ha anunciado el presidente de CCC, Ángel Escolano. Y ha añadido: “Si no lo hace, interpondremos la correspondiente demanda ante los Juzgados de lo Contencioso. Los ayuntamientos democráticos no funcionan como los CDR".

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