La Justicia catalana retrasa el juicio de Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y será juzgado los días 26 y 27 de septiembre en la Audiencia de Barcelona por presunta malversación y prevaricación por un viaje efectuado a Nueva Caledonia en 2018.
Como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) este miércoles, la sección Quinta de la Audiencia ha cambiado la fecha del juicio porque coincidía con otro juicio contra la libertad sexual, suspendido en varias ocasiones, y en el que está implicada una víctima con discapacidad.
La 'mano derecha' de Puigdemont y miembro de su cúpula más cercana en la base de Waterloo tiene más tiempo para preparar su juicio con esta reprogramación, que además llega en un momento donde su salud atraviesa un bache. Alay sufrió un ictus la semana pasada de la que se sigue recuperando.
Su nombre está en plena actualidad. Alay está también investigado por el 'caso Volhov' sobre el supuesto apoyo de Rusia al 'procés' y la semana pasada el abogado Gonzalo Boye presentó un escrito en el que, en nombre de Alay, planteó la recusación del titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, por su "falta de imparcialidad" y la "grosería" en sus interrogatorios por el 'caso Volhov'.
La vista que se celebrará en septiembre tiene lugar por un escrito de la Fiscalía en el que da indicios sobre el pago de fondos públicos de algunas actividades de líderes secesionistas, entre los que está el viaje de Alay a Nueva Caledonia para ejercer como "observador del referéndum de autodeterminación del Estado francés".
Un viaje personal sufragado por Presidencia
En su escrito, la juez instructora envió el caso a juicio requiriendo a Alay un aporte de 4.732 euros como fianza que se le reclaman. Según sostuvo en 2021 la Fiscalía en su escrito de acusación, presentado ante el Juzgado de Instrucción número 28 de Barcelona, Alay contrató en octubre de 2018 el vuelo a Nueva Caledonia "abusando" de su condición de responsable de la Oficina de Puigdemont, "excediéndose en sus funciones" y "apartándose de su obligación de servir a intereses generales propios de la administración pública".
El vuelo, añade el escrito, lo contrató Alay tras recibir una invitación a su nombre de la Unidad de Relaciones Externas del Frente de Liberación Nacional Canaco y Socialista de Nueva Caledonia (FLNKS), para que participara en la promoción del proyecto soberanista de esa formación la semana previa al referéndum de independencia de Francia, que perdieron los independentistas. La magistrada recalcó que se trataba de un viaje personal sufragado por el Departamento de Presidencia.
Los gastos derivados del viaje fueron autorizados por Masó y, tras su fiscalización por parte de la Intervención, fueron asumidos por el Departamento de Presidencia, que pagó el vuelo a la agencia de viajes y el resto de facturas "directamente" al acusado, quien según la Fiscalía consiguió así "un claro
