El nuevo Gobierno de la Generalitat, con Pere Aragonès al frente, está en riesgo de incurrir en su primera desobediencia. La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obliga, en su parte dispositiva, a que los exámenes de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) estén disponibles en las “tres lenguas cooficiales” y que se ofrezca “de forma individual al alumno la opción de escogerlos en el idioma oficial que se estime”.
Sin embargo, y como ha podido saber Vozpópuli, se ha detectado que en distintos tribunales de las aulas donde se celebran las pruebas siguen preguntando a los alumnos de forma colectiva si quieren el examen en lengua catalana o castellana. Con carácter general, una de las fórmulas que se utiliza es que los alumnos deban “alzar la mano” si les “va bien recibirla” en catalán o si “la necesitan” en castellano. Otros tribunales de la PAU preguntaban directamente si les “iba bien recibir en catalán los exámenes de las materias que no son de lengua”.
Las cautelarísimas de la Justicia catalana explicitan que la lengua “no puede venir determinada por la Administración” y que se deben entregar los exámenes en los tres idiomas cooficiales. Se trata, en definitiva, de que un estudiante pueda elegir libre de presiones y sin ser señalado por ello.
Catalán por defecto
Según las fuentes jurídicas consultadas, el hecho de obligar a alzar el brazo o de orientar el enunciado a favor del catalán es mantener el mismo espíritu de la normativa tumbada. Es decir, establecer el catalán por defecto: “Están procediendo de igual manera que dictaba la norma tumbada, es decir, ofreciendo por defecto las pruebas en catalán y obligando a significarse a la contra a quien desee las pruebas en castellano”.
La instrucción de la Consellería de Investigación y Universidades a los profesores de los tribunales de la PAU instándoles a "repartir primero los enunciados de examen en catalán y, solo si algún alumno lo pide, darle la versión en castellano” fue recurrida por la Asamblea por una Escuela Bilingue (AEB). Curiosamente, y como bien refleja el TSJC en su resolución, la Generalitat también se olvida del aranés.
La consellera amaga con la desobediencia
El TSJC también requiere que sea el presidente y secretario del Consell Interuniversitari de Cataluña quien se encargue de que se ejecute lo acordado en la resolución. No obstante, cada tribunal ha resuelto las cautelarísimas del TSJC a su manera, sin un responsable ejecutivo que ejerciera sus funciones como señalaba la resolución judicial y, a tenor de las fórmulas halladas para preguntar a los alumnos, podrían incurrir en una nueva desobediencia.
La posición de la Generalitat así como del Síndic de Greuges es que se amparan en la utilización preferente del catalán en la escuela como lengua de comunicación con los estudiantes. Y hoy han comunicado que de los más de 5.000 alumnos que realizan las pruebas, solo 67 estudiantes han pedido hacerlas en castellano.
El hecho de que la consejera de Investigación y Universidades, Gemma Geis, afirmara que “no se iban a tocar” las pruebas de la PAU después de que el TSJC suspendiera parte de las instrucciones se ve, por parte de la AEB, como una “voluntad de incumplir”. En esta línea, otras entidades, como Hablamos Español, también se han movilizado y ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares para que la libre elección de idioma se cumpla en otras comunidades autónomas.
